El expresentador de televisión, Jorge Hernández, no logró que el Juzgado Especializado de Extinción de Dominio aceptara la solicitud de utilizar como vivienda familiar, una de las propiedades que está bajo la administración del Consejo Nacional de Administración de Bienes (Conab).
De acuerdo a la información oficial, el juez decidió mantener las medidas otorgadas anteriormente, ya que consideró que el sujeto tiene las condiciones legalmente permitidas para no otorgarle este beneficio.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio negó al expresentador Jorge Hernández dejar de pagar alquiler al Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB) por una casa que está ubicada en el municipio de Antiguo Cuscatlán, departamento de la Libertad.
Además, el exlocutor deberá continuar pagando el arrendamiento de la propiedad.
La audiencia estaba prevista para el 21 de octubre de este año, pero el juzgado especializado desarrollaba otra diligencia por lo cual la realizó el lunes.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó la solicitud de extinción de dominio el 31 de agosto de 2018, y fue admitida el 25 de septiembre del mismo año. No obstante, los bienes están embargados desde noviembre de 2017.
Hernández es procesado por el delito de defraudación al fisco en modalidad de evasión de impuestos sobre la renta por un monto de $280,981.89.
Asimismo, el expresentador enfrenta en paralelo otro proceso de evasión de impuesto, cuya cantidad asciende a $51,908.17 dólares, entre octubre de 2014 y diciembre de 2015. En ese entonces, figuraba como representante legal, junto con Ciro Granados, de la Sociedad La Página S. A.
Las indagaciones por parte del Ministerio Público se remontan al 6 de septiembre del año 2017, luego de que la Dirección de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda recibiera un informe sobre indicios de delito por parte de la empresa La Página S. A., representada por Hernández y Granados.
Lea también: Así vincula la FGR a Jorge Hernández con Saca y $8 millones de dólares lavados
Asimismo, la Fiscalía ha vinculado a Hernández como uno de los "testaferros" de Saca, quien es culpable de desviar y lavar fondo del Estado por la cantidad de $301 millones, durante 2002 y 2009.
