La red de corrupción que estuvo enquistada en la Fiscalía General de la República (FGR) y que era encabezada por Luis Martínez, habría recibido hasta $1.7 millones a cambio de bloquear o cerrar investigaciones penales en contra de políticos y empresarios, entre ellos, el expresidente de la República, Mauricio Funes y el empresario Enrique Rais.
Este señalamiento, lo dieron a conocer los miembros del Ministerio Público durante la presentación del dictamen de acusación del caso Corruptela en el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador.
“Se logró determinar que al interior de la Fiscalía había una red dirigida por el entonces fiscal general Luis Martínez y otros miembros de la institución que recibían dádivas de funcionarios, exfuncionarios y empresarios que tenían intereses en expedientes que se estaban investigando”, explicó la fiscal del caso.
Para enfrentar este caso, Martínez fue capturado en agosto 2016 por lo cual fue llevado a la audiencia inicial, donde el juez ordenó que el caso pasara a siguiente de instrucción con medidas sustitutivas a la detención, pero se mantiene recluido en un centro penitenciario, tras ser condenado a al menos 5 años de cárcel por filtrar llamadas personales del sacerdote español, Antonio “Toño” Rodríguez.
Producto al caso “Corruptela”, los fiscales aseguraron que entre el expresidente Funes y el exfiscal se medió dinero en efectivo y al menos seis vehículos de lujo, entre ellos, una camioneta Mercedes Benz, blindada y de lujo que primero estuvo a nombre de la compañera de vida de Funes, Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, con el objetivo de obtener información y comprar inmunidad en al menos dos casos judiciales.
El primero es el caso la tregua entre pandillas, que arrancó en la gestión de Martínez y culminó en la administración de Douglas Meléndez.
En esa ocasión, la Fiscalía procesó a directores y mandos medios de la Dirección de Centros Penales por haber favorecido con traslados irregulares a reos pertenecientes a pandillas, pero no al exministro de Defensa, David Munguía Payés y a Funes. El primero ideó la negociación del gobierno con las pandillas para reducir los homicidios a cambio de beneficios carcelarios; el segundo, conoció el plan y avaló la propuesta de su ministro.
El segundo es por haber comprado inmunidad para que no lo investigaran por las irregularidades en la construcción inconclusa de la presa El Chaparral, ubicada en San Miguel. El gobierno de Funes pagó 108.5 millones de dólares a la constructora Astaldi por una represa hidroeléctrica que no se construyó.
Mientras que en el caso de Rais, los fiscales aseguraron que el empresario entregó fuertes cantidades de dinero a Martínez para que no lo investigara en algunos casos y procuró que se persiguiera legalmente sus enemigos como Mario Calderón, Claudia Herrera y los empresarios canadienses Franco Pacetti y Matteo Pasquale, con quienes mantiene un litigio por el control de la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES).
