La exvicepresidenta de El Salvador (2004-2009) y actual diputada partido ARENA, Ana Vilma de Escobar, es investigada por la justicia local por presunto enriquecimiento ilícito. El delito habría tenido lugar durante sus funciones en el gobierno de Elías Antonio Saca, quien en la actualidad se encuentra en prisión por un presunto y escandaloso peculado y lavado de dinero de un monto de $246 millones de dólares, informó una fuente oficial.
De Escobar, junto a Saca, son cuestionados por la justicia salvadoreña junto a 76 funcionarios y exfuncionarios más que se indagan en la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por presuntos hechos irregulares en sus declaraciones patrimoniales, según informó el magistrado de la Sala de lo Constitucional de la CSJ, Rodolfo González.
"La investigación fue autorizada por la Corte Suprema de Justicia por su calidad de exfuncionaria, como vicepresidenta del periodo 2004-2009", detalló González a medios de prensa locales.
Asimismo explicó que como Probidad ha solicitado informes del sistema financiero, de registro de armas, vehículos, propiedades, así como movimientos en migración, entre otros aspectos por investigar.
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Por su parte de Escobar, expresa que "no tiene ningún problema de que le investiguen su patrimonio", y añadió que "sus ingresos no sólo provienen de sus actividades políticas sino también de los ingresos que tiene su esposo, Carlos Patricio Escobar, quien durante 40 años ha sido vicepresidente del Grupo Poma", un poderoso grupo económico de El Salvador.
Junto a Saca también están detenidos otros tres exfuncionarios que tenían rango de ministros en su gobierno, así como tres contadores. Su esposa, Ana Ligia de Saca, está siendo procesada en libertad bajo fianza, junto a una red de personas, entre los que destacan varios publicistas por el delito de lavado de dinero.
De acuerdo a la FGR, con las últimas acusaciones, suma 23 las personas implicadas en peculado, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito en el denominado "Caso Saca", un hecho de "los más escandalosos de manipulación del erario nacional", según sostuvo el magistrado de la CSJ, Sidney Blanco.
Durante el año 2016, fueron 12 los exfuncionarios enviados a juicio civil por presunto Enriquecimiento Ilícito.
La exvicepresidenta es señalada también por administrar, presuntamente de forma irregular, el Fideicomiso Especial para la Creación de Empleos en Sectores Estratégicos (FECEPE), organismo creado durante la presidencia Saca y en el que administró más de 37 millones de dólares que servirían para incentivar la inversión privada y la generación de empleos.
