Con el objetivo de blindar el bolsillo de los salvadoreños ante la creciente inestabilidad de los precios del petróleo a nivel mundial, la Asamblea Legislativa aprobó recientemente un nuevo decreto impulsado por el Ejecutivo. La medida busca regular estrictamente la cadena de distribución y comercialización de productos derivados del petróleo, incluyendo el Gas Licuado de Petróleo (GLP).
El presidente Nayib Bukele propuso esta normativa como parte de una estrategia económica para asegurar el cumplimiento de precios justos, calidad y cantidad en los combustibles distribuidos en el país. Según el documento legal, todas las personas y empresas involucradas en el proceso de comercialización de estos productos deberán apegarse a los lineamientos establecidos, o se enfrentarán a sanciones que oscilan entre los $10,000 y $100,000 por faltas administrativas. Además, algunas infracciones graves podrán ser tipificadas como delitos penales.
La necesidad de esta regulación se intensificó debido a la actual coyuntura internacional, marcada por el conflicto entre Israel e Irán, que ha generado una fuerte presión sobre los precios del petróleo en los mercados globales. Frente a este panorama, el Gobierno salvadoreño busca evitar abusos y especulación que afecten directamente a la población.
“Emitimos este decreto con el propósito de garantizar un suministro justo y equitativo, además de prevenir cualquier tipo de abuso en la cadena de distribución de los combustibles”, se detalla en el texto legislativo aprobado por los diputados.
La normativa ya está en vigor y representa un paso clave en la protección económica de los consumidores salvadoreños ante un entorno global cada vez más incierto.
