El ministro Nelson Fuentes explicó a los diputados que está gestionando el crédito de $91 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Lo que parecía que iba a hacer la entrega de una pieza de correspondencia para que entrara este jueves al pleno de ser posible con dispensa de trámite para avalar $91 millones que pidió el presidente de El Salvador Nayib Bukele el miércoles durante una cadena de radio y televisión, terminó en una exposición que hizo el ministro de Hacienda Nelson Fuentes a los diputados de la Comisión de Hacienda.
En términos generales, Fuentes explicó a los políticos como se desglosa el uso de los recursos para el período 2019-2021 del Plan de Control Territorial.
La fase 1, que comenzó el 20 de junio, fue de carácter represiva y consistió en sacar a los pandilleros de las zonas que tenían bajo su dominio, cortar las comunicaciones en los centros penales, golpear las finanzas de los grupos criminales y equipar y destinar dinero para la alimentación de los policías y soldados. Los diputados aprobaron en ese contexto, $2.8 millones en un primer momento y posteriormente $30.9 millones.
Pero para continuar con la fase 2, que dio inicio días después, el presidente Bukele ha pedido $91 millones, para la formación técnica de los jóvenes en condiciones de vulnerabilidad, en diferentes oficios y disminuir gradualmente el ingreso de los adolescentes a grupos delincuenciales. La estructura de financiamiento del plan es de $575.2 millones para el período 2019-2021.
Este dinero está repartido de la siguiente manera: $80.6 millones son del fondo general; $122.2 millones de las contribuciones especiales; $58.2 millones de préstamos por desembolsar; $103.9 millones de donaciones; $200 millones de un préstamo que se gestiona con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y $10.4 millones de créditos de inversión incluidos en el presupuesto para este año.
Es así que para el presente año en la fase 1 y 2 se utilizarán $192.8 millones. Para el 2020 que incluye tres fases se requerirá de $226.2 millones; y para el 2021 están solicitando $156.2 millones, para completar los $575.2 millones.
La fase 2 necesita $158 millones, agregó Funes, y es aquí donde se incluyen los $91 millones del préstamo del BCIE que están gestionando con la entidad financiera.
Con esa cantidad destinarán $30 millones para educación y capacitación de jóvenes; $20 millones para obras públicas en comunidades precarias; $10 millones para proyectos de agua potable; $5 millones para proyectos de ligas deportivas; $14 millones para bibliotecas CUBO y $1 millón para la operatividad de lo anterior.
Esta fase que es la denominada “oportunidad”, comprende reactivar el tejido social y económico para dar oportunidades en las zonas vulnerables. Además se pretende recuperar, sanear y remodelar los espacios para mejorar las condiciones de vida de las personas y por último, apoyar con oportunidades y opciones diferentes, transformando las localidades para la inserción en la vida productiva.
Durante la cadena de radio y televisión el presidente Bukele lanzó un reto a los políticos: “Diputados aprieten ese botón. Si perdemos esta batalla, tal vez no tengamos la oportunidad de salvar nuestro país”. Hoy, los parlamentarios le regresan la pelota al presidente y le recordaron que para aprobar recursos primero deben presentar una iniciativa y apenas están haciendo trámites para pedir los $91 millones al (BCIE).
El diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodolfo Parker, aprovechó para decirle a Bukele que así como la Asamblea ha hecho esfuerzos, bueno sería que en el Órgano Ejecutivo se suprima por ejemplo el seguro de vida privado que tienen los funcionarios públicos y que prescindan de andar en camionetas de lujo.
Mientras, el presidente de la Asamblea, Norman Quijano, del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), dijo que se preocupó porque en el mensaje de Bukele daba a entender que el préstamo de los $91 millones iba a entrar como iniciativa de ley, pero con la explicación que dio el ministro de Hacienda, queda claro que solo llegó a aclarar los procedimientos que se están llevando a cabo para obtener ese dinero.
En resumen, la aprobación de este empréstito que el presidente Bukele lo necesita con urgencia, llevará tiempo, semanas probablemente, en lo que el Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda hace el trámite en el (BCIE).
Las políticas antipandillas comenzaron a aplicarse durante los gobiernos areneros de Francisco Flores (1999-2003) con su plan "mano dura" y el plan "súper mano dura" bajo la administración de Antonio Saca (2004-2009), y quien en la actualidad guarda prisión (10 años) por peculado, lavado de dinero y soborno. Ambas iniciativas fracasaron y siempre se mantuvieron altos índices de homicidios.
Los gobiernos de los efemelenistas Mauricio Funes (2009-2014) y Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), tampoco fueron efectivas.
Los pactos electorales entre políticos y pandilleros fue una constante que se mantuvo en los gobiernos antes mencionados, pero nunca formaron parte de una política de seguridad pública, más bien se hacía para obtener réditos partidarios.
El Gobierno de Bukele desde mediados del mes pasado comenzó con su ambicioso plan que está dividido en siete fases y que abarca tres años.
En 41 días de gobierno, ha logrado cambios significativos, pero ha tenido que recurrir a financiamientos para implementar su propuesta de seguridad.