Pedro Cruz, defensor del dirigente del FMLN, Sigfrido Reyes, aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha logrado reunir los requisitos necesarios para concluir que su cliente es culpable de cometer enriquecimiento ilícito.
Según Cruz, esta tesis será expuesta ante la Cámara Segunda de lo Civil en la cual se realiza la a audiencia especial de improponibilidad de la demanda civil.
“Simplemente se hace un análisis escrupuloso de los requisitos de la demanda, para ver que si procede la demanda. Para nosotros la demanda no reúne caso porque no se reúne los requisitos. El informe que dio la Sección de Probidad claramente que no hay enriquecimiento ilícito contrario que dice la Sala, algunos señalamientos prescribieron y otros son ridículos”, indicó el abogado.
Por su parte, el Fiscal de Unidad Anticorrupción dice que como Ministerio Público tienen toda la legitimidad para haber presentado la demanda y que la petición de los abogados de Sigfrido Reyes no prosperará en la audiencia.
El político salvadoreño es perseguido por la justicia salvadoreña, por supuestamente liderar una estructura que habría malversado al menos $6 millones provenientes de fondos públicos.
Por lo tanto, es acusado de los delitos de apropiación de fondos legislativos, estafa al Estado en la compraventa de lotes y lavado de dinero.
El expresidente del Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (PROESA) tiene al menos dos juicios abiertos en su contra.
El primer caso es ventilado es el que se lleva actualmente en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, por el delito de enriquecimiento ilícito.
En este proceso, la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de no poder justificar $459,714.04 en sus ingresos declarados ante la sección de Probidad de Corte Suprema de Justicia (CSJ), durante su periodo de parlamentario (2009-2015).
Al analizar el documento, las autoridades han detectado ocho irregularidades correspondientes a depósitos bancarios, inversión en compra de vehículos y adquisición de un inmueble en Eco Residencial Las Violetas, así como otra detectada en el manejo de viáticos por viajes.
Mientras el segundo se llevaba el Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador, donde se acusa a Reyes de presuntamente liderar una red de corrupción, en ese juicio es procesado por cometer los delitos de apropiación de fondos legislativos, estafa al Estado en la compraventa de lotes y lavado de dinero.
Por lo tanto, el Ministerio Público le señala haber liderado una red que malversó un total de $6 millones y cometido una serie de irregularidades de en el Parlamento Salvadoreño.
Pero Sidney Blanco, juez Quinto de Instrucción, prefirió desconocer el proceso penal contra por haber sido uno de los magistrados de la Sala de lo Constitucional que coordinó la Comisión de Ética y Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y conoció en fase administrativa la investigación del patrimonio de Reyes en su época como diputado del FMLN.
