Por Carlos Santos
San Salvador amanece temprano en febrero. El calor se instala antes del mediodía y las calles comienzan a llenarse desde las primeras horas, cuando los buses ya circulan cargados de estudiantes, obreros, vendedores. En el hogar de la familia Castro Sánchez la rutina de esa mañana no parecía distinta a otras.
Eran las 8:30 del 8 de febrero de 1982 cuando Lisbeth Carminda Castro Sánchez salió de su casa. Tenía veintidós años, estudiaba Psicología en la Universidad de El Salvador y, como era su costumbre, avisó a su madre que se dirigía a clases. Acaba de regresar de Honduras, su compañero de vida había sido secuestrado y desaparecido, acusado de guerrillero en Tegucigalpa la capital de Honduras, era madre de una bebé de catorce meses. Lisbeth Carminda no llevaba más que lo necesario: sus cuadernos, su ropa cotidiana, el tiempo justo para alcanzar el bus.
Lisbeth Carminda Castro Sánchez nunca llegó a su destino. Testigos la ubican en la parada de la colonia La Rábida. Es una parada cualquiera: concreto gastado, postes cubiertos de anuncios viejos, gente que mira hacia la calle esperando ver aparecer el bus entre el ruido del tráfico. Ahí, en medio de esa normalidad urbana, Lisbeth fue capturada por hombres armados que violentamente la introdujeron a un carro que se detuvo en medio de la calle. Sus padres temiendo lo peor al darse cuenta que Lisbeth no regresó en la tarde a la casa, comenzaron a buscarla y a preguntar por ella en los sitios como hospitales o los cuerpos de seguridad sin lograr ubicar ese día su paradero.
Sin embargo, al día siguiente, la violencia se trasladó hasta su casa. Dos jeeps se estacionaron frente a la vivienda familiar. No hubo sirenas ni advertencias. De los vehículos descendieron aproximadamente doce hombres vestidos de civil. Iban armados. No necesitaban identificarse: en esos años, el terrorismo de la violencia del Estado no requería uniforme para imponerse.
Golpearon la puerta. La hermana menor de Lisbeth Carminda abrió bajo amenazas, los padres de Lisbeth se encontraban reportando su desaparición a organismos de derechos humanos. Los hombres entraron sin pedir permiso y comenzaron a registrar la casa. Cada cuarto, cada cajón, cada objeto fue inspeccionado con una precisión que no buscaba pruebas, sino confirmación.
Dentro de la vivienda estaban tres hermanas, un hermano (menores de edad) y la hija de Lisbeth Carminda, una bebé de catorce meses que permanecía en su cuna. A todos los obligaron a colocarse contra la pared. Las armas no se apartaban de las manos de los agentes policiales. El silencio se volvió una forma de obediencia.
Lisbeth Carminda estaba con los policías, la llevaban prisionera. La habían llevado a la casa, no para regresarla, sino como detenida que es exhibida ante sus familiares. Su rostro mostraba señales visibles de violencia: golpes en el ojo, el labio inflamado, la expresión alterada por el cansancio y el dolor. Aún así, permanecía de pie.
Le permitieron cargar a su hija. La tomó en brazos mientras los hombres continuaban registrando la casa. Uno de ellos pronunció la frase que quedó suspendida en la memoria de la familia:
—Si quieres chinearla a tu hija, cárgala por última vez, porque después te vamos a matar.
Los policías no encontraron armas o propaganda que vinculara a Lisbeth Carminda con la guerrilla. Solo una fotografía: la de José Enrique Jiménez, su compañero de vida y padre de la niña, capturado meses antes en Tegucigalpa, Honduras.
—A este ya lo matamos —dijeron con sarcasmo.
Después, obligaron a Lisbeth a soltar a la bebé y a empujones a subir nuevamente al vehículo. El operativo no había terminado. La trasladaron a la casa de su abuela, en la colonia María Auxiliadora, en Cuscatancingo. Ahí, su abuela y dos tías fueron testigos de otra escena de registro. Los hombres repitieron el procedimiento: inspección minuciosa, intimidación, control total del espacio.
Fue en esa casa donde pudieron verla de cerca. Lisbeth estaba golpeada. Su rostro, hinchado. Su cuerpo, debilitado. La acusaron de portación de armas de fuego. Ella lo negó frente a sus captores. No hubo discusión. La acusación no requería ser probada.
Después de ese momento, la familia no volvió a verla.
Su madre, Irma Estela Sánchez de Castro, inició la búsqueda. Recorrió dependencias de seguridad, cuarteles, oficinas administrativas. Presentó denuncias ante el Socorro Jurídico del Arzobispado, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador. En todos los lugares obtuvo la misma respuesta: No sabían del paradero de Lisbeth.
No estaba detenida en ningún cuerpo de seguridad, en los registros no aparecía.
El padre, Ricardo Castro Rivas —poeta y escritor reconocido en El Salvador como Ricardo Castrorrivas—, intentó abrir otras puertas. Recurrió a colegas, amigos, contactos construidos a lo largo de los años en el mundo cultural e intelectual. Tocó puertas que en otros tiempos habían sido espacios de encuentro, de palabra compartida, de reconocimiento mutuo. Pero en aquellos días, el miedo había cambiado el lenguaje de la solidaridad. Ricardo encontró muchas puertas cerradas no siempre por indiferencia, muchas veces por terror.
Sin embargo, fuera de los canales oficiales, comenzó a circular otra versión. Personas que habían pasado por centros de detención aseguraban haber visto a Lisbeth Carminda. Según esos testimonios, Lisbeth habría permanecido detenida durante meses, trasladada entre la Policía de Hacienda y la Policía Nacional, se le veía con la misma ropa que llevaba el día que la secuestraron y muy lánguida. Los movimientos de esos traslados coincidían con las visitas de organismos internacionales, cada traslado era una forma de ocultamiento.
Un hombre, identificado como Arturo Rodríguez, afirmó haberla visto. Describió la ropa que llevaba: coincidía con la del día de su captura. También transmitió un mensaje: su liberación dependía de condiciones impuestas a su familia. Que su padre escribiera en contra de la guerrilla o que pagara diez mil colones para garantizarle alimentación. La familia no accedió.
Mientras tanto, la vigilancia se instaló en su vida cotidiana. Un vehículo Cherokee, con vidrios polarizados, permanecía estacionado frente a la casa. No intervenía. No hablaba. Solo estaba ahí, como una extensión silenciosa del poder, recordando que la desaparición no termina con la ausencia, sino que se prolonga en el control del entorno.
Los hermanos de Lisbeth Carminda recuerdan el momento en que fue llevada a la casa. Recuerdan su rostro, las marcas visibles de los golpes, la forma en que sostenía a su hija. Años después, al ver la fotografía incluida en el llamado Libro Amarillo, la reconocieron sin duda: era su imagen, y también los golpes que llevaba en el rostro el día que la vieron por última vez.
El registro en el infame Libro Amarillo la identifica como C142. Ahí fue etiquetada como miliciana del Frente Amplio Popular Unificado (FAPU) y del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).
Desde entonces, no hay más datos verificables sobre su paradero. No hay acta de defunción, ni constancia de liberación, ni expediente que cierre el caso. Solo queda la secuencia de hechos reconstruida por la memoria familiar, los testimonios indirectos y un archivo estatal que conserva su rostro como evidencia de algo que nunca fue reconocido oficialmente.
En San Salvador, las mañanas siguen comenzando temprano. Los buses continúan pasando por la parada de La Rábida. La universidad sigue recibiendo estudiantes. Pero para la familia de Lisbeth Carminda Castro Sánchez, la vida se quebró con su desaparición. Desde entonces —como en cientos de casos— el dolor no ha cesado ni ha encontrado cierre.