El secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas anunció este miércoles que el Gobierno solicitará a la Asamblea Legislativa que permita ampliar la medidas de emergencia para centros penales por el periodo de un año a fin de que “puedan dar los resultados que se esperan”.
“La ruta legislativa es lo que le dará la permanencia, tal como se va a solicitar de un año para esta medida de emergencia, por lo tanto no se podía alertar la petición Legislativa porque podía alertar el sistema penitenciario”, explicó el funcionario.
El 29 de marzo, el Ministerio de Seguridad junto a la Dirección de Centros Penales decretaron estado de emergencia por quince días en siete centros penales del país, asimismo realizaron el traslado de 299 cabecillas de grupos pandilleriles hacia el penal de Quezaltepeque.
Esta acción, desarrollada como una de las estrategias del Gobierno para socavar la epidemia delincuencial que afecta al país, “evitará que estos pandilleros ordenen el cometimiento de crímenes desde el interior de los penales”. Los trasladados no podrán gozar de visitas íntimas ni familiares, y además serán sometidos a encierro total en sus celdas.
“La facultad del Ejecutivo es mantener estas medidas por quince días, no se pueden sostener más, por eso es necesario buscar una prórroga ya que un juez penitenciario puede echar atrás esa medida”, dijo.
Chicas explicó que la estrategia del Gobierno para implementar las medidas extraordinarias, luego de la vacación de Semana Santa en los centros penales, se debe a que, “el sistema penitenciario es un área de manejo muy delicado y sensible, donde un manejo inadecuado puede generar desórdenes y conflictos, por lo tanto se hizo con prudencia, es así como se da este primer paso”.
“Durante la vacación no se implementó porque estaba comprometida toda la fuerza pública en el plan de emergencia y seguridad de los ciudadanos que desempeñó la Policía y la Fuerza Armada”, acotó el secretario.
El funcionario aseguró que el presidente Salvador Sánchez Cerén enviará el 31 de marzo el pliego de las medidas extraordinarias al palacio Legislativo. Asimismo anunció que este 30 de marzo el mandatario brindará una conferencia a nivel nacional, “para dar anuncios importantes sobre políticas de seguridad”.
Más control con la telefonía
El secretario fue contundente al declarar que la señal de telefonía en los centros penales y sus alrededores es un problema que debe resolverse a la prontitud para evitar el cometimiento de delitos.
“Hemos incautado teléfonos que cuando se examinan tienen hasta $20 mil de saldo, esto es producto de la extorsión, desde un teléfono muchos salvadoreños pueden ser extorsionados y se pueden cometer muchos crímenes”, aseveró Chicas.
Y agregó que las empresas de telefonía no tienen “el ánimo ni el espíritu de colaborar”. “Hay varios centros penitenciarios que tienen bloqueadores de señal, pero las empresas, al enterarse de esto, le suben el volumen a la potencia de sus torres transmisoras”.
Ante eta “falta de cooperación”, señalada por el funcionario, aseguró que el presidente Sánchez Cerén será “radical en las medidas a ejecutar” para garantizar que no haya emisión de señales en los centros penales.
