El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, informó que iniciarán acciones para recuperar los US$280 millones que el Estado dejó de percibir debido al decreto 127, aprobado en 2018, que suspendió las auditorías y procesos administrativos que la institución que dirige efectuaba en ese entonces.
El funcionario informó que el próximo jueves, acudirá a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para interponer un procedimiento en contra del decreto que fue aprobado a iniciativa del exdiputado del PDC, Rodolfo Parker, por presuntamente proteger a los evasores.
“Vamos a presentar un procedimiento contemplado en la Constitución de la República y que es facultad del Ministerio de Hacienda. Iremos a la Corte Suprema, vamos a develar cómo estructuralmente nos han saqueado”, anunció el titular de Hacienda.
El decreto 127 fue propuesto por Parker y aprobado por los legisladores; posteriormente lo sancionó el expresidente de la República, Salvador Sánchez Cerén. Esa iniciativa provocó un daño patrimonial al Estado que se buscará revertir mediante la acción que ejecutará Hacienda, esta semana.
Por otra parte, el Ministro niega que se esté trabajando en nacionalizar el fondo del Sistema de Pensiones, así como lo aseguran algunos sectores.
“Nosotros no vamos a tomar fondos de los trabajadores salvadoreños. No vamos a tomar los fondos de los trabajadores por la razón en que los fondos les pertenecen a los trabajadores y es a ellos a quienes se les otorgará”, aseguró Alejando Zelaya, ministro de Hacienda.
El titular explicó que sí se tendrá una reforma integral al Sistema de Pensiones, así como lo anunció el presidente Nayib Bukele desde su campaña presidencial.
Sumó que en un evento que tuvo el presidente Bukele en la Universidad de El Salvador (UES), en años anteriores, explicó que El Salvador necesita una reforma integral de pensiones, que incluya tres pilares fundamentales.
En ese sentido, el primer pilar será el trabajador, porque es a quien se le debe los fondos de ahorro; el segundo será darle sostenibilidad al Estado salvadoreño para que pueda pagar esas pensiones; el y tercero para los administradores de fondos de pensiones, entre estos públicos y privados, como Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP) y el Instituto Salvadoreños del Seguro Social (ISSS).
“Nosotros estamos preparando esa reforma. Cuando ya se tenga lista se va a presentar a los actores competentes y será la Asamblea Legislativa quien conforme una comisión y se tendrá que escuchar atendiendo el Principio de Discusión Parlamentaria”, indicó.
“Se escuchará a todos los actores involucrados y movimientos, para tener los insumos necesarios y tener una reforma integral que atienda a los tres principios”, señaló.
Zelaya explicó que se están revisando y escuchando a involucrados para trabajar en el bienestar de los salvadoreños, por lo que ratificó que “no se está realizando una reforma para nacionalizar pensiones, sino para darle sostenibilidad y tener pensiones dignas y justas”.
Asimismo, dijo que es innegable que se pueda vivir con la pensión mínima, incluso con el incremento que se le hizo el año pasado.
Con la aprobación del Presupuesto General de la Nación, en 2020, se incrementó la pensión mínima de vejez y de invalidez parcial en 46.5 % y 44.5 %. Dicho beneficio pasó de $207.60 a $304.10 el primero y de $145.32 a $210, el segundo.
Ese incremento, según explicó Zelaya, se apuntaló con un gasto de alrededor de $125 millones que se concretaron en la aprobación del presupuesto en los últimos días de 2020. Hasta la fecha se ha constatado que a todos los cotizantes se les otorgue el incremento.
El ministro dijo que la población hoy por hoy tiene un Gobierno en el que puede confiar y que es a quien eligió, por lo que el Gobierno del presidente Bukele trabajará por los salvadoreños.
Por otra parte, dijo que el país cerró el año pasado con un nivel de deuda de 87.6 %; sin embargo, en el primer trimestre se cerró con 82.6 % respecto al Producto Interno Bruto (PIB), lo que indica que este va decreciendo.
“Nosotros no vamos a tomar fondos de los trabajadores salvadoreños. No vamos a tomar los fondos de los trabajadores por la razón en que los fondos les pertenecen a los trabajadores y es a ellos a quienes se les otorgará”, culminó.
