Gobierno niega enví­o de dinero a expresidente Funes

"Exhortamos a esa institución y a su titular a que actúe conforme a la ley sustentando con pruebas las aseveraciones expresadas", señala el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén.

El Gobierno salvadoreño a través de un informe oficial de la Secretarí­a de Comunicaciones de la Presidencia y distribuido este sábado en las redes sociales, rechazó rotundamente las aseguraciones que en dí­as recién pasados hiciera el fiscal general de la República, Douglas Arquí­medes Meléndez Ruiz, acerca de que el ex mandatario Mauricio Funes Cartagena, recibe dinero del Estado salvadoreño  en su asilo -en Nicaragua.

Escuetamente el comunicado aseguró que “El Gobierno rechaza rotundamente las acusaciones irresponsables realizadas por el fiscal general, respecto a supuestos enví­os de dinero del Estado al exmandatario, Mauricio Funes”.

Funes, así­ como un grupo de familiares, amigos y ex funcionarios están procesados por el delito de peculado y lavado de dineros públicos por un monto de 350 millones de dólares.

Exige el gobierno también que la Fiscalí­a General de la República (FGR) que demuestre la veracidad de la información difundida ayer por Meléndez.

“Exhortamos a esa institución y a su titular a que actúe conforme a la ley sustentando con pruebas las aseveraciones expresadas “, señala el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén.

Vea y lea comunicado del gobierno

Recientemente ante las c+amaras de TV y con indignación el fiscal  Meléndez Ruiz, manifestó que “pueblo salvadoreño, saben ustedes que el expresidente Funes sigue recibiendo dinero público de El Salvador, en Nicaragua”.

El fiscal incluso apuntó que era un oficial del ejército el que le llevaba el dinero (sin definir montos) a Funes a Nicaragua, algo que el exmandatario también desmintió.

En la actualidad la Policí­a Internacional (Interpol) proceso el pedido de captura internacional que el sistema judicial ha demandado en contra del Mauricio Funes, de dos de sus hijos mayores y su actual compañera de vida Ada Mitchelle Guzmán, que residen en Nicaragua protegidos con asilo polí­tico por el gobierno de Daniel Ortega.