Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción (SPTA) informó que desde la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) en 2011, ha respondido más de 166 mil solicitudes de información en los diferentes ministerios y dependencias gubernamentales.
Según el secretario de Participación y Transparencia, Marcos Rodríguez, la vigencia de la LAIP ha marcado un avance en materia democrática para El Salvador, ya que antes de esta, solicitar información pública no era un derecho, y los titulares y sus comunicadores decidían qué divulgar y la entrega de información se daba por el nivel de influencia de cada persona.
La SPTA ha puesto a disposición de la ciudadanía información sobre los viajes de todos los presidentes, financistas privados de los partidos políticos, donaciones a organizaciones y fundaciones, entre otros. Solo el 1% de la información gubernamental permanece clasificada como “bajo reserva”.
Desde la entrada en vigencia de la LAIP, la SPTA ha revelado información de casos emblemáticos, entre ellos la publicación 720 viajes de presidentes, vicepresidentes y primeras damas entre 1989 y 2016. Datos que sirvieron para determinar que el expresidente Mauricio Funes y el actual mandatario, Salvador Sánchez Cerén, son los que menos han viajado en dicho período de tiempo.
Le puede interesar: Grupo Promotor LAIP: GOES debe garantizar acceso a información.
Por su parte, el Grupo Promotor de la LAIP también destaca el valor de la ley contra la corrupción.
“En estos 7 años, la LAIP se ha vuelto un instrumento clave para el empoderamiento de las organizaciones sociales, para el periodismo y para muchos ciudadanos que usan la ley para acceder a información pública. A través de solicitudes de información se han descubierto irregularidades en diversas instituciones públicas”, afirmaron los miembros de dicho Grupo en un comunicado.
Sin embargo, Rodríguez señaló que en los últimos meses ha habido un retroceso en el derecho al acceso a la información debido a la resolución de la Sala de lo Constitucional que estableció de oficio tres causales para denegar información.
Dichos límites establecidos violarían lo manifestado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que detalla que la LAIP debe “responder a un objetivo permitido como el respeto de los derechos de los demás o la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública y, sobre todo, deben ser necesarias en una sociedad democrática, por lo que deben satisfacer un interés público imperativo”.
No obstante, la implementación de la LAIP sigue planteando retos, pero la SPTA ha reafirmado su compromiso por mejorar dicha herramienta y combatir la corrupción.
