Por Francisco Martínez.
Actualmente, el país atraviesa un momento de transformación profunda en su sistema político y modelo de gobernabilidad. La estabilidad alcanzada en los últimos años, sumada a la reconfiguración del poder y la consolidación de un liderazgo con amplio respaldo ciudadano, ha modificado la dinámica del Estado y la relación entre gobernantes y gobernados.
El Salvador es un país con limitada y atribulada experiencia democrática, la historia política republicana desde 1821 ha sido una sucesión de autoritarismos (caudillos, caciques, dictadura) en la que sólo por pequeños espacios temporales, ante la lucha heroica del pueblo y por presiones externas, han permitido, con restricciones, el desarrollo de ciertas libertades de la democracia liberal en una combinación de apertura política y represión. En cada espacio de apertura el pueblo avanzaba y ponía más alto su objetivo de cambio y crecía el nivel de las acciones y de organización, sólo contenida por las oleadas de represión genocida del poder dictatorial de turno.
De la crisis político social y guerra civil de los años 70 y 80, en 1992, surgió un régimen político de democracia limitada, que asumió elementos de la democracia liberal en modo flexible, una formal flexidemocracia, con control externo y con presencia de una oposición que creció y se volvió competitiva para la gestión de gobierno, pero no para la disputa del modelo. De la visión de conservadurismo estructural de reforma neoliberal de los años 90, avanzamos desde 2004 a un enfoque de conservadurismo estructural populista (neoliberalismo de 2ª Generación -el rostro humano neoliberal-) y con la crisis y caída del bipartidismo de la paz consensuada, desde 2019, transitamos a un enfoque de conservadurismo estructural modernizante reformista de carácter nacionalista populista con apoyo estatal.
A lo largo de nuestra historia ha sido el presidencialismo la distinción entre los diferentes regímenes políticos. En nuestra realidad no ha habido la experiencia efectiva de lo que se ha dado en llamar separación de poderes, esto ha sido para El Salvador una apariencia del sistema, llagando en periodos a una subordinación contestaria como máximo, fue el caso de la Sala Constitucional 2009-2018. A los reaccionarios, las fuerzas/grupos derrotados, que claman por retornar al “pasado estado democrático de derecho”, olvidan que las leyes son resultado de la correlación de fuerzas y que el Estado se orientará en función de la fuerza hegemónica; hoy, la nueva fuerza hegemónica que encabeza Bukele, está abrumadoramente legitimada democráticamente.
Para comprender El Salvador de 2025, debemos ver su historia político social, el actual régimen político es resultante de la inviabilidad del experimento bipartidista de postguerra que permitió por 30 años una macabra carnicería de los ciudadanos a manos del terrorismo de las pandillas. Nayib Bukele y el nuevo régimen político de orientación nacionalista-reformista son resultado, son la respuesta popular y está creando y moldeando la nueva hegemonía histórica.
En 2020 señalé que “es preciso asumir de forma crítica, responsable y visionaria que el tipo de gobierno que nos legaron en la constitución de 1983 ya no responde a la demanda de desarrollo, progreso, bienestar, convivencia, felicidad y dignidad en que los ciudadanos debemos coexistir; por lo que, se vuelve impostergable un nuevo pacto social que responda a las expectativas e intereses de las presentes y futuras generaciones”.
En la realidad político social salvadoreña actual es irreversible e incontestable que se ha sucedido un cambio de la correlación de fuerzas, que quebró y sustituyó la anterior hegemonía dominante. Estamos ante el rompimiento de la “gobernabilidad consensuada” pactada en la posguerra civil, y, acudimos a una lucha política, institucional, social, cultural, económica, de ideas para un nuevo enfoque del desarrollo; por la edificación de una nueva hegemonía, que recoja un nuevo paradigma centrado en el ciudadano, en las personas.
El respaldo a la actual administración es contundente, con más del 85% de los votos en las elecciones de 2024 y una mayoría legislativa calificada. Con esas nuevas mayorías, introdujeron el cambio territorial del país integrando en 44 municipios los anteriores 262, cambio dilatado por más de 50 años; se modificó la asignación de escaños legislativos corrigiendo la sobrerrepresentación legislativa y reduciendo el número total de diputados en la Asamblea a solo 60; se ha modificado el sistema penal para combatir al crimen y cerrar brechas de impunidad pasando del garantismo penal a un sistema orientado a proteger a las víctimas. Se impulsa la reforma y modernización del Estado, donde los principales proyectos están centrados en la primera infancia, la educación y la salud.
Esa nueva correlación de fuerzas se expresa particularmente en las instituciones del Estado, Nayib Bukele y Nuevas Ideas son hoy la fuerza político social mayoritaria, esa fuerza es la que ha designado en elecciones de segundo grado, tal como se establece en la Constitución, a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al Fiscal General, al Procurador General, a los Magistrados de la Corte de Cuentas, a los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral; es la nueva gobernabilidad.
Este nuevo grupo de poder gubernamental tiene legitimidad para ejercer el poder en el gobierno por la continuada expresión de respaldo ciudadano. El alineamiento de acción de los Órganos del Estado es una colaboración en la misión común del nuevo régimen político, que obedece a esta nueva realidad, pero es conforme a lo que se dispone en el artículo 86 de la Constitución, respecto de la colaboración y autonomía entre Órganos de Estado. Esto no es casual, se ha logrado mediante el cambio de la correlación de fuerzas en el sistema político. Es una revolución desde la ciudadanía.
Este nuevo régimen político, surgido de la derrota del bipartidismo de postguerra civil, conservador y administrador del neoliberalismo, se erige conforme la figura disruptiva del joven milenial Nayib Bukele, que basa su política en resultados, más que en retórica discursiva, derrotó a las pandillas mediante el Plan de Control Territorial y haciendo uso continuado del Régimen de Excepción (figura constitucional definida en los artículos 29-30 y 31) creando un ambiente de seguridad y ganando confianza en su gestión de gobierno. Ha creado una alianza de propósitos (no ideológica) entre civiles demócratas, salvadoreños de la diáspora, técnicos, pequeños burgueses muy adinerados, burgueses modernizantes, inversionistas innovadores, clases medias, y, con amplio respaldo popular. Es una alianza orientada hacia un reformismo económico-social modernizante.
En lo económico, se impulsa una reforma a la matriz productiva, ha eliminado obstáculos (legales, burocráticos, dispersión) concentrando y adecuando/modernizando/digitalizando instituciones y procedimientos para una estrategia de desarrollo económico que busca la transformación productiva del país, en la que ya se implementan 3 de las 6 fases: 1) Alimentación con la implementación de los agro-mercados, como una respuesta ante las crecientes preocupaciones sobre el alto costo de la canasta básica, así como incrementar la producción local de alimentos en alianzas con productores. 2) Desarrollo de tecnología, que impulsará el crecimiento y la inversión en alianzas con los sectores privados. 3) Logística, que incluye la Sociedad Mixta Unión Portuaria del Pacifico, con CEPA y Yilport Inc, para la gestión de los puertos de Acajutla y de La Unión.
El liderazgo de Nayib Bukele ha sido legitimado en las urnas, en cuatro elecciones continuas y ratificado por diversas encuestas que lo posicionan como el presidente mejor evaluado en la historia reciente de América Latina. Sin embargo, si bien esta legitimidad democrática es producto de procesos electorales transparentes y conforme al marco constitucional vigente, el gran desafío a futuro será consolidar un sistema político que no dependa exclusivamente de la popularidad de un líder, sino de instituciones sólidas, mecanismos efectivos de participación ciudadana y un estado de bienestar, con un sistema funcional de leyes y reglas. Hoy, 7 de cada 10 salvadoreños, apoyarían la reelección de Bukele para un tercer mandato (IUDOP Junio 2025) ¿es esto posible? Si.
Se trata de un régimen político en que se conjugan el reformismo político económico, que asume un proyecto de orientación Nacional, que entiende la importancia y trascendencia de Modernizar el Capitalismo Salvadoreño para poder incidir en la activación y desarrollo de nuevas fuerzas productivas que lideren a las viejas, anquilosadas, pero dominantes, fuerzas productivas del periodo anterior; se trata entonces de un régimen Estructural Modernizante de liderazgo Pequeñoburgués y Conservador respecto a valores tradicionales. Este régimen político tiene el desafío de enfrentar hábil, innovadora e integralmente los problemas de la participación y la distribución.
El reto de este régimen político es: trascender del simple cambio de grupo en el gobierno a consolidar un cambio de régimen político social democrático de derechos y desarrollo humano. Para eso, aún debe consolidar su hegemonía, y, en esta tarea: el Proyecto Político, la estructura social, el partido, las organizaciones políticas y sociales de base y soporte del régimen, la masa pensante y la nueva cultura (que descolonice/desmonte autóctonamente el pensamiento oligárquico), todos estos elementos aún están en gestación y confrontación. No es solo orden y seguridad, es adecuar las estructuras de Estado y de la sociedad a los nuevos retos del desarrollo y de las nuevas tecnologías de la 5ª revolución industrial, con nuevos socios y redes amplias de beneficiarios.
Es claro ya, que en El Salvador se ha instalado un nuevo régimen político con un liderazgo fuerte enrostrado en Nayib Bukele y su movimiento plural y transversal Nuevas Ideas, en proceso de ser un partido hegemónico, que asumen el reto de modernizar el capitalismo salvadoreño para dinamizar las fuerzas productivas de la nación y generar riqueza, reformando y digitalizando el Estado; la tendencia del nuevo régimen político es hacia una democracia-flexible una flexidemocracia de nuevo tipo, que liberalizaría los procedimientos e instituciones para espacios de intervención popular en un modelo autóctono de mayor participación, donde prontamente, se deberán definir mecanismos sostenibles de distribución de la riqueza y de los honores, que garanticen la estabilidad y reproducción del régimen.
(1) https://www.contrapunto.com.sv/desmitificando-la-reforma-constitucional/