Una historia secreta y olvidada de muerte, intrigas políticas y despotismo castrense
Por Carlos Santos
Treinta y cuatro años después de ese fatico martes 6 de abril de 1981, la verdad seguía apareciendo como un cadáver que nadie quiso reconocer. Los documentos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos, las confesiones de un participante y el testimonio de familiares de las víctimas permitieron reconstruir una historia inverosímil: una operación de exterminio convertida en rutina militar, sostenida por intrigas políticas, mentiras públicas y un despotismo castrense que se creyó intocable.
Soyapango, 1981. Una zona popular. Un mapa marcado con nombres, fotografías y direcciones. Una noche de Ley Marcial. Un operativo “de limpieza”. Y, al amanecer, calles sembradas de cuerpos como advertencia.
Una voz y memorias acusadoras del pasado
No fue un arrebato. No fue improvisación. La matanza se planificó con semanas de anticipación.
El director de la extinta Policía de Hacienda (PH), Francisco Antonio Morán, entonces coronel, la diseñó con frialdad. La idea no era capturar: era actuar como Escuadrón de la Muerte. Entrar, levantar, ejecutar. Borrar.
Un delator de la zona de Soyapango había informado a la PH que varios jóvenes se reunían casi a diario en una casa abandonada en la colonia San Nicolás, y que posiblemente pertenecían a una organización guerrillera. En aquellos años bastaba esa sospecha para decretar una condena sin juicio.
Dentro del grupo que participó en el operativo se encontraba Jorge Tapia, ex miembro del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada (EMCFA), quien años más tarde narraría desde la sombra cómo se ejecutó la maniobra de exterminio.
La entrevista de 2012: el hombre que confesó
La primera reunión con Jorge Tapia se realizó en 2012, en un restaurante poco concurrido del centro de Chalchuapa, Santa Ana. Aquel encuentro fue el inicio de una serie de conversaciones en las que Tapia relató —y terminó confesando— su involucramiento, en mayor o menor grado, en crímenes cometidos en nombre del Escuadrón de la Muerte, crímenes que durante la guerra civil salvadoreña se ejecutaron con apoyo, tolerancia o encubrimiento desde estructuras del aparato militar.
Tapia ya era entonces un hombre enfermo, consumido, moreno, de hablar pausado, casi imperceptible. Dijo padecer una enfermedad terminal. Mostró documentos que lo acreditaban como sargento del Ejército salvadoreño entre 1977 y 1987, año en el que aseguraba haber desertado del EMCFA.
En esa primera reunión habló de “segunda mano”: describió metodologías, operatividad, formas de seguimiento, captura, tortura y asesinato contra quienes consideraban sospechosos de pertenecer a la guerrilla. Mencionó también el uso de listados y registros —el temido Libro Amarillo— donde se sistematizaba la información de víctimas como si se tratara de inventarios.
Pero fue hasta el tercer encuentro, en 2012, cuando accedió a confesar todo lo que sabía, con una condición: que se publicara únicamente cuando él hubiera muerto.
El operativo: semanas de preparación
—El coronel Morán nos estuvo reuniendo durante varias semanas antes de la masacre —relató Tapia—. Nos daba charlas sobre cómo actuar contra el enemigo. Yo estaba destacado en San Salvador, en la primera brigada de infantería. Esta operación se hizo en conjunto con los demás cuerpos de seguridad: Policía Nacional (PN), Guardia Nacional (GN), Policía de Hacienda (PH) y el Ejército salvadoreño. Todos bajo el mando de la PH.
La noche del martes 6 de abril de 1981, Morán les detalló el plan de “limpieza” en varias colonias: Montecarmelo, Las Brisas, San Nicolás, Florencia, 22 de Abril y otras zonas aledañas a Soyapango.
Tapia hizo una pausa. La mesera apareció y dejó el menú. Se excusó diciendo que no tenía hambre. Aun ante su negativa le pedí dos cafés. Al principio Jorge no tocó el suyo. Prosiguió como quien revive una película: con el rostro endurecido y gestos involuntarios de dolor.
—La Sección de Inteligencia de la PH, la S2, nos proporcionó una lista de personas a capturar esa noche. Nos dieron fotografías para reconocerlos. Mapas del sector. También un guía: una persona del lugar que nos acompañaría señalando casas y a las personas, ese informante iba encapuchado para que no lo reconocieran, supe que le habían entregado 25 colones como pago.
Por un instante prolongado guardó silencio. Le temblaba la mano al alzar la taza y tratar de ar un sorbo al café.
—Este secreto lo he guardado por muchos años —me dijo mirándome fijo—. Me remuerde la conciencia porque quizás no eran subversivos. Había muchos jóvenes, casi niños de catorce años. Ahora creo que fue una crueldad lo que hicimos.
Jorge se levantó con la excusa de ir al baño.
El amanecer: el cuadro dantesco
Los periódicos reportaron que, en la madrugada del 7 de abril de 1981, en la colonia San Nicolás, calle principal, casa número 16, fueron quemados tres jóvenes y en la calle quedaron esparcidos al menos 23 cuerpos: asesinados a balazos y con arma corto punzante, algunos cuerpos estaban amarrados de los pulgares con las manos hacia atrás.
Un reportero extranjero que llegó al día siguiente escribió que el “cuadro era dantesco y espeluznante”.
Tapia regresó a la mesa con dificultad y volvió a preguntar —con recelo— por el pacto. Le reafirmé que nada se publicaría hasta su muerte. Convencido, continuó.
Ley Marcial: la ciudad cerrada, la muerte abierta
—Salimos del cuartel de la Policía de Hacienda. Unos uniformados, otros de civil. Yo iba con uniforme del Ejército. Íbamos en camiones militares. Era medianoche. Llegamos en menos de media hora. Las calles estaban solas. Todavía estaba vigente la Ley Marcial, esa que prohibía salir de siete de la noche a cinco de la madrugada y que daba luz verde a los cuerpos de seguridad para matar a cualquiera que encontraran afuera.
Tapia recordó también que el país venía de la ofensiva lanzada por el FMLN en enero de ese año. En ese ambiente, la guerra no solo era combate: era sospecha, señalamiento y exterminio.
El informante encapuchado
—Llegamos a la casa del informante en la colonia Carlonia. Era un hombre de unos cincuenta años. Supe que había estado de alta en la PH antes de la guerra, recibía una pensión y dinero extra por investigar quiénes eran subversivos en la zona.
El hombre se puso una capucha para que nadie lo reconociera y nos fue guiando hasta las casas de los que iban a capturar. Varios agentes de la PN y la PH ya habían colocado un cerco de seguridad en toda la zona para evitar escapes.
A la una de la mañana ya teníamos concentrado un grupo importante de hombres. Entre ellos, muchos jóvenes. El encargado era un teniente cuyo nombre Tapia dijo no recordar con certeza.
—El teniente habló por radio con Morán. Morán dio la orden: eliminarlos a todos.
Los tres jóvenes quemados vivos
—Reunimos los jóvenes capturados afuera de una casa. Adentro había tres muchachos. Esos sí eran guerrilleros: les encontramos propaganda y libros comunistas. Los interrogamos, tratamos de que hablaran, que dijeran dónde estaban las armas, quiénes eran los jefes. No dijeron nada.
Entonces dejamos dentro de la casa a los tres guerrilleros para matarlos.
—Ordenaron prenderle fuego. Un policía de hacienda roció la casa con gasolina. Dicen que también a ellos, amarrados y vendados, les echaron gasolina en el cuerpo.
Tapia me miró directo, como si midiera el peso de lo que acababa de decir.
—Yo me siento muy mal por ese operativo. Porque, aunque fueran guerrilleros, no murieron en combate. Luego a varios jóvenes los matamos a quemarropa. Los pusimos contra la pared y les disparamos. Descargamos todas las balas.
Se detuvo. Respiró. Bajó la cabeza.
—Nos decían que así estábamos limpiando al país de terroristas, de comunistas que querían destruir la patria.
Gritos desde adentro, granada y ráfagas
—¿Les prendieron fuego a los que estaban dentro? —pregunté para sostener el hilo.
—Sí. Tiraron un trapo encendido. Escuché cómo gritaban desde adentro. Eran gritos de dolor, horribles. Luego alguien lanzó una granada adentro. Después los ametrallamos.
Mas tarde llegaron otro grupo de muchachos.
—Nos ordenaron que no gastáramos munición. que los matáramos a machetazos.
Tapia quedó en silencio. Su mirada se perdió, como si regresara a esa noche, como si la sangre y al sonido metálico del machete golpeando carne estuvieran presentes.
—Fue horrible. Después participé en otras operaciones… pero esa fue mi primera. Por eso no se me olvidó nunca.
La fila de cadáveres como mensaje
—Agarramos machetes y empezamos a dar filazos contra algunos cuerpos. Otros eran abatidos a balazos. Fue una carnicería. Unos gritaban, otros imploraban… pero la orden había que cumplirla. Nos llenamos de sangre la ropa. Luego nos ordenaron colocar los cuerpos en fila, esparcidos por toda la cuadra.
Tapia enmudeció. No quiso continuar relatando los pormenores.
Le pregunté insistentemente quiénes más estaban al mando. No respondió. Se levantó y dijo que lo llamara otro día: que en ese momento ya no recordaba con claridad.
Pero no era la memoria lo que le fallaba. Era el cuerpo, era el miedo, era el cansancio moral de haber sobrevivido a lo que otros no sobrevivieron.
La mentira oficial y el escándalo internacional
El 9 de abril el vocero de la Policía de Hacienda afirmó que los muertos eran guerrilleros, que habían caído en enfrentamiento y que la operación evitó crímenes futuros como secuestros, violaciones y asesinatos.
Pero las fotografías y testimonios comenzaron a desmentir el falso discurso oficial y el libreto mal escrito.
Familiares relataron que las víctimas fueron sacadas de sus casas por agentes identificados como Policía de Hacienda y asesinadas a sangre fría. Muchos cadáveres aparecieron con las manos atadas a la espalda. Los medios internacionales publicaron imágenes de cuerpos mutilados y desfigurados.
Una hermana de apellido Rosales relató que agentes llegaron violentamente a Alta Vista, derribaron la puerta y un encapuchado señaló a su hermano. Minutos después lo encontraron entre los muertos de San Nicolás.
Reporteros estadounidenses confirmaron que varias víctimas pertenecían a una iglesia evangélica local. La acusación apuntaba siempre al mismo lugar: la PH.
Documentos desclasificados: intrigas políticas y despotismo castrense
Los documentos desclasificados del Departamento de Estado revelaron lo que se susurraba en privado: un representante político de la Embajada consideró las declaraciones de Morán como mentiras burdas, afirmando que “sólo un idiota podría creerlas”.
Washington pidió con urgencia reuniones con la Junta de Gobierno la que gobernaba el país, con Duarte, con el general Gutiérrez y con el ministro de Defensa Guillermo García. El objetivo era controlar a Morán porque su impunidad ponía en riesgo la ayuda estadounidense.
Pero removerlo era peligroso: Morán tenía respaldo de militares de ultraderecha. El miedo era que un intento de destitución provocara un golpe de Estado.
En público, Ronald Reagan expresó apoyo a la Junta, aunque pidió investigación. En privado, el problema no era la matanza: era el costo político de admitirla.
Luz verde para la vorágine de sangre
Morán se sostuvo. Y con él, la maquinaria.
El 4 de junio de 1981, la PH capturó a nueve hombres en Soyapango —dos menores—. Aparecieron decapitados al día siguiente.
El 8 de julio, otro operativo con patrón similar: capturas masivas, traslado, tortura, asesinatos. Mujeres violadas. Una niña de doce años incluida. Sin periodistas extranjeros. Sin cámaras. Sin mundo.
La matanza de Soyapango fue olvidada, aunque fue visible. Las otras masacres cometidas por Morán, invisibles, fueron más fáciles de enterrar.
El nombre que emerge del archivo
El coronel Francisco Morán reaparece hoy desde los archivos desclasificados y desde el testimonio tardío de un hombre que habló en 2012 como se habla desde una habitación cerrada: con vergüenza, con miedo y con la certeza de que la muerte termina por imponer su propia fecha límite.
Morán fue más que un oficial: fue el rostro de un poder absoluto, desafiante incluso de los Estados Unidos y del gobierno civil salvadoreño, este militar fue capaz de imponer su voluntad a fuerza de terror.
Hoy, décadas después, el nombre del coronel Francisco Antonio Morán vuelve a emerger no sólo desde los archivos desclasificados y las memorias enterradas de la guerra, sino también desde los tribunales.
Morán, quien dirigió la extinta Policía de Hacienda y fue señalado por múltiples violaciones a los derechos humanos, en la actualidad enfrenta un proceso judicial por crímenes cometidos durante el conflicto, entre ellos el asesinato de periodistas extranjeros que documentaban la maquinaria del terror.
Su juicio no devuelve la vida a los jóvenes de Soyapango, ni borra los gritos que esa madrugada quedaron encerrados en una casa en llamas. Pero rompe, aunque sea tarde, el pacto histórico de silencio que protegió a los verdugos. Su proceso judicial reabre una verdad incómoda: la historia no se cerró con la firma de la paz. Sólo se archivó. Y mientras los muertos sigan sin justicia, Soyapango no será pasado, sino herida,, una huella que todavía sangra en silencio: familias con duelo sin justicia, con memoria sin reparación, con muertos sin sentencia.