El exfiscal de la República, Luis Martínez, y el exdirector de Intereses de la Sociedad de la Fiscalía General de la República (FGR), Julio Arriaza, son los únicos imputados que seguirán en prisión mientras se desarrolla el juicio en su contra. El Juzgado Cuarto de Paz concedió medidas sustitutivas al arresto para otros 15 imputados por el caso “Operación Corruptela”.
Carla Francesca García, esposa de Luis Martínez, y Mauricio Antonio Yanez, exgerente general de la Fiscalía, tienen la orden de permanecer en el país y presentarse cada ocho días al Juzgado Cuarto de Instrucción. Los otros 13 imputados continuarán siendo procesados en libertad sin ningún tipo de restricciones.
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La jueza Nelly Pozas sustentó su decisión con que las pruebas presentadas por los fiscales de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) no tenían la fuerza suficiente para mantener en prisión a todos los imputados. La Fiscalía revisará la documentación con la resolución de la jueza y analizará si se interpondrán algún tipo de apelación.
Uno de los nueve fiscales del caso manifestó que se analizará el documento de la resolución “y, desde luego, si consideramos procedente se interpondrán los recursos de apelación que correspondan”. “Hemos escuchado la resolución de la señora jueza y desde un inicio ella manifestó que no había tenido la posibilidad de revisar la totalidad de las diligencias que han sido incorporadas. Consideramos que eso motivó que no se pudiera dar un alcance integral de los elementos que se han incorporado hasta la fecha”, explicó.
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Debido a que Martínez enfrenta otras acusaciones en el Juzgado Octavo de Instrucción, el juzgado manifestó que esta fue la razón por la cual no se le otorgaron las medidas sustitutivas. Arriaza seguirá en prisión debido a que existen “altas probabilidades de fuga”.
Los delitos de peculado, negociaciones ilícitas, omisión de investigación y lavado de dinero son algunos que se le imputan al exfiscal general. El exjefe fiscal es procesado por los delitos de omisión de investigación, falsedad documental agravada y privación de libertad por funcionario.