Durante la audiencia que se lleva a cabo en el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, por el caso denominado cómo "Destape a la Corrupción II, un testigo con régimen de protección, narró la forma en que presuntamente, triangulaban el dinero de Casa Presidencial hacia la empresa Grupo Samix perteneciente al expresidente de la República, Elìas Antonio Saca y su esposa, Ana Ligia Mixco Sol de Saca.
Según la Fiscalía General de la República (FGR), el testigo señaló que los registros contables del Grupo Radial Samix (empresas de Saca), “fueron manipulados con el afán de mostrar una verdad que no era lo que realmente estaba sucediendo”.
Asimismo, manifestó que el expresidente quería mostrar que las empresas del Grupo Samix, tenían suficientes ventas, cuando, según el testigo; los ingresos provenían de presuntamente de una fuente ilícita.
Por otra parte, el testigo señala la función que ejerció cada uno de los ahora imputados, señala que el auditor externo, Milton Avilés, conoció las irregularidades que estaban sucediendo, pero supuestamente hizo caso omiso y firmó informes de auditorías donde se eliminaban estas observaciones contables.
También, el testigo declaró que Avilés, era el encargado de avalar; mediante el desarrollo de procedimiento de auditoría, las operaciones que desarrollaba el Grupo Radial Samix. Dicha validación la ejercía directamente él, o la delegaba a auxiliares de auditoría, bajo su supervisión.
Además, declararon dos personas que dijeron que a ellos les pidieron abrir unas supuestas sociedades, narrando que la firma ‘Tóchez Fernández’ fue la que los utilizó para la creación de estas sociedades, haciéndoles creer después que les compraba las sociedades.
"El traslado de dinero desde Capres hacia las sociedades se hacía a través de simulaciones de pautas publicitarias. Aparentemente estas sociedades le prestaban a Presidencia, pero definitivamente nunca prestaron ese servicio sino que fueron servicios simulados y así es como llegaron a obtener ellos el dinero", señaló la representante del Ministerio Público.
Además, dijo que las sociedades Promotora de Comunicaciones, América Publicidad, Marketing and Service y Funes y Asociados fueron utilizadas para poder transferir los fondos de la presidencia hacia la sociedad del expresidente Elías Antonio Saca.
De manera general, la fiscal expuso ayer las conclusiones del peritaje, a pesar que solamente declaró el primero de cuatro que han sido convocados.
"Los peritos han concluido que el dinero que se sustrajo de las cuentas de presidencia hacia las cuentas del señor Élmer Charlaix, Francisco Arteaga y Pablo Gómez al final fueron a caer a las cuentas de Grupo Radial Samix, de Promotora de Comunicaciones y las demás sociedades que son del señor Saca con la señora Ana Ligia Mixco Sol de Saca", aseguró la fiscal.
Charlaix, Arteaga y Gómez fueron condenados a 10, 6 y 16 años de prisión, respectivamente, según lo dictó el Tribunal Segundo Sentencia de San Salvador en julio de 2018.
Inicialmente fue contra 13 imputados en total por el delito de lavado de $17.6 millones durante el mandato del expresidente Saca.
Sin embargo, se han apartado a cinco de los imputados. Tres de ellos solicitaron ser separados porque tenían padecimientos de covid-19. Por su parte, Gerardo Antonio Funes Durán y Cesar Daniel Funes (papá) se sometieron a un procedimiento abreviado.
Los imputados están acusados de participar en una supuesta red que ayudó al expresidente Saca a lavar cerca de $22 millones provenientes de cuentas bancarias de la Presidencia, entre ellos la ex primera dama Ana Ligia de Saca. El juicio continúa este día con declaraciones de los peritos.
Saca declarará en caso “Destape a la corrupción II”
El Tribunal Cuarto de Sentencia convocará al exmandatario Elías Antonio Saca, para rendir su declaración en el juicio que se realiza en contra de Ana Ligia de Saca, su esposa.
Las declaraciones serán realizadas el próximo lunes. En el proceso judicial, la defensa de la ex primera Dama, expuso en el Tribunal que Elías Antonio Saca, condenado en 2018 en un juicio abreviado, confesó que extrajo de la Presidencia $300 millones de dólares, y eximió de responsabilidad a Ana Ligia Mixco Sol.
