EEUU extiende TPS a 2025 por prevalencia de desastres ambientales. Dice que las asociaciones con pandillas no paran, pese a la reducción del 75% de homicidios en 2023 y a su encarcelamiento, porque no elimina la pobreza. No dice que EEUU es la potencia mundial, con PIB de $20,5 billones, donde nació y crece la MS 13 y la Mara 18.
Por Alessia Genoves
EEUU extiende el Tratado de Protección Fronterizo (TPS) para El Salvador. El hecho ha sido oficializado en el Diario Oficial de los Estados Unidos, en una misiva divulgada por el Registro Federal. El plazo de vigencia que otorga la autoridad migratoria es de al menos 8 meses, y finaliza hasta el 9 de marzo del año 2025. Ello daría la oportunidad a los migrantes, de origen salvadoreño, de justificar y formalizar su estatus migratorio, que hasta el mes de julio enumeraba, en todo el territorio estadounidense, a unos 32,138 irregulares.
Antony Blinken, el representante de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, celebró la suscripción del tratado durante la Misión de Trabajo celebrada con en la fecha del 7 de agosto de 2023. El secretario fue recibido con la titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill Tinoco, para desarrollar el proceso de antesala, que se hace patente ahora en el Diario Oficial. En aquella reunión, la ministra reconoció el descenso del 42.87% del flujo migratorio irregular (al mes de julio), en relación al registro de los 56,257 en la misma fecha de 2022.
“El Salvador, que ahora es reconocido internacionalmente, con cifras verificables, como el país más seguro de América Latina. La violencia, la extorsión, la criminalidad son ahora cosas del pasado”, se cita en el discurso de la ministra Hill. La aseveración puede constarse en los registros oficiales de homicidios intencionados, divulgados por la Policía Nacional Civil (PNC), que hacen notar que a la fecha del 6 de septiembre se registran 102 homicidios de esa naturaleza; una contracción del 75.7% respecto de los 421 registrados en la misma fecha del año 2022.
ContraPunto ha consultado el Diario Oficial de EEUU, para conocer los detalles que preceden a la decisión suscrita entre el país del norte con El Salvador. La respuesta se encuentra en el apartado de la misiva, que busca responder a la premisa “¿por qué el Secretario extiende la designación del TPS para El Salvador por 18 meses hasta el 9 de marzo de 2025?”. Pero la respuesta, en primer término, responde a que los “desastres ambientales permanecen”.
Por otra parte, en el documento se reconoce la reducción en las cifras de homicidios. Pero éste punto daría a controversias. En primero lugar, la institución detalla que la reducción de homicidios es atribuída, por el gobierno, al establecimiento del Plan Control Territorial (PCT) como al Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales, que, como se ha mencionado, ha conseguido la reducción del 75.5% de homicidios intencionados; mientras que la relación entre los homicidios intencionados que se registraron al cierre del año fiscal 2022 dejó un registro de 495 homicidios intencionados frente a los 2,398 identificados al cierre del año fiscal 2019. Ello deduce una contracción del 79%.
Sin embargo, el informe de acreditación migratoria le da la palabra a organizaciones sociales que han llegado a registrar hasta 4,972 denuncias sobre presuntas vulneraciones a derechos humanos, por situaciones como las detenciones arbitrarias. Entre otras cosas, cita las autoridades han cambiado “lo que cuenta como homicidio”, que no detalla que las cifras divulgadas por la PNC son re “homicidios intencionados”, y no los de otra naturaleza, que también son divulgadas públicamente. Refiere, además, que en el transcurso de los primeros meses de vigencia se hallarían “supuestas fosas clandestinas”, de las que no especifican su origen temporal. Asume, por otra parte, que “es cada vez más difícil acceder a las estadísticas oficiales” por lo que se inclinan en el supuesto de que el gobierno y los terrortistas habrían tenido “un pacto encubierto”, que no ha sido demostrado fehacientemente ni judicializado.
Maras y pandillas justificaban las condiciones migratorias en el pasado, según lo reconoce la institución. La realidad era más común en las décadas en las que los reportes de homicidios intencionados eran mucho mayores a los actuales. Sin embargo, vuelve a darle la palabra a los actores denunciantes de presuntas vulneraciones a derechos humanos que asumen que “Bukele no ha logrado abordar las causas fundamentales de la pertenencia a pandillas, incluidas la pobreza y la inseguridad, que se ven exacerbadas por los persistentes efectos de grandes desastres ambientales”.
Sin embargo, omite que es Estados Unidos en país en que la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 tuvieron origen, así como agrupaciones Neo-nazis, los Latin Kings y mafias de supremacía africana. En la actualidad, éstas pandillas persisten, aunque Estados Unidos sea la potencia que encabeza las naciones del mundo. Y aunque el discurso se avoca a que la pertenencia a las pandillas responde a las condiciones estructurales arraigadas a la pobreza, las pandillas en Estados Unidos, que han tenido retornos numerosos a El Salvador, siguen creciendo en el país del norte que reportó, hasta 2019, un Producto Interno Bruto (PIB) de más de $20,5 billones USD.
EEUU justifica la extensión de los beneficios migratorios, con ésta narrativa: “si bien se han logrado avances en la reparación de los daños causados por los terremotos de 2001, El Salvador continúa experimentando numerosos desastres naturales que alteran significativamente las condiciones de vida y afectan negativamente su capacidad para manejar adecuadamente el regreso de aquellos a quienes se les concedió el TPS. Un entorno macro–económico débil, una alta tasa de desempleo, violencia y una mala situación de seguridad impactan negativamente la capacidad del país para recuperarse completamente y continúan haciendo que el país sea temporalmente incapaz de manejar adecuadamente el regreso de sus nacionales”.
Estados Unidos establece una serie de condiciones que los migrantes salvadoreños deben cumplir para poder acceder al beneficio migratorio del Estatus de Protección Temporal (TPS). En primer lugar, el solicitante debe demostrar que es un nacional de El Salvador o una persona sin nacionalidad que residía habitualmente en El Salvador. También debe demostrar que ha estado físicamente presente y residiendo de forma continua en Estados Unidos desde el 9 de marzo de 2001 hasta el presente.
Además, el migrante no puede tener condenas penales que lo inhabiliten, como delitos graves o múltiples delitos menores. Tampoco puede suponer una amenaza a la seguridad nacional o la seguridad pública. Asimismo, debe pasar controles biométricos y de antecedentes penales. El solicitante debe llenar y presentar el Formulario I-821 dentro del periodo especificado, junto con la documentación de respaldo requerida. También debe pagar la tarifa por servicio biométrico o solicitar una exención. En algunos casos, se debe presentar el Formulario I-765 para solicitar un permiso de trabajo.
El gobierno de EEUU realiza una revisión de cada caso para determinar si el solicitante cumple con los criterios. Si se aprueba la solicitud, se otorga el TPS por un periodo definido. El beneficiario debe volver a solicitarlo en cada periodo de reinscripción establecido.
Para poder acceder a los beneficios del TPS, los migrantes salvadoreños deben pagar ciertas tarifas, a menos que soliciten una exención por no poder cubrirlas. La tarifa más importante es por el servicio biométrico, la cual deben pagar todos los solicitantes mayores de 14 años. Esta tarifa en la actualidad es de $85 dólares y sirve para cubrir la toma de huellas digitales y fotografía.
Si el solicitante también desea un permiso de trabajo, debe llenar y presentar el Formulario I-765. La tarifa por este formulario es de $410 dólares. En el caso de querer solicitar un documento de viaje, se debe llenar y presentar el Formulario I-131, cuya tarifa actual es de $580 dólares.
Todas estas tarifas se pagan al momento de presentar los formularios correspondientes ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés). Los pagos se pueden realizar mediante giro postal, cheque personal, tarjeta de crédito o débito. Si el solicitante no puede pagar alguna de las tarifas, puede llenar el Formulario I-912 para solicitar una exención de tarifas ante el USCIS. Deberá incluir evidencia que demuestre su incapacidad para pagar.