El coronel Adrián Meléndez Quijano y el abogado, Rodolfo Garay Pineda, presentaron una recusación que tiene como objetivo, separar al juez de instrucción de San Francisco Gotera, en Morazán, Jorge Guzmán, de la causa legal por la masacre de El Mozote y sitios aledaños, ocurrida en diciembre de 1981.
Los defensores de los procesados han acusado a Guzmán de estar parcializado en el proceso, debido a que el juez en su tesis para optar al grado de licenciado en Ciencias Jurídicas en 1993, externó su posición sobre los hechos ocurridos en el caserío El Mozote.
"El juez Jorge Alberto Guzmán, en su trabajo de graduación, ha expresado su opinión clara y precisa sobre los hechos ocurridos en el cantón El Mozote, a partir del día 11 de diciembre de 1981, y de manera escrita, en su trabajo de graduación, que contiene valoraciones de carácter eminentemente político, altamente discutibles, específicamente sobre el punto que va a decidirse, y atribuye totalmente la responsabilidad a los miembros de la Fuerza Armada, sin dar oportunidad a las diferentes tesis de El Mozote, como escenario de guerra y como cementerio clandestino de la guerrilla insurgente", dice la petición de recusación.
Los defensores creen que sus valoraciones hechas en la tesis, explican su actuación en el juicio y consideran que "sobrepasa los límites de la ética profesional y de la moralidad, que deja ser, cuando conociéndose la existencia de un prejuicio y condición de aceptar juzgar, conscientes de faltar al principio de imparcialidad, regulado en la ley".
A principios de marzo, los fiscales del caso pidieron separar al juez, pero la Fiscalía General de la República abrió una auditoría para investigar esta actuación.
Los fiscales argumentan en su escrito que el juez no ha sido imparcial en el proceso, porque en diferentes audiencias ha dicho que no comparte la aplicación del Código Penal de 1973-1974 que estaba vigente, cuando ocurrió la matanza de 978 personas en diciembre de 1981.
FGR intenta sacar del juicio a Guzmán
Ese es el segundo intento de querer quitar a Guzmán del proceso, el primero fue una petición de la Fiscalía General de la República (FGR) de separar al juez instructor del proceso penal por la masacre de 1.000 campesinos en El Mozote en 1981, por discrepancias con la aplicación de la legislación vigente al momento de la matanza.
La recusación fue incluida en una apelación que presentó la FGR el pasado 23 de febrero contra la decisión del juez Guzmán de juramentar a la experta española Paloma Soria Montañez para realizar un peritaje sobre violencia sexual.
El Ministerio Público pidió que la recusación sea conocida por la Cámara de Segunda Instancia para que el juez "sea separado del conocimiento de este caso".
La Fiscalía recusó al juez porque, a su juicio, el proceso penal debe ser realizado bajo el Código Procesal Penal de 1973, vigente al momento de la masacre, y no con el actual, que data del año 2011 y al que el juzgador estaría dando prioridad.
"En repetidas ocasiones el señor juez de instrucción de San Francisco Gotera ha expresado en las diferentes audiencias a las partes que no comparte la aplicación del Código Procesal Penal de 1973-1974 por considerarlo atentatorio al principio del debido proceso", indica el documento.
Para David Morales, abogado de Cristosal, la petición de la Fiscalía tiene "inconsistencias e incoherencias de legalidad".
"Es una acción que consideramos es lesiva de los intereses de las víctimas, de la independencia judicial", sostuvo Morales, quien señaló que anteriormente "ha validado los diferentes actos procesales de esa instrucción penal".
Apuntó que si la corte de apelaciones da luz verde a la recusación se "generaría un daño a la búsqueda de la Justicia, (…) en momentos en se está cerrando la instrucción" antes de que se pueda elevar a juicio.
"Hemos hecho un llamado al señor fiscal general, Raúl Melara, a que revise y corrija esta actuación", subrayó Morales.
