El Caso Corruptela (octubre 2018), que llevó a condenar al exfiscal general Luis Martínez por actos de corrupción, descansó en buena parte sobre las revelaciones de los testigos criteriados. Estas son personas que han participado en un delito y aceptan confesar, así como delatar a otros sospechosos, a cambio de una sanción más flexible y un régimen especial de protección durante el proceso.
Los testigos criteriados que alimentaron el caso continuaron trabajando en la Fiscalía General de la República (FGR), una vez el caso había llegado a la etapa de sentencia. Unos eran empleados administrativos, y otros, dedicados a tareas más tácticas o estratégicas. En tanto, Martínez fue a prisión y los otros dos imputados, Mauricio Funes (expresidente, 2009-2014) y Enrique Rais (empresario) estaban fuera del país y se consideran prófugos.
Pero ahora, estos testigos que gozaban del régimen de criteriados ya no quieren mantenerse en esa condición, porque aseguran que no cometieron ningún delito: más bien, los obligaron a admitir que lo habían hecho. Fue así que, en mayo de este año, la FGR abrió una investigación para determinar si hubo coacción para que estas personas confesaran para el Caso Corruptela.
La causa de estos testigos avanzó. El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador admitió este miércoles la petición que hicieron para que se les permita renunciar a la condición especial de criteriados y así pasar a un proceso ordinario (como cualquier otro testigo, u otro imputado). La defensa que los representa alega que estos testigos fueron presionados para admitir delitos que no cometieron y testificar.
El Caso Corruptela, en particular, lo lideró el exfiscal general sucesor de Martínez: Douglas Meléndez (2016-2019). De hecho, Meléndez es uno de los señalados de estar vinculado con estas coacciones dentro del caso.
De acuerdo con el abogado defensor de la causa, René Alirio Ayala, son seis testigos criteriados los que pidieron renunciar a sus beneficios, basándose en el hecho de que no cometieron ningún delito. El segundo argumento es que fueron sometidos a un “proceso atropellado y viciado” por parte de la FGR.
El Caso Corruptela trata sobre una red fraudulenta que funcionaba en el interior de la Fiscalía que dirigió Martínez. Los delitos van desde cohecho, agrupación ilícita, hasta lavado de dinero. De los involucrados, solo Martínez está en prisión. Funes vive en Nicaragua con su familia, bajo la figura de asilo político y Rais sigue prófugo.
“Fue un proceso atropellado, fue un proceso viciado, con violaciones a los derechos y garantías elementales de todo ciudadano sometido a un proceso de investigación por parte de la Fiscalía General de la República. La señora jueza tuvo a bien aceptar nuestra petición”, denunció Ayala.
Por otra parte, el jurista cuestionó que la Fiscalía intentara continuar el proceso inmediatamente durante la audiencia especial de este miércoles, ya que la misma estaba diseñada únicamente para resolver la petición de los testigos.
“La audiencia especial estaba diseñada para tratar únicamente el tema de la revocatoria del criterio de oportunidad. Pero hubo una sorpresa: la Fiscalía estaba queriendo que, en esta misma audiencia, la señora jueza continuara de forma automática el proceso en contra de ellos. Obviamente nos opusimos a eso y la Fiscalía tuvo un revés en esa solicitud sorpresiva. Esto demuestra que los procesos se manejan de una manera no justa, no apegada al debido proceso”, sentenció Ayala.
Asimismo, Ayala detalló que entre las ilegalidades que cometió la FGR durante el proceso, hay amenazas, interrogatorios que duraban hasta 10 horas en espacios no apropiados físicamente, como edificios que habían sido fumigados. En el proceso los obligaban a aceptar hechos que no habían cometido. “Esa fue una situación de estira y encoge”, añadió.
A raíz de la decisión de la jueza, los testigos pasarán a ser imputados en el caso. Una situación que la defensa ha asumido, pues considera que las condiciones en las que se les concedió el criterio de oportunidad a los acusados no fueron apropiadas.
Según las investigaciones, Funes, Rais y otros exfuncionarios habrían pagado dinero en efectivo y otras dádivas al exfiscal Luis Martínez a cambio de no ser investigado en casos emblemáticos de presunta corrupción como El Chaparral y la Tregua entre pandillas.
