En territorio salvadoreño, no hay estadísticas oficiales sobre la cantidad de animales de compañía que son víctimas de violencia o abandono, según declaró la diputada de Nuevas Ideas y fundadora de Casa Roly, Ivonne Hernández.
“El tema de la protección animal, el Estado y alcaldías son nuevos nunca ha habido un registro. La mayoría de registros lo tenemos nosotros como rescatistas”, indicó la parlamentaria.
Hernández comentó que cuando estaba dedicada de lleno a la fundación, recibía un aproximado de 150 a 300 denuncias de maltrato animal todos los días a escala nacional, por lo que considera que es alta la demanda de al combate al maltrato animal.
“No solo se da en las zonas urbanas, mucha zona rural donde a veces la costumbre de ver a los animales como cualquier cosa, como cualquier aparato que puedes desechar y no importa, pero ahora la ley es específica”, señaló.
Afirmó que hay muchas violaciones de forma reiterativa en diferentes partes del país, por lo que considera que todo El Salvador tiene alta urgencia en combatir el maltrato animal.
“Realmente, el tema de maltrato animal solo nos lo habían dejado a los salvadoreños, nunca hemos contado con las herramientas para medir, registrar y archivar los datos, por eso todo queda en datos un poco al aire”, expresó.
Confesó que la mayoría de organizaciones se dedican más a “ayudar a los animalitos” que tener un registro de casos, debido a la falta de respaldos financieros de empresas privadas o gubernamentales.
Producto a este problema, la diputada entregó a los alcaldes una propuesta de ordenanza municipal para la aplicación de la Ley Especial de Protección y Bienestar Animal, que establece que las municipalidades deberán aplicar la normativa, principalmente en las sanciones por incumplimiento de la ley.
El artículo 80 de la mencionada ley, dio un plazo de 30 días a partir de su vigencia, para que las alcaldías tengan vigentes las ordenanzas municipales que regulen los procedimientos administrativos sancionatorios y otras disposiciones.
“Hoy por hoy, lo importante son las adopciones, que no existan animales abandonados en la calle; pero no como antes que les daban bocado”, manifestó.
La Ley establece que es responsabilidad de cada municipalidad la creación de la Unidad de Protección de Animales de Compañía, que será la encargada de prevenir, atender, darles seguimiento a los casos de maltrato y de tramitar el procedimiento sancionatorio, a través de su delegado Contravencional o persona delegada.
“Eso es lo primero que esta ordenanza lleva contemplado dentro de sus artículos, la construcción de la unidad, van algunas indicaciones de cómo generar alianzas y cooperaciones con algunos organismos para poder sancionar en el territorio”, dijo Hernández.
Hernández destacó que se debe iniciar con el cobro de multas por sanciones, las cuales deberán ejecutar también las alcaldías.
La ley indica que el procedimiento administrativo sancionatorio iniciará de oficio, por medio de denuncia verbal, escrita o por cualquier medio tecnológico, presentada ante la Unidad de Protección de Animales de Compañía de la municipalidad o la dependencia que cree el Instituto de Bienestar Animal (IBA).