Diversas organizaciones sociales se pronunciaron este martes en pro de un acuerdo fiscal “integral, justo, progresivo y participativo” que dé respuesta a los problemas estructurales que acarrea el país en esta materia. Para los activistas, la austeridad no es una solución al problema económico del país.
El economista de la Asociación para el Desarrollo Económico y Social de El Salvador, Centroamérica (ADESES), José Luis Magaña, plantea es que la actual crisis fiscal no hay que verla como un problema financiero de gastos e ingresos, sino como un problema que tiene su base en la forma que se concibe la política tributaria.
Según el especialista, la solución no es la austeridad y disciplina fiscal ya que está demostrado que esto tiene un impacto negativos en el crecimiento y en la distribución del ingreso.
“Una política progresiva tiene más impacto; que quienes tiene más paguen más. El incremento al salario mínimo se puede ver opacado por los recortes al subsidios como parte del paquete que pide FMI”, explica Magaña.
Remarcó que la solución debería orientarse a recortar los subsidios que se dan al gran capital y al esquema de incentivos fiscales que ronda los $900 millones de dólares. Además de combatir la evasión y elusión.
Alejandro Labrador, activista de la Plataforma Global de El Salvador, explica que la situación fiscal urge de la participación de la población salvadoreña para legitimar un acuerdo en base a propuestas técnicas e investigación de calidad.
Aseguró que tras hacer un sondeo, la plataforma concluyó que nueve de cada diez salvadoreños creen que el tema fiscal debería de abordarse de manera pública y transparente.
Entidades han reiterado desde hace varios días que hay medidas claves para afrontar la crisis como la reformas a la Ley de Turismo, Ley de Zonas Francas, Ley de Inversiones, Ley de Servicios Internacionales, Ley del IVA (eliminando la devolución del IVA a los exportadores) y otras.
De igual forma combatir eficiente y efectivamente la evasión tributaria, que supera los US$1 mil 500 millones de dólares según la UCA, US$1 mil 800 millones según OXFAM y US$2 mil 000 millones según el propio Ministerio de Hacienda.
También las organizaciones señalan que está pendiente la aprobación la Ley de Cobro Coactivo y las reformas penales necesarias para perseguir a los evasores y la implementación una reforma fiscal progresiva donde “paguen más quienes tienen más”.
El Gobierno salvadoreño ha tomado medidas de cara a la crisis fiscal que enfrenta. Una de ellas fue la refocalización de subsidios. E incluso, hace menos de un mes el ministro de Hacienda, Carlos Careces, indicó que el subsidio que se da a los empresarios del transporte público debía eliminarse.
Cáceres aseguró que ese dinero tendría mejor uso en otros destinos. El Gobierno orienta alrededor $35 millones anuales como pago de subsidio al transporte público.
Aunque la propuesta fue descartada, autoridades pusieron en marcha desde el 2016 una refocalización del subsidio a la energía y el gas propano que dejó sin el beneficio a una buena cantidad de familias salvadoreñas.
