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jueves, 05 de agosto del 2021

La gran mentira económica de la minerí­a en la región

Uno de los argumentos de la campaña a favor de la minerí­a eran los supuestos beneficios económicos que traerí­an al paí­s, pero ¿son reales?

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Un informe regional sobre la minerí­a metálica en Centroamérica revela que la práctica aporta menos del 1% del Producto Interno Bruto (PIB) en los paí­ses del Triángulo Norte centroamericano. Según la información proporcionada por la organización internacional OXFAM, la minerí­a está lejos de ser una alternativa de desarrollo o una  industria que contribuya a la reducción de la pobreza en la región.

OXFAM junto a la Procuradurí­a para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) revelaron que para Guatemala la industria minera representa el 0.71% de aporte al PIB; para Honduras el 0.09%; y para El Salvador el 0.03%.

Además, el estudio revela que para El Salvador los aportes fiscales del sector extractivo resultan poco significativos como fuente de financiamiento. De acuerdo con el documento, entre 2010 y 2015 los impuestos provenientes de minas y canteras representaron únicamente el 0.03% de los gastos ejecutados por el Gobierno central; es decir, de cada $1.00 de gasto del GOES, el aporte tributario de este sector solo permite financiar $0.03 centavos.

De igual modo, el informe advierte que tampoco este sector es una fuente productiva de empleo en los tres paí­ses. En la región, las mineras representan menos del 0.5 % del total de afiliados a la seguridad social. En El Salvador está industria sólo generó 659 empleos, es decir el 0.09 % de los afiliados al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). Además, el estudio concluye que los municipios donde opera la minerí­a siguen viviendo en extrema pobreza.

El Salvador aprobó el pasado 29 de marzo la Ley de prohibición a la Minerí­a Metálica, convirtiéndose en el primer paí­s latinoamericano que niega legalmente su práctica luego de más de una década de discusión y de lucha por parte de organismos ambientales, la iglesia católica y la academia salvadoreña.

Lea también: El Salvador prohí­be la minerí­a metálica

“La judicialización de estos eventos ha tenido un impacto importante en materia de la defensa de derechos fundamentales”, expone Oswaldo Samayoa, Coordinador del Área Jurí­dica del Centro de Estudios de Guatemala (CEG).

Samayoa afirma que El Salvador se ha vuelto un paí­s lí­der en la región para el combate a la actividad minera. Además destaca los referéndums municipales que previo a la ley de prohibición recién aprobada, se implementaron en cinco municipios del paí­s por medio de la consulta ciudadana para cerrar las puertas a las mineras.

“Las consultas comunitarias son evidencia de la participación activa de la ciudadaní­a en el  ejercicio de su derecho de ser consultada sobre los proyectos que tienen impacto en su territorio”, dijo Iván Morales, director de paí­s de OXFAM El Salvador.

Durante la presentación, los expositores coincidieron en los daños ambientales irreversibles de la minerí­a y la conflictividad social que ha causado en los tres paí­ses referidos.

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Mario Beltrán
Periodista sección PolÃítica en ContraPunto. Graduado de Comunicaciones en Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios.
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