El Juzgado Segundo de Paz de Salvador ordenó que el exembajador de El Salvador en Honduras, Sigifredo Ochoa Pérez, continúe en libertad condicional el proceso que se libra en su contra por el delito el delito de peculado, por su participación en la presunta alteración del precio de un inmueble donde funcionaba la sede diplomática salvadoreña en el vecino país.
Además de Ochoa Pérez, son procesados el salvadoreño Walter Alfredo Anaya Escalante (ministro consejero) y Soledad Funes Donaire de Ramírez, de nacionalidad hondureña, a quienes el tribunal también benefició con la medida.
Según lo manifestado por el fiscal que presentó la acusación en el tribunal, a las tres personas les atribuyen el delito de peculado, previsto y sancionado en el artículo 325 del Código Penal que establece que: “El funcionario o empleado público o el encargado de un servicio público que se apropiare en beneficio propio o ajeno, de dinero, valores, especies fiscales o municipales u otra cosa mueble de cuya administración, recaudación, custodia o venta estuviere encargado en virtud de su función o empleo o diere ocasión a que se cometiere el hecho será sancionado con pena de prisión… que va de 6 hasta 15 años”.
En la solicitud, explicó el agente fiscal, se detalla que en el 2005 se suscribieron dos contratos de arrendamiento, donde funcionaba la oficina diplomática de la embajada de El Salvador en el vecino país; las indagaciones revelaron irregularidades en el canon de contrato de alquiler de los inmuebles. “Uno era por dos mil doscientos dólares y el otro por tres mil dólares, existiendo una diferencia de ochocientos dólares”.
Con base a las investigaciones, se determinó que el excedente del canon de arrendamiento, eran pagados a Ochoa Pérez; pero cuando se retiró en septiembre de 2009 de la sede diplomática, el dinero era entregado a Anaya Escalante, a través de Donaire de Ramírez (cómplice), que hacía la entrega del dinero del sobrante de los pagos por el alquiler de los locales donde funcionó la sede diplomática salvadoreña.
Los hechos se siguieron cometiendo hasta el 2016; y fue el embajador salvadoreño que llegó a la sede en el 2018 quien detectó dichas anomalías y presentó la denuncia en la Fiscalía que culminó con el requerimiento presentado este viernes.
El total del dinero que recibieron fue de $107,920, fondos erogados por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
