La Unidad de Delitos Relativos a la Niñez, Adolescencia y la Mujer, de la Fiscalía General de la República (FGR) en San Francisco Gotera, departamento de Morazán ordenó enviar a prisión a provisional a Mártire Adalberto Hernández Pereira, agresor sexual de una niña de 12 años.
El uno de abril de este año, la FGR confirmó la captura del victimario, de 27 años de edad y su madre, Blanca Pereira Hernández de 46 años, quien es acusada por ser cómplice del hecho, por cometer la violación en noviembre de 2015. La niña, abusada por Mí rtire, se encuentra en estado de embarazo debido a la agresión sexual.
La FGR informó que Blanca Pereira, madre del agresor, será procesada judicialmente en libertad por encubrimiento y cumplirá medidas sustitutivas a la detención, entre ellas, no salir del país, no acercarse a la víctima y presentarse cada 15 días al Juzgado de Instrucción.
El imputado, además, tiene antecedentes penales por haber cumplido en 2014 una pena de ocho años de cárcel por el delito de extorsión. Meses después de haber salido de prisión comenzó acosar sexualmente a la menor a la edad, quién en ese entonces tenía de 10 años.
Según un estudio realizado por la Fundación Educación y Cooperación (EDUCO) junto a Aldeas Infantiles SOS El Salvador, entre las condiciones que tienen sometidas a la niñez y adolescencia salvadoreña, “es el abuso sexual por parte de pandilleros u otros y que cómo resultado las niñas estén embarazadas”.
Según sus datos oficiales, en el país cada tres horas una niña, niño o adolescente es víctima de una agresión sexual. La amenaza sexual, según revela el estudio, decrece cuando el adolescente cumple los 20 años de edad.
“Lo anterior significa que es el grupo de niñas, niños y adolescentes entre los cero y 19 años de edad quienes enfrentan el mayor riesgo de agresión, y entre estos los más expuestos son los que tienen entre 10 y 17 años”, demuestra la investigación.
Asimismo aseguran que, según evidencia testimonial, se demuestra que los contextos donde suceden las agresiones sexuales son aquellos donde se supone que las condiciones deben ser de protección, como: escuelas, el hogar y la comunidad.
De enero a agosto de 2015, la PNC registró un total de 1.123 denuncia por violación sexual en niñas y adolescentes. Los departamentos con más casos reportados fueron La Unión, La Libertad, San Miguel y Cabañas.
