El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, pidió perdón en nombre del Estado salvadoreño por la masacre de San Francisco Angulo perpetrada por la Fuerza Armada y grupos paramilitares en julio de 1981. En dicho operativo militar fueron asesinadas 45 personas del municipio de Tecoluca, departamento de San Vicente.
"Desde el Gobierno, en los últimos ocho años, hemos estado convencidos de que no podemos mirar hacia el futuro simplemente ignorando y dando la espalda a nuestro pasado. Sabemos que enfrentar y asumir los hechos ocurridos, dignificando a las víctimas, es parte necesaria de la reconciliación de nuestra sociedad, y por eso hemos reconocido ya la responsabilidad estatal en otros casos de graves violaciones a los derechos humanos en el contexto del conflicto armado interno, con acciones específicas para reparar de alguna manera y reconocer la memoria de las víctimas y a sus familias", dijo Martínez durante el acto.
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El pronunciamiento se da en el marco del 36 aniversario del crimen, en el que una cuadrilla de alrededor de 20 militares y paramilitares asesinó a 45 civiles. Las víctimas eran en su mayoría mujeres y niños. Sus cuerpos fueron sepultados en una fosa común.
En junio de 2005, un grupo de sobrevivientes y familiares de las víctimas solicitó la exhumación de los cuerpos y finalmente se recuperaron 30 osamentas durante las excavaciones.
En abril pasado, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) culpó al Ejército de destruir en 2015 "información relacionada a violaciones de derechos humanos" ocurridas durante la guerra, con la aprobación del Archivo General de la Nación (AGN). La institución había solicitado información sobre el operativo realizado en San Francisco Angulo, pero se determinó que dicha documentación había sido eliminada.
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Por su parte, el ministro de la Defensa, David Munguía Payés, negó que el Ejército destruyera información con "valor histórico" sobre crímenes de guerra perpetrados durante el conflicto armado.
La declaración de ilegalidad de la Ley de amnistía por parte de la Sala Constitucional en julio de 2016 ha abierto la posibilidad de que se investiguen casos emblemáticos como el de la masacre de El Mozote en 1981, y del magnicidio de monseñor Óscar Arnulfo Romero en marzo de 1980.
La guerra civil salvadoreña duró 12 años y según organismos internacionales murieron 75 mil personas, mientras que otras ocho mil fueron desaparecidas.
