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domingo, 19 de septiembre del 2021

Para FUSADES, Presupuesto 2020 adolece de inconsistencias

La fundación advierte que, tal como ha sido presentado el proyecto, se estaría incumpliendo la Ley de Responsabilidad Fiscal.

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La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), al examinar el marco macroeconómico y otros documentos relaciones, se identifican ocho elementos que pueden derivar en inconsistencias o incumplimiento de compromisos con el plan de gastos 2020 presentado el 30 de septiembre por el Ejecutivo.

Un informe de elaborado por Carolina Alas de Franco, Investigadora Senior Estudios Económicos de FUSADES, señala que los datos presentados en el proyecto reflejan que no se está en la ruta de cumplir con lo establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF).

Esta normativa, establece que durante 2027-2021, se debería de realizar un ajuste del 3% del Producto Interno Bruto (PIB); esto requiere de un balance primario positivo de 2.8% en 2021. Sin embargo, la proyección oficial es de un superávit primario de 1% en 2020, por lo que es poco probable que de 2020 a 2021 se logre elevar ese saldo positivo en 1.8 puntos del PIB y por tanto, será difícil cumplir con el ajuste. Además, los datos de la partida de gastos del Ejecutivo, muestran un balance primario de 0.4% para el otro año, lo que hace más complicado alcanzar la meta de 2.8% del PIB en 2021.

Por otro lado, no hay consistencia en los datos que se brindan sobre la brecha fiscal. La proyección del Presupuesto 2020 es de un déficit de 3.1% del PIB ($859.5 millones) para 2020, el cual no coincide con la estimación en el documento Bases de Política Fiscal, que indica que será de 2.7% ($748.6 millones) en el mismo año.

Al calcular el déficit fiscal con los datos del Presupuesto 2020, que son motos que se someten a discusión y aprobación, se determina que la brecha será de 3.5% del PIB ($971.7 millones). Hay una diferencia sustancial entre estas cifras.

El gasto de consumo (bienes, remuneraciones y servicios) del Sector Público no Financiero (SPNF), se estaría subestimando para que no crezca más que el PIB nominal.

El rubro de bienes y servicios crece $13,3 millones en el plan de gastos del otro año, con respecto al que está en ejecución, sin embargo; cuando se compara con el presupuesto modificado de 2019, estas erogaciones se reducen en $42.9 millones. Una situación similar ocurrió en el 2018, cuando el presupuesto modificado resultó siendo bastante más alto que el votado en ese rubro.

Esto indica que en el transcurso del año se incrementa el rubro de bienes y servicios, y que lo presupuestado puede estar subestimado, a menos que se esperen ingresos adicionales en el transcurso del año, cuya proyección no sería correcto incorporar todavía al presupuesto, y por lo tanto no se pueden incluir aún los correspondientes gastos.

Un ejemplo, pero no el único, es la subestimación de la parte del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (FODES), que se utiliza para inversión.

Asimismo, el tratamiento que se le da a las Contribuciones Especiales en los presupuestos, tanto votados como ejecutados, subestima el gasto de consumo.

Las Contribuciones Especiales no están sujetas a la clasificación económica que tienen el resto de erogaciones, sino que siempre se mantiene como un rubro aparte bajo esa denominación. Esto ocurre tanto en la clasificación del gasto de cada una de las instituciones que utilizan las contribuciones especiales, como en la clasificación económica del gasto agregado del Gobierno Central.

Hay más. Se sigue utilizando la deuda de corto plazo como financiamiento permanente.

Luego de la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de 2017, los presupuestos de 2018 y 2019 fueron más completos, pero requirieron de refuerzo presupuestario. financiamiento permanente que se había venido dando; en años anteriores, cuando esta deuda superaba los $800 millones, se buscaba reestructurarla con la emisión de bonos, para volver a ocuparla para financiamiento permanente.

Con la sentencia de la Sala, se hizo más transparente la necesidad de deuda para gastos de funcionamiento, pero, al mismo tiempo, también implicó que el Gobierno pueda recurrir relativamente de manera más fácil a endeudamiento para gasto corriente, existiendo la tentación de expandir el gasto de funcionamiento con deuda. Al no mejorar la eficiencia del gasto, cada vez se requiere de más financiamiento para la operación del Estado.

Pero además, de que se aprueba deuda para funcionamiento al aprobar los presupuestos, se siguen utilizando las Letras del Tesoro (LETES) que, según la Constitución, “son para subsanar descalces temporales entre los ingresos y los gastos”.

Después de la reestructuración de la deuda de LETES, su saldo alcanzó un mínimo de $649 millones en septiembre de 2017, pero luego se fue acumulando hasta llegar a $985.4 millones en agosto pasado, un incremento de $336.4 millones, lo que implica que no se está usando de forma temporal.

En general, se siguen subestimando algunos gastos y no se han controlado rubros objeto de la sentencia de la Sala. Por ejemplo, las devoluciones de impuesto siguen subestimadas; en el Presupuesto 2020, se han asignado $2 millones para devoluciones de ingresos de años anteriores; $5 millones para devoluciones de IVA a los exportadores y $11.5 millones para devoluciones de Renta. Los datos del Banco Central de Reserva (BCR), indican que el gasto ejecutado por ese motivo es alto; en 2018 las devoluciones del IVA ascendieron a $48.9 millones y las de Renta $40.3 millones.

Otro ejemplo es el de no haber presupuestado el pago de la deuda de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) por la factura eléctrica en el plan de gastos 2019.

FUSADES señala otras consideraciones como: ¿Por qué el pago del servicio de la deuda previsional por parte del Gobierno se clasifica como gasto en desarrollo social?

En los Presupuestos se sobreestima lo que se destina a gasto de capital de los recursos del FODES. Hay un aumento importante de las transferencias corrientes al sector privado. Y es que a parte del aumento inusual de $67 millones (341.5%) en el rubro de impuestos, tasas y derechos (dentro de los gastos financieros) que deben ser explicados, también las transferencias corrientes al sector privado, se expanden significativamente a $42.4 millones (26.8%).

Otro punto que ha identificado la fundación es la sobreestimación de las contribuciones especiales para la Seguridad y por último los gastos reservados.


Sobre este último punto, hasta el 2018, los gastos reservados no se identificaban en los presupuestos votados y todavía no se especifican en los presupuestos ejecutados. En el Presupuesto 2019 estos gastos se detallan dentro del presupuesto de la Presidencia, en la Unidad Presupuestaria “Inteligencia del Estado”, bajo la clasificación económica “adquisiciones de bienes y servicios”.

En todos los presupuestos, incluyendo el de este año, los “gastos reservados”, también conocidos como “partida secreta” o “gastos imprevistos”, eran manejados bajo la clasificación presupuestaria 54315 denominada “gastos reservados”. Ahí se incorporaban los gastos del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), que no eran los únicos en esta partida.

Para el 2020, se anuncia que la clasificación presupuestaria 54315 se elimina y que los gastos del OIE se incluirán en otra partida. No significan que desaparecen, sino que estarán en otra clasificación presupuestaria.

Pero lo importante no es la eliminación de la partida 54315, ya que esos fondos serán asignados a otro código; lo importante es qué tan auditables serán estos recursos y que sean identificados tanto en el presupuesto votado y se conozca cuánto se ejecuta en cada año y que se detalle lo que es para la OIE.

Además, no hay que pasar por alto, el recorte significativo que se hace de los gastos de “Inteligencia del Estado” en el Presupuesto 2020, siempre y cuando sea por eficiencia y transparencia.

Los diputados de la Comisión de Hacienda mientras tanto, siguen con el análisis del proyecto, consultando a cada uno de los funcionarios del Ejecutivo para luego tomar una decisión, en la que no se descarta que hagan ajustes antes de aprobar el plan de gastos para el ejercicio fiscal del otro año.

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Carlos Ramos
Periodista salvadoreño
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