El presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, pidió investigar desde la Fiscalía General de la República (FGR) a los dos funcionarios que protagonizaron la puesta en marcha del SITRAMSS: Gerson Martínez, exministro de Obras Públicas y Nelson García, exviceministro de Transporte. Según Quijano, muchas irregularidades quedaron sin explicación durante la preparación del proyecto.
Quijano, durante una entrevista con la radio 102nueve, también criticó la “prepotencia” con que actuaron Martínez y García recibieron críticas por la manera en que se manejó el proyecto.
El presidente de la Asamblea recordó que junto al SITRAMSS se aprobaron dos empresas que remiten directamente a los funcionarios del FMLN. “El llamado es para la Fiscalía: que investigue. Cuando crean SIPAGO y SUBES ““que la crearon en Uruguay un mes antes”“, ahí estaba metido ALBA Petróleos. La Fiscalía debe de ir hasta el fondo y debe procesar a los responsables. Si tú vas a dar para el uso de un privado un espacio público debe mediar una concesión. Ese fue negocio de ellos, de ALBA Petróleos y dirigentes del FMLN”, criticó Qujiano.
SIPAGO es la concesionaria de los autobuses del SITRAMSS y SUBES se encargó del cobro del pasaje. En ocasiones anteriores, ya el VMT se ha desvinculado de estas empresas. De acuerdo con el diputado de ARENA, el proyecto fue “un negocio de AlBA Petróleos y el FMLN”, lo cual daría lugar a ilícitos como actos arbitrarios y mal uso de fondos públicos, ya que el proyecto debió contar con una concesión desde el Órgano Legislativo.
En este sentido, el presidente de la Asamblea Legislativa expresó estar de acuerdo con la resolución de la Sala de lo Constitucional, que declaró inconstitucional el uso exclusivo del carril segregado que se creó para que circule el SITRAMSS con sus autobuses.
“Era de esperarse, porque la arbitrariedad, la soberbia y la prepotencia de las autoridades, particularmente del señor Gerson Martínez y el señor Nelson García, han llevado al país a que invierta US$45 millones en un proyecto fallido. En cualquier democracia moderna, esto implicaría arresto inmediatamente. Irlos a sacar de sus casas y ponerlos tras las rejas, porque demuestra que la arbitrariedad de un funcionario cuando se aparta de la ley, la lógica, de la coherencia con la que tiene que administrar la cosa pública, le hace perder dinero cuantioso a un país tan pobre como el nuestro”, criticó Quijano durante la entrevista.
Las primeras horas después que la Sala de lo Constitucional hizo pública la resolución, el presidente Nayib Bukele ordenó comenzar a desmantelar el sistema y hacer una auditoría. Quijano cuestionó esta decisión.
“Tampoco comparto cuando el presidente dice (que van a) desmantelarlo. Me gusta la opinión del ministro de Obras Públicas, que hay que hacer una auditoría. Eso es lo primero: una auditoria de la forma abusiva y torpe con que se manejó ese proyecto y buscar las cabezas de los responsables. Ese proyecto nació muerto. Fue un adefesio, un mal parto, no sé cómo llamarlo” lamentó Quijano.
En su resolución, la Sala dio un año plazo a la Asamblea para que los diputados decidan sobre la concesión, o no, de la exclusividad en el uso del carril. También tendrán que hacerlo respecto de las terminales que componen el SITRMASS. De no cumplir el plazo, los magistrados señalan que “se ordenarán las obras necesarias para habilitar el tránsito entre el actual carril segregado y los carriles contiguos y eliminar las señalizaciones referidas a su exclusividad para el uso de SITRAMSS”.
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Foto/ Cortesía Radio 102nueve