Una jueza suplente del Juzgado Tercero de Paz de El Salvador se abstuvo de decidir sobre la solicitud de reapertura de la causa penal por el asesinato de seis padres jesuitas y dos de sus colaboradoras en la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) en 1989 por considerar el proceso "delicado, complejo y voluminoso", informó este martes un abogado de los religiosos.
Según el coordinador del Equipo de Procesos de Justicia del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), Arnau Bualenas, esto supone la dilatación del proceso y una vulneración a los derechos humanos.
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El jurista dio a conocer parte de la resolución en la que la jueza se excusó de emitir una resolución porque no ha tenido el tiempo necesario para conocer el caso, dado que debe asumir la titularidad de otro tribunal.
"El presente proceso penal es sumamente delicado, complejo y voluminoso", por lo que la jueza "no ha contado con el tiempo necesario para poder conocer, estudiar y analizar todas la diligencias", reza la resolución.
La misma señala que el juez titular del tribunal, José Alberto Campos, de quien se desconocen las razones de su ausencia, tendrá el tiempo suficiente para "emitir su resolución debidamente motivada conforme a derecho".
Autoridades de la UCA pidieron al referido tribunal en noviembre de 2017 reabrir la causa penal contra los "autores intelectuales" de la masacre de seis sacerdotes y dos colaboradas, incluido el expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994).
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La institución busca dar marcha atrás al sobreseimiento que dictó el mismo tribunal en diciembre del 2000 a favor de Cristiani y 6 militares, quienes formaban parte de la cúpula militar del Ejército, por la prescripción del delito y la existencia de una ley que amnistiaba los crímenes de la guerra civil (1980-1992).
En esa fecha, Baulenas señaló que la masacre es un "crimen de lesa humanidad", por lo que es "imprescriptible" y no puede ser amnistiado, como lo estableció en julio de 2016 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en una sentencia que anuló la ley de amnistía de 1993.
Además de Cristiani, los jesuitas acusan a los generales en retiro Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Francisco Elena Fuentes, Rafael Zepeda, al difunto René Emilio Ponce y al coronel Inocente Montano, quien es juzgado en España por la muerte de los 5 españoles en este crimen.
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En diciembre de 2017, el fiscal general de El Salvador, Douglas Meléndez, recomendó al tribunal la reapertura del proceso penal contra los militares acusados de planificar la masacre.
El 16 de noviembre de 1989, un escuadrón del batallón elite Atlácatl del Ejército asesinó a los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno y al salvadoreño Joaquín López. También a Elba Ramos y su hija Celina, las colaboradoras de los religiosos.
