El presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Frederick Benítez, presentó tres avisos a la Fiscalía General de la República por presuntos actos de corrupción que se habrían cometido en anteriores administraciones..
Según el funcionario, con base a auditorías, se detectó que hubo pagos indebidos a una empresa por trabajos no realizados, negociaciones extrajudiciales en una demanda contra ANDA y apropiación de bienes por parte de personas ajenas a la institución. En total, estima que esos ilícitos rondan los $10 millones.
En el caso de la apropiación indebida de sistemas de ANDA, es en la zona oriental del país y data desde hace 8 años, comentó.
Con esa cantidad de dinero, se pudo haber mejorado el suministro de agua potable en zonas del país en donde es deficiente el servicio, como por ejemplo Apopa, Mejicanos y Ayutuxtepeque, dijo Benítez.
“Que sea la Fiscalía quién o quiénes hicieron esta administración fraudulenta. pues el monto de la usurpación ronda entre los 8 y 10 millones de dólares y en negociaciones hay proyectos de un millón de dólares”, expuso.
El presidente de la ANDA no atribuyó nombres de quienes podrían estar involucrados en estos casos de corrupción y prefirió dejar en manos de la Fiscalía las indagaciones para que identifique a los responsables.
Estos son los primeros hallazgos que han descubierto luego de efectuarse auditorías internas en la institución. Agregó que tiene en desarrollo otras auditorías de proyectos y más adelante dará a conocer los resultados si en efecto hay irregularidades.
Los avisos presentados a la Fiscalía, tuvieron el acompañamiento de los dos sindicatos existentes en la autónoma, es decir; el Sindicato de Trabajadores de ANDA (SITRAANDA) y el Sindicato de Empresa de Trabajadores de ANDA (SETA), según lo manifestó el funcionario.
En otro orden, este día se hizo efectiva la firma de una carta compromiso entre ANDA, la Defensoría del Consumidor, la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) y el Centro Nacional de Registro (CNR), para la atención de problemas de afectación colectiva de las personas consumidoras.
Lo anterior es para realizar apoyos técnicos, elaboración de informes, acompañamiento en campo y toda la información necesaria para gestionar y facilitar una pronta y oportuna atención a los problemas de los consumidores.
“Nuestro reto es mejorar el servicio de agua potable en áreas urbanas y rurales. Hemos estado de la mano con salvadoreños que han luchado hasta 50 años para tener acceso al servicio”, precisó.
