Personal del Instituto de Medicina Legal (IML) realizó la entrega de 12 cadáveres que fueron encontrados en una de las once fosas clandestinas en la vivienda del expolicía Hugo Osorio, que está ubicada en el callejón Estévez, Chalchuapa, Santa Ana.
La entrega de los cuerpos fue hecha a ocho familias, entre ellos, “hay un familiar que recibió los cuerpos de 5 familiares, entre ellos dos niños”, informó la Coordinadora de la Unidad de Feminicidios de la FGR, Graciela Sagaztume.
“Son 12 cadáveres que han sido entregados este día a sus familiares como parte del resultado de la investigación que todavía tenemos en curso”, sostuvo Sagaztume.
Añadió que al momento de la exhumación localizaron los cuerpos apilados “hubo una mezcla de los cuerpos cuando comienzan a descomponerse”, dijo.
“Poder dar un dato específico de cuántas personas encontramos en esa vivienda sería irresponsable y no es porque queramos ocultar, al momento de encontrar los cuerpos estaban apilados y mezcladas algunas osamentas, hasta este momento medicina legal ha trabajado los cadáveres de la primera fosa que este día se entregaron 12 cadáveres a 8 familias”, aclaró la coordinadora de la Unidad de Feminicidios de la FGR.
Asimismo indicó que: “el trabajo de los médicos forenses ha sido arduo para la ubicación y reconstrucción de los cuerpos”.
La Fiscalía informó que aún falta procesar los restos de otras personas encontradas en las otras diez fosas y que aún no tienen un número determinado pero que calculan que de la vivienda de Osorio se extrajeron unas treinta víctimas.
“Se les dio un mensaje expresando nuestras condolencias como instituciones, junto con el director del IML, quien procedió a entregar los restos a cada familia, para que sean trasladados a sus lugares de origen”, dijo el fiscal general Rodolfo Delgado.
La IML ha trabajado con la técnica de antropología forense para identificar las osamentas mezcladas.
“Una de las interrogantes en la conferencia de la FGR fue qué sucederá con la vivienda de Osorio. La Fiscalía dijo que la vivienda está siendo custodiada y que la autorización para trabajar dentro de ella duró dos meses. Mencionó que se está haciendo un “cotejo” para saber a quién pertenece y que “cuando tengamos la documentación que acredite a quién pertenece vamos a hacer la solicitud pertinente”. “Tenemos la Ley de Extinción de Dominio y posiblemente usemos esa vía”, señaló la Fiscalía.
Por otra parte, expuso que Osorio podría enfrentar una pena de 100 años de cárcel solamente por los primeros dos feminicidios por los que se le acusó, tomando en cuenta que se solicite la pena máxima de 50 años por cada uno. Hay otras diez personas judicializadas por los asesinatos.
El caso ha sido manejado por las autoridades con secretismo desde mayo, cuando fue descubierto. La Fiscalía incluso anunció sanciones contra el criminólogo Israel Ticas que condujo la excavación y durante las mismas reveló datos sobre el número de cuerpos encontrados hasta ese entonces.
A mediados de mayo, se hablaba de 24 cadáveres encontrados en la propiedad de Osorio. El 17 de mayo, Ticas dijo solamente en un pozo habían encontrado 13 cuerpos y que a medida que avanzaban los trabajos descubrían más.
Además, en junio el ministro de Seguridad Gustavo Villatoro dijo que estaban dando “seguimiento” a los periodistas que informaban del caso.
Los asesinatos en serie fueron descubiertos cerca de las 11:00 de la noche del pasado 7 de mayo cuando Osorio mató a otras cuatro personas en su vivienda. Los vecinos escucharon los gritos de las víctimas en su intento de escape y alertaron a la policía, que encontró los cadáveres de dos mujeres y dos hombres. También encontraron a Osorio, quien intentó hacerse pasar como una víctima, y se realizó cortes en las muñecas.
Posteriormente, las autoridades encontraron el pozo lleno de cuerpos de víctimas y otras fosas más en el mismo terreno.
Una semana después del hallazgo, el 14 de mayo, las autoridades capturaron a nueve de diez personas acusadas de estar involucradas en los asesinatos, por las declaraciones que Osorio, a quien se le dio la posibilidad de ser testigo criteriado, es decir, que recibe beneficios a cambio de sus declaraciones.
Se conoció que el Gobierno retrasó el traslado de Osorio hacia el Centro Penal de Máxima Seguridad en Zacatecoluca y que el 21 de mayo se aseguró que estaba en dicho centro cuando en realidad continuaba en el penal de Apanteos.
Casi dos meses después, en julio, el fiscal general Rodolfo Delgado dijo que aún no podía dar la cifra de víctimas halladas en la casa de Osorio y que sería el Instituto de Medicina Legal (IML) quien daría el informe final.
Un mes antes, en junio, trabajadores del IML habían denunciado que el director del Instituto Pedro Martínez y el jefe de patología Alfredo Romero estaban manipulando las autopsias de los cuerpos hallados en las fosas clandestinas de Chalchuapa y que pidieron que solamente se hicieran exámenes externos a los cuerpos, contrario a la ley.
“Cuando nos dicen que hagamos otro tipo de exámenes incompletos, se está sesgando la información, la realidad. Nos parece que son medidas arbitrarias, peligrosas para nosotros”, aseguró María de los Ángeles , doctora del Departamento de Patología del IML.
