El Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera decretó la detención provisional contra el expresidente Alfredo Félix Cristiani Burkard y exdiputados de la junta directiva de la Asamblea Legislativa de 1993. La medida fue tomada en relación con el delito de encubrimiento personal a favor de los principales imputados de la masacre conocida como El Mozote, ocurrida entre el 11 al 13 de diciembre de 1981 y otras más hechas en zonas aledañas.
La resolución judicial identificó a los exfuncionarios Luis Roberto Angulo Samayoa, Rubén Ignacio Zamora Rivas, Raúl Manuel Somoza Alfaro, Raúl Antonio Peña Flores, y Alfredo Félix Cristiani Burkard como partícipes del delito de encubrimiento personal, al considerar que ayudaron a los autores materiales de la masacre a eludir la acción de la autoridad mediante la aprobación de la Ley de Amnistía en 1993.
“Decretase detención provisional contra los imputados Luis Roberto Angulo Samayoa, Rubén Ignacio Zamora Rivas, Raúl Manuel Somoza Alfaro, Raúl Antonio Peña Flores, Alfredo Félix Cristiani Burkard, a quienes se le atribuye la comisión del delito de encubrimiento personal, hecho ocurrido el 20 de marzo de 1993”, dice la resolución del juzgado, que fue difundida por Revista Factum.
El fallo emitido por el juzgado declaró el crimen como de lesa humanidad, y por ende, no prescriptible, permitiendo que el delito pueda ser enjuiciado en cualquier momento a pesar del tiempo transcurrido desde la perpetración de los hechos. La decisión judicial indicó que los imputados habrían presentado la iniciativa de ley que garantizaba impunidad a los responsables de las masacres ocurridas en las siete poblaciones del norte de Morazán durante la guerra civil en El Salvador.
La masacre de El Mozote, que dejó cerca de 978 víctimas, en su mayoría niños, fue inicialmente negada por el gobierno salvadoreño y la administración estadounidense durante la guerra civil en la década de los 80. El caso resurgió tras la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General, abriendo una ventana de búsqueda de verdad, justicia y reparación a las víctimas de este episodio oscuro en la historia del país.
La jueza, Mirtala Teresa Portillo de Cruz que diligencia el juicio de la masacre de El Mozote y sitios aledaños señala que los imputados ayudados fueron:
- El general Juan Rafael Bustillo Toledo
- Carlos Eduardo Cáceres Flores
- Luis Adalberto Landaverde Barrera
- Óscar Córdova Hernández
- César Augusto Milla Ramírez
- José Guillermo García
- José Antonio Rodríguez Molina
- Roberto Antonio Garay Saravia
- Rafael Santiago del Cid Aguirre
- José Mario Godínez Castillo
- Mauricio Isaac Duke Lozano
- Walter Oswaldo Salazar Martínez y
- Juan Ernesto Méndez Rodríguez
Acusaciones contra expresidente Alfredo Cristiani
El expresidente Cristiani enfrenta además acusaciones por su presunta vinculación en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) en 1989. En su declaración pública, Cristiani negó su involucramiento en estos actos y expresó su disposición a someterse a la justicia, pero enfatizó la necesidad de un proceso judicial transparente e imparcial.
Actualmente, el expresidente Cristiani, la jueza Mirtala Teresa Portillo de Cruz sugiere que cometió delito al sancionar y ordenar la publicación del decreto legislativo. “Dicho instrumento jurídico se emitió con la aquiescencia del imputado Alfredo Félix Cristiani Burkard, quien fungía como presidente de la república”, señala el fallo.
Reacciones de familiares de Rubén Ignacio Zamora Rivas
Lucía Zamora, hija de Rubén Zamora, se manifestó en redes sociales en relación con la orden de captura emitida contra su padre y otros exfuncionarios. Expresó su consternación y rechazo ante las acusaciones, afirmando: “Me duele mi alma y mi corazón. Este gobierno ha pasado investigando a mi padre desde hace más de 3 años y no le han encontrado NADA.”
Además, señaló que considera la decisión del gobierno actual como un intento de invención, alegando que la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz del año 1992 no encubrió delitos de lesa humanidad, y que los que promulgaron y sancionaron dicha ley no cometieron tal delito, lo que implicaría que esos delitos no prescriben.
Lucía Zamora hizo énfasis en el pasado de su padre, mencionando que él fue embajador de El Salvador en India, Estados Unidos y Naciones Unidas durante la época de paz. Asimismo, denunció que su padre fue torturado en tres ocasiones por la anterior Guardia Nacional en el tiempo de la guerra. En su mensaje, expresó su indignación ante lo que considera una invención de acusaciones en su contra.
Por otro lado, en un documento que El Faro publicó en 2014, Zamora no aparece como uno de los firmantes del decreto de ley de la amnistía. El documento es parte de un reportaje realizado por el medio digital sobre cómo se fraguó la ley de amnistía.
