Un informe regional sobre la minería metálica en Centroamérica revela que la práctica aporta menos del 1% del Producto Interno Bruto (PIB) en los países del Triángulo Norte centroamericano. Según la información proporcionada por la organización internacional OXFAM, la minería está lejos de ser una alternativa de desarrollo o una industria que contribuya a la reducción de la pobreza en la región.
OXFAM junto a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) revelaron que para Guatemala la industria minera representa el 0.71% de aporte al PIB; para Honduras el 0.09%; y para El Salvador el 0.03%.
Además, el estudio revela que para El Salvador los aportes fiscales del sector extractivo resultan poco significativos como fuente de financiamiento. De acuerdo con el documento, entre 2010 y 2015 los impuestos provenientes de minas y canteras representaron únicamente el 0.03% de los gastos ejecutados por el Gobierno central; es decir, de cada $1.00 de gasto del GOES, el aporte tributario de este sector solo permite financiar $0.03 centavos.
De igual modo, el informe advierte que tampoco este sector es una fuente productiva de empleo en los tres países. En la región, las mineras representan menos del 0.5 % del total de afiliados a la seguridad social. En El Salvador está industria sólo generó 659 empleos, es decir el 0.09 % de los afiliados al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). Además, el estudio concluye que los municipios donde opera la minería siguen viviendo en extrema pobreza.
El Salvador aprobó el pasado 29 de marzo la Ley de prohibición a la Minería Metálica, convirtiéndose en el primer país latinoamericano que niega legalmente su práctica luego de más de una década de discusión y de lucha por parte de organismos ambientales, la iglesia católica y la academia salvadoreña.
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“La judicialización de estos eventos ha tenido un impacto importante en materia de la defensa de derechos fundamentales”, expone Oswaldo Samayoa, Coordinador del Área Jurídica del Centro de Estudios de Guatemala (CEG).
Samayoa afirma que El Salvador se ha vuelto un país líder en la región para el combate a la actividad minera. Además destaca los referéndums municipales que previo a la ley de prohibición recién aprobada, se implementaron en cinco municipios del país por medio de la consulta ciudadana para cerrar las puertas a las mineras.
“Las consultas comunitarias son evidencia de la participación activa de la ciudadanía en el ejercicio de su derecho de ser consultada sobre los proyectos que tienen impacto en su territorio”, dijo Iván Morales, director de país de OXFAM El Salvador.
Durante la presentación, los expositores coincidieron en los daños ambientales irreversibles de la minería y la conflictividad social que ha causado en los tres países referidos.
