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sábado, 31 de julio del 2021

Sala ordena al Estado salvadoreño recuperar territorios controlados por pandillas

Ordena al presidente de la República a evitar la marginación social. El fallo reconoce el fenómeno de desplazamiento forzado por violencia, y ordena a amparar a una familia ví­ctima

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La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó este viernes al Estado salvadoreño recuperar los territorios y zonas en las que las pandillas ejercen control y poder en contra de la población. La sentencia también reconoce que existe el fenómeno de desplazamiento forzado por violencia, y emite amparo a favor de una familia de 33 personas que han sufrido dicho flagelo.

El fallo ordena al presidente de la República que coordine con los titulares de Justicia y Seguridad, PNC, Educación, Salud, Hacienda, Inclusión Social, entre otros, la realización de las acciones  necesarias para prevenir y controlar el fenómeno de la violencia, mediante, por un lado, la  formulación y ejecución de las polí­ticas sociales que eviten la marginación de sectores  vulnerables en la sociedad y, por otro, la implementación de acciones orientadas a  “recobrar progresivamente y de forma permanente los territorios bajo control de las pandillas”.

Lea también: Desplazados por violencia: sin atención de seguridad y clase polí­tica

“Declárase  que en El Salvador existe un fenómeno de  desplazamiento forzado  de personas que tiene origen en el contexto de  violencia e  inseguridad que afecta gravemente a  colectivos vulnerables de  distintas zonas geográficas  del paí­s controladas por las pandillas y en las afectaciones sistemáticas a  derechos  fundamentales como la vida, la integridad fí­sica,  la  libertad y la propiedad, entre otros”, establece la Sala en su fallo.

En su sentencia, la Sala también amparó a una familia de 33 personas, de los cuales, dos son efectivos militares. Todos residí­an en el municipio de Ciudad Delgado,  pero fueron amenazados por miembros del Barrio 18, por lo que se mudaron a Berlí­n, Usulután, municipio en el que fueron ví­ctimas de acoso policial y del asesinato de uno de los miembros de la familia. La identidad de las ví­ctimas no ha sido divulgada por su seguridad.

“Declárase que ha lugar el amparo solicitado por los  referidos demandantes en contra de la Asamblea Legislativa, el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, la Comisión Coordinadora y la directora de la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia por la vulneración de sus derechos a la protección en la conservación jurisdiccional y no jurisdiccional de los derechos, a la seguridad material, a la protección familiar, a las libertades de circulación y de residencia, y a la propiedad”, expresa la sentencia .  

Asimismo, ordena a las autoridades correspondientes a garantizarles la seguridad, y les autoriza a los demandantes a exigir la reparación de sus derechos.

Esta es una de las últimas sentencias de la Sala de lo Constitucional cuyo perí­odo de nueve años finaliza el próximo 15 de julio

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Mario Beltrán
Periodista sección PolÃítica en ContraPunto. Graduado de Comunicaciones en Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios.
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