La ONU reclama la liberación del abogado Eduardo Torres, desaparecido en Venezuela.
Foto: Cortesía.
Desde Ginebra, Juan Gasparini.
«El reciente caso del abogado y defensor de derechos humanos Eduardo Torres, perteneciente al Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (PROVEA), quien se encuentra en paradero desconocido desde el pasado viernes 9 de mayo, ilustra la desprotección ante la ley» que impera en Venezuela, denunció en Ginebra la «Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos», que investiga la represión en ese país desde el 2014.
Compuesta por 3 expertos independientes mandatados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, integrado por 47 Estados que se van renovando anualmente por el voto secreto de la Asamblea General, esta Misión se encuentra integrada por Marta Valiñas (Portugal), Francisco Cox (Chile), y Patricia Tappatá (Argentina). No son funcionarios de la ONU, ni cobran sueldo por su trabajo, solo el reembolso de sus viáticos. Trabajan según su conciencia, debiendo rendir informes de sus actividades al mencionado Consejo, para difundirlos y debatirlos públicamente.
«El gobierno de Venezuela debe cesar de inmediato la detención de sus opositores, o de quienes percibe como tales, en condiciones de aislamiento e incomunicación», declaró hoy la Misión en Ginebra. Expresó su «profunda preocupación por esta practica que a menudo equivale a desapariciones forzadas, así como por la falta generalizada de protección judicial efectiva». Las calificó como «detenciones selectivas» que «forman parte de un plan deliberado del aparato represivo del Estado para silenciar figuras de la oposición» e «infundir miedo en la población».
«Mantener a personas opositoras en condiciones de aislamiento e incomunicación es una practica perversa e ilegal que puede constituir un crimen internacional», denunció la Misión. Precisó que tales practicas son cometidas en Venezuela por «los cuerpos de seguridad del Estado, en connivencia con el Ministerio Público, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía Nacional Bolivariana ((PNB) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)». Son también responsables y cómplices «los juzgados penales y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia», que «aseguran la impunidad de estos crímenes y graves violaciones de los derechos humanos».
«En el marco de esta practica política planificada desde las mas altas esferas, la falta de funcionamiento eficaz de los mecanismos de protección legal es alarmante y confirma la ausencia de un verdadero Estado de Derecho. Esta ausencia de protección está ejemplificada por la ineficiencia de la institución del habeas corpus, un mecanismo de protección fundamental contra las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y el riesgo de torturas», recalcó la Misión.
Reveló también que «en los últimos meses ha investigado y corroborado con motivos razonables para creer que en al menos 20 casos los recursos de habeas corpus o no fueron recibidos, o fueron rechazados o no obtuvieron respuesta. De los 13 casos en los que la Comisión Inter Americana de Derechos Humanos ha concedido medidas cautelares en 2025, en nueve explícitamente se registra la falta de efectividad del recurso de habeas corpus».
«La indiferencia, la resistencia o la negativa del aparato judicial a recibir y tramitar habeas corpus es un grave incumplimiento de los deberes de sus funcionarios y supone un acto de complicidad. El habeas corpus ha salvado vidas y contribuido a la investigación del comportamiento de gobiernos y grupos para estatales que actúan en la ilegalidad y el secreto», fustigó la Misión.
Asimismo recordó «que la encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derechos internacional, la tortura y la desaparición forzada de personas son crímenes de lesa humanidad cuando se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque».
«Como ha expresado reiteradamente la Misión, estas conductas se están cometiendo en Venezuela como parte del crimen de lesa humanidad de persecución fundada en motivos políticos». Vincula «una serie de hechos cometidos en implementación de un plan coordinado para silenciar, desalentar y sofocar a la oposición. Exigiendo la liberación sin condiciones de todas las personas detenidas arbitrariamente», la Misión »insta a las autoridades venezolanas a tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar la vida y la integridad personal de todas las personas bajo custodia, y de los defensores y las defensoras de los derechos humanos».
«La Misión concluyó instando al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y sus Estados miembros a que mantengan su observación y vigilancia ante la gravedad de la situación de los derechos humanos en Venezuela.