La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó este viernes al Estado salvadoreño recuperar los territorios y zonas en las que las pandillas ejercen control y poder en contra de la población. La sentencia también reconoce que existe el fenómeno de desplazamiento forzado por violencia, y emite amparo a favor de una familia de 33 personas que han sufrido dicho flagelo.
El fallo ordena al presidente de la República que coordine con los titulares de Justicia y Seguridad, PNC, Educación, Salud, Hacienda, Inclusión Social, entre otros, la realización de las acciones necesarias para prevenir y controlar el fenómeno de la violencia, mediante, por un lado, la formulación y ejecución de las políticas sociales que eviten la marginación de sectores vulnerables en la sociedad y, por otro, la implementación de acciones orientadas a “recobrar progresivamente y de forma permanente los territorios bajo control de las pandillas”.
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“Declárase que en El Salvador existe un fenómeno de desplazamiento forzado de personas que tiene origen en el contexto de violencia e inseguridad que afecta gravemente a colectivos vulnerables de distintas zonas geográficas del país controladas por las pandillas y en las afectaciones sistemáticas a derechos fundamentales como la vida, la integridad física, la libertad y la propiedad, entre otros”, establece la Sala en su fallo.
En su sentencia, la Sala también amparó a una familia de 33 personas, de los cuales, dos son efectivos militares. Todos residían en el municipio de Ciudad Delgado, pero fueron amenazados por miembros del Barrio 18, por lo que se mudaron a Berlín, Usulután, municipio en el que fueron víctimas de acoso policial y del asesinato de uno de los miembros de la familia. La identidad de las víctimas no ha sido divulgada por su seguridad.
“Declárase que ha lugar el amparo solicitado por los referidos demandantes en contra de la Asamblea Legislativa, el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, la Comisión Coordinadora y la directora de la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia por la vulneración de sus derechos a la protección en la conservación jurisdiccional y no jurisdiccional de los derechos, a la seguridad material, a la protección familiar, a las libertades de circulación y de residencia, y a la propiedad”, expresa la sentencia .
Asimismo, ordena a las autoridades correspondientes a garantizarles la seguridad, y les autoriza a los demandantes a exigir la reparación de sus derechos.
Esta es una de las últimas sentencias de la Sala de lo Constitucional cuyo período de nueve años finaliza el próximo 15 de julio
