El presidente de la Comisión Eléctrica del Río Lempa (CEL), Daniel Álvarez, presentó en la Fiscalía General de la República (FGR) un aviso por supuestos actos de corrupción durante la fase dos del proyecto de la presa El Chaparral.
Según el titular de la dependencia de Estado, estas irregularidades se habrían registrado en la administración del anterior presidente de la institución, David Antonio López, esto entre 2014 y 2019.
Álvarez apuntó que dentro de la institución se está realizando un proceso de auditoría para determinar cómo fungió la administración pasada, durante el gobierno de Salvador Sánchez Cerén.
"Ahorita vine a interponer aviso. Ya hay, como bien es conocido como ustedes, en la fase uno hay una investigación abierta. Simple y sencillamente es darle seguimiento a la fase dos, de la cual la Fiscalía ya tiene abierto un proceso por lavado de dinero, pero cuando hay lavado de dinero, eso lleva a actos anteriores a estos, que son cohecho, actos abitrarios, peculado. Entonces, esto es lo que nosotros venimos a darle aviso a la Fiscalía", expuso.
Sobre este caso, La Fiscalía ya tiene un proceso abierto contra el expresidente Mauricio Funes por el manejo irregular de más de $ 100 millones en la construcción de esta presa.
"Se tomarán decisiones sobre El Chaparral cuando se termine la auditoría, el proyecto ya debería de estar generando energía pero el dinero terminó en manos del que hoy es nicaragüense (Mauricio Funes); además queremos que se investigue lo que se realizó entre 2014 y 2019", apuntó.
El Gobierno de Funes, de acuerdo con la Fiscalía, pactó con la empresa ASTALDI el pago directo de $108.5 millones, que incluía la cancelación de "la obra ejecutada hasta el momento, más una suma adicional de $45,244,418.00, sin existir base legal ni técnica" para el monto extra.
Por este caso, además de Funes, son procesados la cónyuge del exmandatario, Mitchell Guzmán; el expresidente de CEL, José Leopoldo Samour; y los representantes de ASTALDI, José Enfraín Quinteros y Mario Pieragostini.
