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martes, 21 de septiembre del 2021

Hacienda incautó US$27.7 millones de contrabando en últimos dos años

El 2020, un año atípico por la pandemia de la COVID-19, presentó un incremento en cuanto a los decomisos de mercancía, las autoridades contabilizaron $11,542,957.

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Entre junio de 2019 a julio de 2021, la Dirección General de Aduanas (DGA) del Ministerio de Hacienda junto con la División de Seguridad Fronteriza de la Policía Nacional Civil (PNC) han decomisado un valor que asciende a US$27 millones 772 mil 328 por contrabando de mercaderías.

La directora general de Aduanas, Samadhy Martínez, atribuye esos “excelentes” resultados a la puesta en marcha del Plan Anticontrabando, que nació en junio de 2019 con el objetivo de atacar frontalmente el contrabando de mercancía, no solo en puntos ciegos, sino el contrabando técnico que entra por las fronteras.

“El objetivo es llegar hasta las entrañas de estas estructuras criminales, porque el contrabando financia estructuras criminales y lo cierto es que la investigación tanto aduanera como la de la Policía y Fiscalía desenmaraña estas estructuras y que a veces son hasta pandillas”, manifiesta la titular de la DGA.

De acuerdo con datos de la DGA en 2019 registraron $6,119,022 en incautaciones de productos contrabandeados y de estos el calzado estuvo a la cabeza con $2,258,681, le siguen las prendas de vestir con $1,793,485, cigarrillos $1,100,000; licores $790,577 y finalmente los electrodomésticos $176,277.

El 2020, pese a ser un año atípico por la pandemia de la COVID-19, presentó un incremento en cuanto a los decomisos, las autoridades contabilizaron $11,542,957; en este periodo las encomiendas estuvieron en primer lugar con $8,093,169, calzado $1,324,899; cigarrillos $1,300,000, prendas de vestir $758,239, mercancía variada por $41,547 y electrodomésticos por $23,081.

Con respecto a 2021, hasta julio Aduanas reportaba $4,115,349 en incautaciones y las prendas de vestir apuntalan con $1,638,834; calzado $651,214; licores $635,312, cigarrillos $587,476; mercancía variada valuada en  $526,686, encomiendas $54,546 y electrodomésticos por $21,278.

Para la directora, estos decomisos son el resultado del trabajo articulado de Hacienda con la PNC, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fuerza Armada.

“Los gobiernos anteriores nunca estuvieron comprometidos con la lucha frontal al contrabando como lo está la administración del presidente Nayib Bukele”, enfatiza Martínez.

Las estadísticas de la División de Seguridad Fronteriza detallan que entre 2019 y 2020 abrieron 529 expedientes por contrabando de mercaderías a escala nacional, dentro de estos los departamentos que más reportaron denuncias son: Santa Ana 197; Ahuachapán 134; La Unión 69, San Salvador 45 y La Libertad 21.

En cuanto a capturas esa división policial registra 280 capturados en flagrancia por ese ilícito en el referido periodo. Santa Ana encabeza con 115 arrestados, Ahuachapán 57, La Unión 59 y Chalatenango 32.

Entre esos detenidos están tres personas que en 2019 presentaron documentación falsa e irregular al momento de introducir 15,000 libras de camarón congelado en la aduana El Amatillo, La Unión.

Los imputados son: Ramón German Mejía Delgado, representante legal de la Sociedad de Productores y Distribuidores Mejía Larios S. A. de C. V. Nelson Amaya Lovo, motorista del contenedor y José Asunción García Villatoro, transportista.

La investigación fiscal da cuenta que los camarones congelados se introdujeron al país a través de la aduana terrestre El Amatillo de La Unión, a través del contenedor C-89154, procedente de Nicaragua. Añade que, en su momento, ante las autoridades los responsables de la importación declararon un total de 340 bultos, valuados en $20,747.13, cuyo impuesto se estimó en $2,697.13. Sin embargo, en los registros de control aduanal, se detectó que no se había presentado la declaración de tránsito internacional de mercancías.

Al investigar se estableció que para el mismo medio de transporte había una doble documentación, la falsa y la verdadera, en la que se determinó que se habían introducido al país 341 bultos de camarón, con valor de $57,712.02, y que el impuesto a pagar era de $11,577.44.

Ante el hallazgo, las autoridades establecieron que la Hacienda Pública había dejado de percibir $8,880.13 en impuestos aduanales.

“Lo que implica, de acuerdo a un valúo y casación que establecen las leyes fiscales, 300% de impuesto real, multa y el valor del producto, lo que implica que los imputados y responsables de la importación de camarón congelados tendrán que pagar hoy $190,503.78”, informó un fiscal en ese momento.

El caso fue presentado ante el Juzgado de Paz de Pasaquina, La Unión, quien decretó medidas alternas a la detención para los imputados, entre las cuales están: no salir del país, presentarse cada mes al Juzgado de Instrucción de Santa Rosa de Lima, además Mejía Delgado y García Villatoro debió pagar $5,000 de fianza, mientras que Amaya Lovo tuvo que cancelar $2,000.

El contrabando de mercadería hace referencia a “las acciones u omisiones previstas en esta Ley y por las cuales, la importación o exportación de mercancías se sustraen de la correspondiente intervención aduanera y produzcan o puedan producir perjuicios económicos a la Hacienda Pública o evadir los controles sanitarios o de otra índole que se hubieran establecido legalmente”, según el artículo 15 de la Ley de Delitos Aduaneros. Ese ilícito se paga con seis a ocho años de prisión, de acuerdo con el artículo 16 de la referida legislatura.

Respecto a las penas, Martínez informó que trabajan en un nuevo código aduanero en el que se contempla un incremento en los años de condena, además de considerar otras acciones ya tipificadas en el artículo 15 de la actual legislación.

Las estadísticas de la Dirección de Análisis, Técnicas de Investigación e Información (DATI) de la Fiscalía registran 219 condenas dictadas por diferentes tribunales a escala nacional durante 2019 y 2020. Solo en Santa Ana fueron condenados 65 imputados, en La Unión 40, en Chalatenango 33, en San Salvador 29 y 21 en Ahuachapán.

En enero de 2020, el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate condenó a penas de hasta ocho años de cárcel a tres agentes aduanales y a un empleado de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA por el delito de contrabando de mercaderías en perjuicio de la Hacienda Pública.

Los implicados son: Jaime Roberto Sandoval Rivas, agente aduanero; Douglas Medardo Domínguez Ramírez, asistente del agente aduanero, ambos condenados a ocho años; mientras que Yolanda Cortez Mazariego, asistente del agente aduanero, y Alfredo Antonio Cunza Tepata, guardalmacén auxiliar de CEPA, fueron sentenciados a seis años de cárcel.

Los hechos ocurrieron el 22 de marzo de 2016 en el proceso de declaración de mercancía en la aduana marítima del Puerto de Acajutla, donde los implicados habían declarado que, en un cargamento, venían repuestos para aire acondicionado, cuando en realidad, la inspección física estableció que eran encomiendas familiares.

Debido a la declaración irregular de todos los involucrados, se le ocasionó un perjuicio a la Hacienda Pública por más de $20,264 dólares en un solo cargamento.

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Redacción ContraPunto
Nota de la Redacción de Diario Digital ContraPunto
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