Mujer transexual fue arrastrada por una camioneta negra, hasta fallecer por las fracturas en calle. FGR y PNC incriminan a Juan Carlos Hernández Vázquez, con videos y pruebas de su recorrido.
ContraPunto consultó con la representación fiscal, desde la fase de instrucción, y ésta negó que fuera juzgada por el agravante “odio” hacia su “identidad o expresión de género” (art. 129, num 11, Cód. Penal). Detalló que no contarían con los elementos de prueba psico-métricos que establezcan su vinculación.
Por Alessia Genoves
Llevaban colgando “la mitad de su cuerpo dentro del automotor”. Fue arrastrada a “varios metros”, hasta ser lanzada al suelo. Traumas en su cuello y fracturas en la columna causaron su muerte. La víctima fue identificada como Anahí Miranda Rivas, una mujer transexual de la ciudad capital.
Juan Carlos Hernández es el principal sospechoso. Transcurrió más de un año para que fuera sometido por las autoridades de justicia. Los hallazgos de las investigaciones fiscales han establecido vinculaciones directas con el sospechoso. El automotor que conducía; su dispositivo celular y su recorrido durante la noche del pasado 27 de octubre de 2019 son coincidentes con el paradero de Miranda Rivas.
Hechos
El conductor de una camioneta negra se aproximó a Miranda Rivas, para sostener una conversación. La visita se prolongó durante apenas unos 7 minutos, desde las 3:45 am. “Un cliente del servicio sexual”, era la percepción de Anahí hacia el transeúnte, según lo detalló la representación fiscal del caso a ContraPunto, tras la apertura de la audiencia inicial de la fase de instrucción.
Miranda Rivas fue desplazada, y colgaba “con la mitad de su cuerpo adentro de la camioneta”. Los segundos transcurrieron, y el conductor “acelera, la lleva guindada 435 metros y la lanza”. Posteriormente, “la víctima cae en el camellón central” de uno de los carriles del Bulevar de los Héroes.
Tras ser arrojada, perdió la vida. Los resultados inmediatos de la autopsia determinaron que Miranda Rivas murió a causa de “traumas en el cuello y fracturas en la región cervical”.
Hallazgos
Tres personas testificaron los hechos a las autoridades, siendo el sustento de la versión inicial de la representación fiscal. Han participado en el caso bajo un régimen de protección, con las claves Andy, amiga de la fallecida; Octubre, testigo del ahorcamiento y Jueves, quien observó el cuerpo sin vida en la carretera.
Sus declaraciones fueron contrastadas con los resultados de las pericias documentales, videográficas y de geolocalización que los peritos rindieron en juicio ésta tarde. Detallaron las autoridades del Centro Judicial Isitro Menéndez, que los testigos “son parte de la Policía Nacional Civil (PNC), entre ellos especialistas en el análisis de videos”.
La fiscalía observó que el vehículo que transportaba el incoado pertenece a su hermano, dato que constató en la reconstrucción de un árbol genealógico. También identificó que el desplazamiento del vehículo coincidiría con la escena de los hechos, al ser rastreado a través del teléfono que el acusado utilizaba. Su pertenencia con el dispositivo celular fue confirmada.
También constató el recorrido de Juan Carlos, a través de las cámaras de seguridad argus de la alcaldía de San Salvador; así como las de seguridad privadas de los establecimientos de las carreteras en conducción. Sugirió, además, la relación de la silueta de las imágenes obtenidas con la imagen corporal del acusado.
Un año de investigación concluyó con la detención formal de Hernández Vázquez, el pasado 19 de diciembre del año 2020. Los hallazgos implican al incoado con los delitos de “homicidio agravado”, con “alevosía, premeditación o con abuso de superioridad” (art. 129, nim. 3, Cód. Penal).
ContraPunto consultó con la representación fiscal, desde la fase de instrucción, y ésta negó que fuera juzgada por el agravante “odio” hacia su “identidad o expresión de género” (art. 129, num 11, Cód. Penal). Detalló que no contarían con los elementos de prueba psico-métricos que establezcan su vinculación.
Por otra parte, ya está transcurriendo el desfile testimonial de audiencia de sentencia, tras verse dilatado por más de un año. Hasta la fecha, la defensa del imputado sostiene la inocencia de su representado, alegando que su rostro no puede individualizarse en las imágenes de las pruebas video-gráficas.