Al Juzgado Noveno de Instrucción fueron entregados un total de 1,600 folios con indicios de corrupción, por la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), que ampliarán la investigación del caso “El Chaparral”, en el que se pretende conocer la certeza de la comisión de los delitos de peculado, lavado de dinero y cohecho activo en torno a la construcción de la Presa Hidroeléctrica El Chaparral.
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La investigación obedece a la inversión irregular de los gastos para la construcción de la Presa El Chaparral, cuyos gastos acumularían un total de $700 millones de dólares, según las estimaciones de la Presidencia. El proceso tuvo lugar tras la recepción de los primeros indicios de corrupción en octubre de 2019, que ya acumula un total de 1,600 folios entregados, por solicitud de la CEL, a la Unidad Especializada contra el Lavado de Activos, de la Fiscalía General de la República (FGR), para ventilar el caso.
“Como la documentación es bastante voluminosa, pues CEL ha hecho entregas parciales de la documentación; y, a ésta fecha, ésta sería la séptima entrega de documentos que estaríamos recibiendo. En total, son 32 cajas de documentos los que CEL nos ha entregado. Vamos a proceder, pues, a revisarla. Y si todo está conforme a la solicitud de Fiscalía, entonces, vamos a dar por evacuado el oficio que se envió en el mes de septiembre de 2020”, detalló la representante fiscal de la Unidad.
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Según lo detallaron las hipótesis fiscales preliminares, el caso El Chaparral involucraría el desvío de fondos en unas 21 empresas, entidades bancarias y cooperativas de crédito; entre ellas, la empresa constructora de origen italiana, ASTALDI S.P.A yotras seis asociaciones formales. Asimismo, enumeró en la lista de imputados a personalidades como al Presidente de la República, Carlos Mauricio Funes; a su esposa, Ada Michell Guzmán Siguenza; a los empresarios Mario Pierigostini Maiocchi, Miguel Anotnio Menéndez Avelar (conocido como Mecafé), y al ingeniero José Leopoldo Samour Gómez.
El presidente de CEL, Daniel Álvarez, también aseguró que el caso involucra a funcionarios relacionados con las gestiones presidenciales de los gobiernos encabezados por los partidos de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y del Frente Farabundo Martí (FMLN). También demandó al Ministerio Público actuar con celeridad.
“Son 32 cajas de evidencia con respecto a la corrupción que cometieron las gestiones de ARENA y del FMLN". Dijo Álvarez, señalando además a los ex-presidentes Antonio Saca y Sánchez Cerén. “Esta corrupción viene desde los gobiernos de ARENA hasta el de Sánchez Cerén”, aseveró.
"Le pedimos a la FGR que agilice las investigaciones, hay plazas fantasmas, tarjetas de crédito a nombre de funcionarios públicos (…) No solo le robaron a la CEL como institución, sino que es un robo descarado que tuvo el país", dijo a la prensa el presidente de CEL.
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