La situación de la violencia en América Latina: el caso excepcional de El Salvador bajo el liderazgo de Nayib Bukele

El encuentro celebrado el 14 de abril en la Casa Blanca entre el presidente Donald Trump y Nayib Bukele, puso en el centro de atención la política de combate a las pandillas que el pequeño Estado centroamericano ha venido implementando desde hace varios años.

Por Pascal Drouhaud.

El encuentro celebrado el lunes 14 de abril de 2025 en la Casa Blanca entre el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no solo reafirmó los vínculos que unen a ambos países —generando numerosos comentarios—, sino que también puso en el centro de atención la política de combate a las pandillas que el pequeño Estado centroamericano ha venido implementando desde hace varios años.

Elegido en febrero de 2019 en la primera vuelta de las elecciones presidenciales con el 53 % de los votos, a la edad de 37 años, el entonces nuevo presidente Nayib Bukele (1) hizo de la lucha contra la inseguridad —profundamente arraigada en la sociedad a través del fenómeno de las ‘maras’, pandillas que controlan diversos tipos de tráfico, incluido el de drogas— una prioridad absoluta. Considerado en aquel momento como el país más peligroso del mundo, con una tasa de homicidios de 106 por cada 100.000 habitantes en 2015 (más de 7.000 asesinatos por año), El Salvador atravesaba una década marcada por la desaparición violenta de más de 41.000 personas.(2)

Los efectos sobre la economía y la cohesión social eran palpables en un país marcado por una fuerte vocación comercial: el 69,3 % del PIB dependía del sector servicios, el 25,6 % de la industria y apenas el 5,1 % de la agricultura. El mandato del expresidente

Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), proveniente del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) (3), no conoció un solo día sin homicidios. Estadísticamente, se registraba un asesinato cada hora. Esta situación generaba un foco constante de tensión en América Central, una región ya afectada por la presión migratoria y el endurecimiento del autoritarismo del presidente Daniel Ortega en Nicaragua (4), lo que debilitaba al Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) (5). Mauricio Funes, presidente entre 2009 y 2014, sólo experimentó un día sin homicidios durante todo su mandato (6). En definitiva, se trataba de una situación insostenible.

Reelegido en febrero de 2024 con más del 84 % de los votos, Nayib Bukele ha logrado erradicar la violencia en su país mediante la implementación de una estrategia integral de seguridad por parte del Estado: fortalecimiento y supervisión de la policía y las fuerzas armadas, mejora del equipamiento, articulación del aparato judicial con el Ministerio del Interior, construcción de infraestructuras dependientes del Ministerio de Justicia, entre ellas el conocido Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), y, paralelamente, el impulso de una política económica atractiva para los inversores, especialmente a través del desarrollo de infraestructuras de movilidad. Este conjunto de acciones ha permitido al Estado recuperar el control de un territorio de 21.041 km² con una población de apenas seis millones de habitantes.

Con una tasa de homicidios del 1,9% en 2024, El Salvador demuestra que existe un camino para salir de la violencia crónica, en un contexto donde esta realidad es la principal preocupación de las poblaciones latinoamericanas. Los migrantes abandonan sus países debido a los problemas de gobernanza y a la economía en decadencia en sus lugares de origen: Venezuela, bajo la dictadura de Nicolás Maduro, y Haití, dominado por las pandillas encabezadas por la figura mediática de Jimmy Cherizier, alias ‘Barbecue’, se han convertido en los principales afectados.

La situación inédita de El Salvador se ha convertido en un ejemplo del que muchos desearían inspirarse o que observan con atención: Ecuador, tras la reciente reelección de Daniel Noboa (7), Chile, Perú, Colombia, así como México y Centroamérica, son algunos de los países afectados por la persistencia de esta violencia que busca debilitar a los Estados. ¿Puede El Salvador ser considerado un modelo regional? El encuentro con el presidente Donald Trump esta semana reveló las líneas de una cooperación bilateral, especialmente en materia de justicia y lucha contra la inseguridad, en un contexto donde 2,5 millones de salvadoreños residen en Estados Unidos. Se trata, en Centroamérica, de una prioridad absoluta que, debido a la geografía, constituye un asunto de seguridad nacional para los Estados Unidos.

Nayib Bukele y el restablecimiento de la autoridad del Estado salvadoreño

El Salvador ha experimentado dos períodos de violencia extrema a lo largo de su historia contemporánea: por un lado, la guerra civil, en el contexto del conflicto EsteOeste, en la que América Central fue un foco de tensiones, desde 1979 hasta la firma de los acuerdos de paz de Chapultepec en febrero de 1992; y por otro lado, la guerra contra las pandillas, iniciada al final de una década sangrienta durante los años 2010.

El Salvador se vio confrontado a un conflicto interno a finales de la década de 1970. El cierre de los espacios democráticos y un desarrollo deficiente en una región sometida a la presión ideológica de la rivalidad Este-Oeste, debían encender los ánimos en América Central. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), de tendencia marxista-leninista, aliado con el Frente Democrático Revolucionario (FDR), emprendía, con el apoyo, entre otros, de Nicaragua y Cuba, una lucha revolucionaria contra el gobierno que contaba con el respaldo de los Estados Unidos. La llegada de una junta militar compuesta por jóvenes oficiales reformistas en 1979 daría paso a una coalición gubernamental a partir de 1982, de la cual emergiría el demócrata-cristiano José Napoleón Duarte.

Presidente de la República entre 1984 y 1989, José Napoleón Duarte impulsó una política de lucha contra la guerrilla, la cual lanzó dos ofensivas generales, en enero de 1981 y en noviembre de 1989. El país se sumió en un conflicto interno que provocó la muerte de más de 35.000 personas, el éxodo de tres millones de habitantes —la mayoría hacia los Estados Unidos— y el desplazamiento interno de cientos de miles de personas, muchas de las cuales se asentaron en zonas urbanas, comenzando por la capital, San Salvador, así como en ciudades como San Miguel, San Vicente y Santa Ana.

Esta crisis también se manifestaba a nivel regional: Guatemala atravesaba igualmente un conflicto interno entre un régimen militar liderado por el general Efraín Ríos Montt (1982-1983) y una guerrilla de orientación marxista, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), antes del retorno a un gobierno democrático encabezado por el demócrata-cristiano Vinicio Cerezo (1986-1990). La paz se firmó en diciembre de 1996. Honduras albergaba la principal base militar estadounidense en América Central, mientras que Nicaragua estaba gobernada, desde la caída de Anastasio Somoza en 1979, por el sandinista Daniel Ortega (8). La caída del Muro de Berlín, el 9 de noviembre de 1989, anunciaba el fin del sistema bipolar Este-Oeste, hecho que se oficializaría con la disolución de la ex URSS en 1991.

En América Central, se abría una nueva etapa liberal con los acuerdos de Chapultepec de 1992 entre el FMLN-FDR y el gobierno salvadoreño, los acuerdos de 1996 entre la URNG guatemalteca y el presidente Álvaro Arzú, y con la salida de Daniel Ortega de la presidencia de Nicaragua en 1990, tras unas elecciones marcadas por la victoria de Violeta Chamorro. Una etapa liberal en el ámbito económico, a favor de la integración regional y el desarrollo de los servicios, sucedía a la década perdida de los años 1980. No obstante, los males contemporáneos de una América Central sometida a la violencia de las pandillas comenzaban a emerger: numerosos delincuentes centroamericanos detenidos en las prisiones estadounidenses eran deportados a sus países de origen, estableciendo, a lo largo de los años, los focos de una criminalidad nueva, organizada y coordinada. Los gérmenes de las ‘maras’, que debían aterrorizar El Salvador durante la década de 2010, se encuentran en esta realidad.

Nayib Bukele nació el 24 de julio de 1981. Era un niño durante los años de la guerra civil, lo que le permitió, al acceder a cargos públicos como alcalde de la ciudad periférica de San Salvador, Nuevo Cuscatlán (2012), y luego de la capital en 2015, medir la gravedad del problema de la seguridad. Desarrolló la idea de que su país enfrentaba una nueva ‘guerra’, la guerra contra las pandillas, que debía hacer más víctimas que la guerra civil de los años 1980. Este diagnóstico y análisis constituyen la base de lo que se ha convertido en la ‘doctrina Bukele’: una restauración del Estado en sus funciones esenciales, garante de la seguridad y de la libre circulación de personas, bienes y mercancías, una lucha implacable contra la criminalidad organizada, y una constancia a largo plazo con un estado de emergencia que ha perdurado durante 3 años. Elegido presidente en 2019 con un programa de compromiso, Nayib Bukele ganó las elecciones legislativas de 2021, lo que le permitió contar con una mayoría que respalda la prioridad de su gobierno: el retorno de la seguridad (9).

Esta prioridad constituye la base de la confianza y la credibilidad en la acción pública, también marcada por una simplificación del mapa territorial y electoral: el número de municipios se redujo de 262 a 44, y el de diputados de 84 a 60. El partido político de Nayib Bukele, ‘Nuevas Ideas’, cuenta con mayoría parlamentaria y respalda, desde los territorios, la acción del Jefe de Estado. Y no es para menos: el periodo de la COVID-19 movilizó los recursos del Estado en un país cuya gestión en materia de prevención del contagio del virus y seguridad pública fue reconocida a nivel internacional. La pandemia dio lugar a una primera reducción del número de homicidios: de 18,1 por cada 100.000 habitantes en 2021 (1.147 homicidios), se descendió a 7,8 en 2023 y a 1,9 a comienzos del año 2025, un nivel sin precedentes en este país centroamericano.

Uno de los pilares de la política de seguridad de Nayib Bukele ha sido la construcción, en 2022, del Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido como CECOT. Se trata de un centro penitenciario de altísima seguridad, inaugurado en enero de 2023 en Tecoluca, El Salvador. Con una capacidad para 40.000 internos, es considerado la prisión más grande de América. En junio de 2024, albergaba a 14.500 reclusos. Nayib Bukele considera a los miembros de las pandillas como terroristas; por ello, sostiene que este establecimiento no es una prisión ‘convencional’, sino un recinto destinado específicamente a contener y erradicar el avance de las maras (10).

Relaciones con los Estados Unidos y situación regional de Centroamérica

El mensaje que el presidente salvadoreño desea transmitir busca afirmar la autoridad del Estado en el marco de un enfoque político: la detención y el control de las ‘maras’ permite la ‘liberación’ del pueblo salvadoreño. Sin duda, América Central ha vuelto a situarse en el centro de atención desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump.

En este contexto, El Salvador puede aspirar a desarrollar una acción concertada, dado que alberga la sede permanente del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). América Central representa un espacio de 60 millones de habitantes distribuidos en varios países. Aunque políticamente fragmentado, el istmo centroamericano —y en particular el llamado ‘Triángulo Norte’, compuesto por

Guatemala, El Salvador y Honduras— concentra la mitad del comercio regional. En este escenario, las relaciones con los Estados Unidos resultan naturales, tanto en el plano económico como en el humano: así, los 2,5 millones de salvadoreños que residen en territorio estadounidense envían anualmente remesas a sus familias en el país. Estas conocidas ‘remesas’ representan cerca del 25 % del PIB salvadoreño, alcanzando en 2024 un volumen de hasta 8.500 millones de dólares.

En este contexto, el diálogo entre los Estados Unidos y El Salvador se presenta como indispensable, dada la importancia de los vínculos que los unen. El pasado 14 de abril, el presidente salvadoreño fue recibido en la Casa Blanca por Donald Trump. La cooperación económica, así como en el ámbito judicial, formó parte de la agenda del encuentro bilateral, que evidenció la solidez de las relaciones entre ambos países. El Salvador se ha mostrado favorable a la idea de recibir en el CECOT a miembros de pandillas, en particular venezolanos, como los pertenecientes al ‘Tren de Aragua’. Ya son 240 los reclusos que han sido trasladados al centro ubicado en la ciudad de Tecoluca. Se trata, sin duda, de una cooperación efectiva entre ambos países (11).

El CECOT es un establecimiento salvadoreño administrado por las estructuras estatales nacionales. No existe en él presencia extraterritorial, a diferencia del caso de la base de Guantánamo en Cuba, que fue utilizada como centro de detención para ‘combatientes ilegales’ tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la posterior intervención estadounidense en Afganistán e Irak. Diversas organizaciones no gubernamentales han expresado su preocupación respecto a las posibles implicaciones para los derechos fundamentales que conlleva la externalización de la justicia penal  (12).

La estrategia de comunicación en torno al CECOT y sus normas persigue un doble objetivo por parte de las autoridades: por un lado, demostrar el restablecimiento de una sanción efectiva y de la autoridad de un Estado firme (en el caso de El Salvador); y por otro, subrayar la voluntad de combatir, más allá de las fronteras, la criminalidad organizada (en el caso de los Estados Unidos) mediante la cooperación y el uso compartido de recursos. En definitiva, se trata de una relación de tipo ‘ganar-ganar’, que también busca evidenciar la determinación de ambos gobiernos de enfrentar la inseguridad generada por los tráficos ilícitos, considerados por ambas administraciones como focos de desestabilización que deben ser erradicados.

Esta postura ha quedado reflejada, además, en las diferencias entre los programas presidenciales en Ecuador, donde el pasado 13 de abril se enfrentaron el presidente saliente Daniel Noboa —quien ha militarizado la lucha contra las pandillas durante el último año y medio— y Luisa González, defensora del correísmo (13). El primero sostiene que la ultra-violencia es generadora de crisis económica y empobrecimiento social, mientras que la segunda argumenta, por el contrario, que la violencia es consecuencia de la desigualdad y la pobreza. Finalmente, los ecuatorianos renovaron su confianza en el presidente Noboa, en un contexto donde el sentimiento de inseguridad está profundamente arraigado en la vida cotidiana de los ciudadanos —al igual que el anhelo de contar con un Estado restaurado, renovado, eficaz y protector— , tal como ocurre también en El Salvador.

Nayib Bukele ha restablecido la seguridad en un país, El Salvador, cuya situación era crítica antes de su llegada al poder en junio de 2019. El presidente salvadoreño, mediante la implementación de una serie de medidas que abarcan desde el fortalecimiento de las capacidades policiales hasta el desmantelamiento de las pandillas, y contando con una mayoría parlamentaria y el respaldo del aparato judicial, ha logrado recuperar el control. La tasa de homicidios se sitúa actualmente en 1,9 por cada 100.000 habitantes, una situación sin precedentes en este país centroamericano. Esto le permite avanzar en una agenda orientada a una nueva dinámica de atracción económica, fortaleciendo especialmente los servicios digitales, las infraestructuras viales para integrar territorios históricamente aislados, así como el desarrollo de una industria turística sólida.

La intención es posicionar a El Salvador como un polo de estabilidad regional, atractivo para la inversión extranjera. Esta nueva realidad rompe con la imagen —y la experiencia histórica— que asociaban al país con una violencia recurrente, cuyas causas podían ser tanto de índole política como relativas a la seguridad pública. Este tema constituye, de hecho, la principal prioridad para los países latinoamericanos que enfrentan la presión de grupos criminales vinculados al tráfico ilegal, en particular de drogas. Esta es una de las razones que explican la creciente visibilidad que ha adquirido El Salvador en los últimos años dentro de la región centroamericana, en contraste con el caso de Haití, que actualmente se encuentra bajo el control de grupos ilegales.

Más que presentar un ‘modelo’, el presidente salvadoreño impulsa la idea de una ‘doctrina Bukele’ en el marco de una cooperación con países que enfrentan crisis de seguridad, así como con los Estados Unidos, con quienes El Salvador mantiene una relación sólida: no solo por razones geográficas, sino también por la presencia de más de 2,5 millones de salvadoreños que residen en ese país y que, mediante el envío de remesas a sus familias, contribuyen con aproximadamente el 23 % del PIB nacional. En este sentido, la estabilidad de este país centroamericano constituye una condición indispensable para su desarrollo económico y social, al tiempo que permite contribuir a iniciativas destinadas a relanzar el proyecto de una cooperación reforzada en una América Central sometida a la presión migratoria, a focos de tensión y bloqueo originados por Nicaragua, y a la amenaza del narcotráfico. Todos estos son desafíos de gran envergadura que El Salvador enfrenta bajo el liderazgo de Nayib Bukele.

Artículo en coordinación con la revista francesa Defense Nationale (www.delnat.com)


NOTAS:

Pascal Drouhaud es especialista en relaciones internacionales. Los temas relacionados con la democratización y el desarrollo en América Latina constituyen ejes fundamentales de sus numerosos trabajos. Publica con regularidad en revistas francesas especializadas en geopolítica. Es presidente de la Asociación FranciaAmérica Latina (Latfran / www.latfran.org), y también se desempeña como corresponsal del diario salvadoreño El Diario de Hoy.

(1) Nayib Bukele fue elegido presidente de El Salvador en febrero de 2019 y asumió el cargo el 1 de junio del mismo año. Su prioridad ha sido el restablecimiento de la seguridad en un país históricamente afectado por la presencia de las denominadas maras. En 2015, la tasa de homicidios alcanzaba los 106 por cada 100,000 habitantes; para el año 2024, esta cifra se redujo a 2.4 por cada 100,000. Reelegido para un segundo mandato en febrero de 2024, el presidente Bukele continúa implementando su política de seguridad en un contexto regional complejo, al tiempo que busca reforzar la atracción económica y turística de su país.

(2) Karla Arévalo, Silvia García, Stephanie Martinez, « El Salvador: la antigua “capital mundial del asesinato” », Voice of America, 28 diciembre 2024 (https://www.vozdeamerica.com/a/el-salvador-la-antigua-capital-mundialdel-asesinato-/7917143.html).

(3) FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional): guerrilla fundada en octubre de 1980, encabezada, entre otros, por Shafick Handal. Conformado por un frente armado y otro político, el FMLN-FDR alternó entre ofensivas generales (enero de 1981 / noviembre de 1989) y espacios de diálogo político regional, como los Acuerdos de Esquipulas y el proceso impulsado por el Grupo de Contadora. Tras la caída del Muro de Berlín, las negociaciones entre el gobierno salvadoreño de orientación nacionalista, presidido por Alfredo Cristiani (1989-1994), y la guerrilla, condujeron a la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec, el 16 de enero de 1992.

(4) Pascal Drouhaud et David Biroste ”Nicaragua: el metódico abandono de la democracia” «Nicaragua : le méthodique abandon démocratique », Revue Défense Nationale, chron. Amérique latine, Avril 2025, n° 879, pp. 121-127 (https://www.defnat.com/e-RDN/vuearticle.php?carticle=23699&cidrevue=879).

(5) El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) fue creado en 1993. Está conformado por los países de Centroamérica (Guatemala, Honduras, El Salvador, Belice, Nicaragua, Costa Rica y Panamá), así como por la República Dominicana. Con sede en San Salvador, el SICA tiene como objetivo fortalecer un espacio comercial centroamericano, actualmente paralizado debido al bloqueo impuesto por Nicaragua.

(6) Mauricio Funes, experiodista, fue elegido presidente de El Salvador en 2009 como representante del FMLN. Su mandato, que se extendió hasta 2014, estuvo marcado por varios casos de corrupción que lo llevaron a refugiarse en Nicaragua para evitar procesos judiciales en su contra. Falleció en Managua el 21 de enero de 2025.

(7) Pascal Drouhaud “ Ecuador y el desafío del creciente tráfico de cocaína”, «L’Équateur et le défi du trafic de cocaïne en croissance», Revue Défense Nationale,    chron.    Amérique    latine,    n°    863,    Octobre    2023,    pp.    115-119(https://www.defnat.com/e-RDN/vuearticle.php?carticle=23276&cidrevue=863).

(8) Daniel Ortega, excomandante del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), asumió el poder en Nicaragua tras la entrada de los sandinistas a Managua en 1979, al frente de una junta revolucionaria. Fue presidente entre 1984 y 1990, periodo durante el cual el régimen sandinista fue percibido por Washington como un foco permanente de tensiones políticas y militares en la región centroamericana. Durante la administración de Ronald Reagan, el escándalo por el financiamiento de la contraguerrilla de los contras mediante la venta de armas a Irán se convirtió en un emblema de la crisis constante en la zona. Derrotado en las urnas por Violeta Chamorro en febrero de 1990, Daniel Ortega regresó al poder en 2006, cargo que no ha abandonado desde entonces, encontrándose actualmente en el ejercicio de su cuarto mandato.

Mediante reformas constitucionales, la persecución sistemática de la oposición y la instauración de un régimen de poder exclusivo, Daniel Ortega, junto a su esposa y copresidenta Rosario Murillo, ha consolidado un régimen sandinista permanente, formalizado con las reformas constitucionales de enero de 2025.

(9) David Biroste, ”El Salvador: hacia unas elecciones legislativas históricas” « El Salvador : vers des élections législatives historiques », Revue politique et parlementaire, 1er mars 2021 (https://www.revuepolitique.fr/el-salvador-versdes-elections-legislatives-historiques/).

(10) Carlos S. Maldonado, « “La cárcel más grande de América”: la gigantesca prisión de Bukele para encerrar a las maras ». El País, 20 février 2023.

(11) Franck Mathevon, « El presidente de El Salvador, Nayib Bukele: un valioso aliado para Donald Trump » « Le président du Salvador Nayib Bukele, un précieux allié pour Donald Trump », France Inter, 15 avril 2025 (https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/geopolitique/geopolitiquedu-mardi-15-avril-2025-7380115); Claire Meynial, « Pourquoi Trump reçoit avec tant d’égards le « dictateur le plus cool du monde » », Le Point, 15 avril 2025 (https://www.lepoint.fr/monde/pourquoi-trump-recoit-avec-tant-d-egards-ledictateur-le-plus-cool-du-monde-15-04-2025-2587342_24.php#11)..

(12) Juliette Chaignon, « Washington recibe al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aliado polémico de su política de expulsiones »  « Washington reçoit le président du Salvador Nayib Bukele, allié polémique de sa politique d’expulsions », RFI, 14 avril 2025.
(https://www.rfi.fr/fr/am%C3%A9riques/20250413-le-pr%C3%A9sident-dusalvador-nayib-bukele-se-rend-%C3%A0-washington-pour-renforcer-leurcollaboration-s%C3%A9curitaire).; Julien Gester, « Unis contre l’Etat de droit, Donald Trump et le président du Salvador Nayib Bukele posent en meilleurs despotes », Libération, 15 avril 2025.
(https://www.liberation.fr/international/amerique/unis-contre-letat-de-droitdonald-trump-et-nayib-bukele-posent-en-meilleurs-despotes20250415_V7QKE5DGC5AEHN3TSBWFRW3WTU/).

(13) Luisa González mantiene una estrecha relación política con el expresidente de izquierda Rafael Correa (2007–2017), actualmente exiliado en Bélgica.