ONG sostiene que la Constitución les da el derecho de insurrección para restaurar orden constitucional
Miembros de la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU) convocaron este viernes a la población a desacatar y desobedecer la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre la habilitación de los carriles del SITRAMSS, pues consideran que la medida obedece a intereses políticos y no a los de la población.
“Hacemos un llamado a todas las personas, organizaciones e instituciones públicas a organizar un “˜Desacato Popular”™, mediante la campaña que este día inicia y que hemos denominado: Desobediencia cívica y desacato popular contra la Sala (in y anti) Constitucional”, expresa ASGOJU por medio de un comunicado.
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Esta ONG, sostiene que dicha medida tomada por la Sala el pasado 8 de mayo, pretende desestabilizar la economía nacional y cambiar las reglas electorales en favor de la “derecha oligárquica incapaz de recuperar el Ejecutivo por la vía democrática”.
Afirman que la Constitución de la República les da el derecho a la insurrección para restaurar el verdadero orden constitucional según el artículo 87 de la Carta Magna.
“No debemos temer a desacatar las resoluciones judiciales ilegales que violentan la Constitución, menoscaban la institucionalidad y vulneran los derechos de la población; debemos hacer uso del derecho a la desobediencia civil cuando las resoluciones son injustas, faltas de ética y sin sustento constitucional”, expresan.
ASGOJU también exige a todas las instituciones y funcionarios del Ejecutivo, Asamblea Legislativa y Sistema Judicial a no acatar las sentencias inconstitucionales y contrarias a los intereses colectivos emitidas por la Sala, con base en el artículo 235 de la Constitución que establece que ningún funcionario puede acatar una disposición que contraríe los preceptos y principios constitucionales.
Añadieron que a partir de hoy anuncian acciones jurídicas y políticas, acompañas de movilizaciones sociales, hasta lograr la renuncia o destitución de los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional.