El magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Florentín Meléndez aseguró este martes que todas las resoluciones de inconstitucionalidad emitidas son apegadas a lo que mandata la Constitución de la República y presentadas en respuesta a las demandas de ciudadanos.
“Estamos ejerciendo nuestras funciones de acuerdo a los mandatos de la Constitución de la República y continuaremos a pesar de todas las difamaciones, amenazas y críticas que han tenido las sentencias”, dijo el magistrado.
El pasado 13 de julio, magistrados de la Sala declararon inconstitucionales la emisión de los $900 millones en bonos que serían, según el Gobierno, invertidos en programas de seguridad, el ejercicio de las funciones de diputados suplentes por “no haber sido elegidos por voto electoral”, un impuesto del 13% a la energía eléctrica y la ley de amnistía.
Ante esto, Florentín asegura que las críticas negativas en contra de dichas resoluciones han generado un impacto debido a que “profesionales” desconocen la Constitución, por lo que han sido demandados ante la Fiscalía General de la República (FGR) por cometer, según las denuncias, delito de prevaricato.
El 8 de agosto del presente año, diputados suplentes del FMLN presentaron una denuncia ante la FGR en contra de los magistrados acusándoles de cometer Prevaricato y argumentando que la sentencia en su contra es arbitraria y viola el artículo 86 de la Constitución.
“Nosotros seguiremos con nuestro trabajo, no es primera vez que hemos sido denunciados por supuestamente cometer delitos, nada ha prosperado y nada prosperará, la Constitución nos asiste y protege, vamos a esperar que funcione la institucionalidad del país, que se nos procese si hay pruebas”, acotó el funcionario.
Asimismo el magistrado, Sídney Blanco afirmó que la Sala interpreta la Constitución con expectativas a contribuir a la democracia del país.
“Sin duda el Tribunal no se va a detener en resolver las demandas de los ciudadanos. (“¦) Estamos convencidos que las autoridades demandadas se han incomodado por las decisiones de la Sala”, aseveró Blanco.
El magistrado explicó que en el caso de las sentencias sobre los diputados suplentes y amnistía, no se tratan de persecuciones políticas, “como se han entendido”.
“Nos es una persecución a toda clase de personas: inocentes, culpables o sospechosos, sino simplemente es de actuar con el debido proceso y definir responsabilidades conforme a la pruebas que se presenten”, aclaró el funcionario.
