Comunidades hacen un llamado al presidente Nayib Bukele y a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a pronunciarse sobre dicho caso
Habitantes de las comunidades que están en contra de la construcción del proyecto habitacional VALLE EL ÁNGEL, en la zona norte de San Salvador, señalaron este jueves que ya están cansados de que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), ni la Corte Suprema de Justicia (CSJ), les dé una respuesta definitiva sobre la ilegalidad de la construcción.
Esta semana se venció el plazo para que el MARN contestara al documento que varias organizaciones presentaron en septiembre de 2019, en el que detallaban una serie de observaciones sobre los impactos medioambientales que traería la construcción de dicho proyecto. El MARN les había dado un plazo de un poco más de 60 días hábiles.
De acuerdo con miembros de la Red de Mujeres Mesoamericanas por una Vida Digna, si la familia Dueñas, que son los responsables de este proyecto, continúa con esta construcción, se afectará drásticamente la cantidad de agua producida por el manto acuífero de San Salvador.
Es decir, según mujeres de la Red, “habrá menos agua potable disponible para el área metropolitana, más contaminación de las quebradas del rio TOMAYATE, más colapso de tráfico en la zona y la profundización de la desigualdad en el acceso a los recursos naturales”, señalaron.
Según el Plan Nacional de Gestión Integrada del Recurso hídrico, la zona de Valle El Ángel es considerada como un manto acuífero de producción media y alta y de alterarse por la actividad humana, terminará afectando drásticamente a las comunidades de los municipios de APOPA, CIUDADA DELGADO, NEJAPA, ILOPANGO, SANTO TOMÁS, AGUILARES, TONACATEPEQUE, MEJICANOS, AYUTUXTEPEQUE Y VARIAS ZONAS DEL ÁREA METROPOLITANA.
Pese a saber esto, la empresa DUEÑAS HERMANOS ha continuado insistiéndole al MARN que le apruebe los permisos ambientes para empezar formalmente la construcción del proyecto. Actualmente, este proceso se encuentra en la fase de evaluación de la consulta pública, es decir, a las comunidades de la zona.
La empresa DUEÑAS ya tiene un certificado de factibilidad emitido por ANDA en junio de 2019 que les ha permitido explorar a el agua, a través de la perforación de pozos de la zona norte de San Salvador, con fines urbanísticos y comerciales.
“Debido a esto es que ha bajado el caudal en los pozos de ANDA en la zona, ahorita ya todos estamos muy molestos por esta situación, y les hacemos un llamado también al presidente Bukele para que tome cartas en el asunto porque el plazo ya se venció y no nos quieren recibir”, comentó Alfredo Rosales, de la organización Salvemos Valle El Angel.
La polémica construcción estaría ubicada desde la prolongación del bulevar Constitución, entre Nejapa y Apopa, hasta el cantón Joya Galana de Apopa, siempre al norte de San Salvador, en un aproximado de 326 manzanas, con una cantidad de 3,500 casas, 3,000 apartamentos, restaurantes, hoteles, hospitales, escuelas privadas, una terminal de autobuses, una iglesia y una universidad.
Hasta el momento el presidente Nayib Bukele no se ha pronunciado directamente sobre este caso, a excepción de ANDA que para el 2019 se comprometió a dar asesoría técnica y realizar estudios hidrogeológicos para la perforación de los pozos, con el objetivo de que las comunidades aledañas no salieran afectadas por el proyecto.
Mientras tanto, la Sala de lo Constitucional de la CSJ tampoco ha dado una respuesta sobre la demanda de inconstitucionalidad que organizaciones ambientales y comunidades presentaron hace algunos días.
Sobre este caso, el Arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, también le pidió a Bukele parar el proyecto Valle El Ángel, porque el convenio en el que se basa es “injusto por negociar el agua de los pobres”.