El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, anunció el lanzamiento de la Unidad de Repatriación de Evasión Fiscal (UREF), dirigida para empresas salvadoreñas que se han establecido en paraísos fiscales.
El funcionario señaló, que la falta de un combate frontal por parte de los pasados gobiernos de esta forma evasión fiscal, representa una pérdida al Estado de al menos $2 millones de dólares anuales.
“Es un día muy importante. Estamos marcando la historia del país, estamos también marcando un precedente en la lucha antievasión no solo en El Salvador sino en Centroamérica y América Latina”, dijo el ministro Zelaya quien destacó que el objetivo es combatir ese flagelo “venga de donde venga”.
Destacó, que producto a esta práctica se mantuvo al país en un subdesarrollo e inseguridad, una historia que está cambiando en la actual administración.
“En los últimos 20 años, hemos calculado que el flujo de evasión proveniente de paraísos fiscales rondó los $10 mil millones”, reveló el ministro de Hacienda, quien agregó que, durante los 10 años de gobiernos del FMLN, la cifra asciende a unos $5 mil millones.
Con ese dinero “hubiéramos podido desarrollar muchísimas obras de infraestructura, hubiéramos podido dar muchísima mejor educación, tuviéramos la mejor seguridad”, agregó el funcionario.
Con la nueva Unidad de Repatriación de Evasión Fiscal (UREF) se firmarán acuerdos de intercambio de información, de homologación de políticas y de lucha contra la evasión con otros países. También se pondrá en marcha un cuerpo de auditores especializados en el flujo de operaciones con paraísos fiscales.
La nueva Unidad estará compuesta por 20 personas, posteriormente se duplicará la cantidad y “la meta es fiscalizar 150 casos anualmente”, que permitirá recuperar cerca de $100 millones, explicó el director general de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda, Rubén Ordóñez.
“No empezamos desde cero, hemos trabajado durante semanas haciendo inteligencia fiscal para identificar grupos económicos que se han beneficiado con artificios legales o en este caso algunos con evasión directamente”, señaló Ordóñez.
Para el ministro de Hacienda, “la única ruta para recuperar el crecimiento económico y los ingresos perdidos por el COVID-19, sin golpear la economía, es combatiendo la evasión fiscal. Una de las formas es administrando bien la política tributaria”.
Subrayó que la Dirección General de Impuestos Internos “es el brazo fuerte del Estado salvadoreño para hacer valer la Ley, para hacer que buenos y malos empresarios, todos por igual, paguemos nuestros impuestos”.
“Esta no es una cruzada contra la empresa privada, y eso lo he dejado claro desde el primer día”, dijo el ministro Zelaya quien aclaró que el Gobierno tiene buena relación “con los buenos empresarios. Queremos mejorar aún más nuestra buena relación con la empresa privada”.
Por otra parte, dijo que “a los malos empresarios este es el mensaje que nosotros queremos mandar. Este tipo de unidades van a seguir existiendo y persiguiendo la evasión fiscal y no nos vamos a detener en esta lucha”.
“Si ellos quieren acercarse al ministerio de Hacienda a cumplir con sus obligaciones tributarias también van a tener nuestra mano tendida para solucionar la problemática”, puntualizó el ministro Zelaya.
Políticos y empresas involucradas en paraísos fiscales
Con la publicación de los Panamá Papers hecha años atrás, el nombre de empresarios, funcionarios públicos, financistas de políticos y excandidatos salvadoreños se vieron salpicados con señalamientos de esta forma licita de evasión fiscal.
Entre esos casos ser registraron, quienes utilizaron los servicios de la firma de abogados Mossack Fonseca.
Se conoció que 33 abogados salvadoreños sirvieron de nexos para que empresarios locales crearan 220 empresas anónimas en paraísos fiscales a fin de hacer transacciones monetarias en los llamados paraísos fiscales de Panamá, Islas Vírgenes, Bahamas, Nieu o Nevada, sin ser detectados.
En la lista destaca que ocho salvadoreños buscaron de manera directa los servicios de Mossack Fonseca entre ellos empresarios de medios de comunicación y políticos.
Según una investigación periodística internacional, las empresas de salvadoreños se crearon entre 2000 y 2015. Mossack Fonseca ofrecía estas ventajas a sus clientes: protección de activos, ventajas fiscales y anonimato. El bufete de abogados panameños logró que las empresas salvadoreñas se asentaran en su mayoría en paraísos fiscales como Islas Vírgenes Británicas, Panamá y el estado de Nevada (Estados Unidos).
La forma de operar es compleja pero con un patrón repetitivo: un beneficiario se pone en contacto con Mossack, a través de su intermediario-abogado, para crear una empresa offshore (fuera de costa). Suponiendo que se crea en Panamá, Mossack pone la lista completa de directores de la nueva empresa, generalmente empleados de la misma firma, residentes en colonias de clase media de la capital panameña que además aparecen como directivos en otros cientos de empresas offshore.
La nueva empresa inscrita en el registro público panameño con esa junta directiva fantasma, depende de otra empresa más grande, una empresa “shell” (coraza) creada también por Mossack Fonseca mediante un procedimiento similar. Las reuniones de la junta directiva se hacen, según las actas, siempre en las oficinas del despacho panameño desde donde se aprueban acuerdos para emitir acciones o poderes a los verdaderos dueños.
El alcalde ahora alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshodnt, mencionado en las presuntas listas, aclaró anteriormente que la firma de abogados es legítima y que si existe un problema, es el de no justificar la procedencia de los fondo protegidos por la firma panameña.
“Yo aparezco como directivo de una compañía, y así también aparecerá gente que tiene su dinero con fines lícitos y que no tiene nada que ocultar, como también habrá algunos que sorprenderá de dónde obtuvieron los fondos para poder participar de una compañía de ese tipo que tenga inversiones millonarias y que no pueda justificarse de manera lícita”, dijo Muyshondt.
Muyshondt sostuvo que Mossack Fonseca es solo una herramienta, y que dependerán con qué fines se utilice.
“Lo malo es que tengan ahí una gran cantidad de dinero y que no tengan una procedencia lícita justificable. Pero es normal en el mundo corporativo, por ejemplo, una empresa que hace compras en Panamá que es el centro financiero principal de toda América Latina, puede establecer una compañía con domicilio panameño para tales efectos. Cualquiera que deseo por fines de privacidad no mover el dinero de sus ahorros a su nombre sino tenerlo en una compañía bien puede hacerlo y si tiene una procedencia lícita no hay ningún problema”, señaló Muyshondt.
Otro nombre que salió al ojo público es del empresario, Adolfo Salume Artiñano, quien operaría 36 empresas offshore en un paraíso fiscal, por un monto de $21,068,270.77, y que en algunas de estas compañías comparte capital con Félix José Simán.
De esta manera, Salume evita pagar al fisco salvadoreño el impuesto de sucesiones, el de patrimonio, y los impuestos al consumo o pago de la renta de las empresas que opera en El Salvador, entre la que se encuentra MOLSA.
Los costes que tiene para Salume se reducían a una cuota de registro que anda entre $200 y $600 al año, y el pago de constitución de cada compañía, que no excede de $1,000 y se hace un pago una sola vez.
Entre las empresas fue reportada la gasolinera del FMLN, Alba Petróleos, que dio sumas millonarias a dos empresas identificadas como Inversiones para el Desarrollo Internacional S.A, una compañía que recibió millonarios créditos para montar un proyecto de generación de energía eléctrica en Acajutla; y la segunda es Apalsa Marítima S.A, que no reporta actividad económica ni en El Salvador ni en Panamá.:
Las offshores recibieron financiamiento de Alba Petróleos, la empresa que compra combustible subsidiado a Venezuela, gracias a un acuerdo de cooperación que firmaron 18 alcaldías gobernadas por el FMLN y el gobierno del entonces presidente venezolano, Hugo Chávez. Venezuela es dueña del 60% y los alcaldes del 40% de las acciones de Alba Petróleos.
Entre las personas mencionadas en la creación de estas empresas también se encuentran José Roberto Dutriz, presidente de La Prensa Gráfica; Fabricio Altamirano, presidente de El Diario de Hoy; Juan Carlos Ernesto Eserski Álvarez, de Telecorporación Salvadoreña; Jorge Simán Zablah, Juan Federico Salaverría, propietario de una agencia de publicidad y el expresidente de la República, Alfredo Cristiani.
