El Laboratorio de Investigación y Acción Social contra la Impunidad (LIASCI) denunció la impunidad que persiste en el caso de los principales dirigentes del Frente Democrático Revolucionario (FDR) asesinados el 27 de noviembre de 1980, fecha que se sitúa en el contexto de la guerra civil salvadoreña.
Fueron seis líderes que perdieron la vida tras este hecho: Enrique Álvarez Córdoba, presidente del FDR; Juan Chacón, del Bloque Popular Revolucionario (BPR); Manuel Franco, de la Unión Democrática Nacionalista (UDN); Doroteo Hernández, periodista y dirigente sindical de la Unión de Pobladores de Tugurios (UPT); Humberto Mendoza, del Movimiento de Liberación Popular (MLP); y Juan Barrera, del Movimiento Nacional Revolucionario (MNR).
“Transcurridos 42 años después de ocurrida esa atrocidad, sus responsables no han sido presentados ante los tribunales para ser juzgados y condenados; al día de hoy, estos continúan protegidos por la impunidad oficial”, manifestó LIASCI.
Asimismo, el Laboratorio expresó que ellos fueron secuestrados y asesinados por estar decididos “a cambiar la historia de nuestra población sufrida por la violación grave de sus derechos humanos”, además de formar parte de la dirigencia del FDR.
“Fueron secuestrados entonces a plena luz del día y trasladados a las bartolinas del horror tiránico para ser torturados salvajemente. Al final del día, los llevaron a los sitios donde fueron ejecutados de forma vil y cobarde”, señala el comunicado.
“(Ellos) tenían bien metida en su corazón y en su mente la convicción firme del sacrificio y la entrega en favor de la liberación de las mayorías populares salvadoreñas, oprimidas y reprimidas por la clase dominante mediante el uso y el abuso de la Fuerza Armada y sus organismos de ‘seguridad’ militarizados”, agrega.
Según investigaciones, los cadáveres de estos líderes fueron encontrados con señales de tortura en las proximidades del lago de Ilopango.
