La comisionada presidencial, Carolina Recinos, manifestó su descontento luego que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucionales artículos de la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia (CESC), por violar el principio de capacidad económica.
Ante esta situación, la inconformidad en que el Gobierno no pueda cobrar el impuesto a las empresas, tal como lo anunció, el pasado 6 de octubre, el presidente de la República, Nayib Bukele.
“Qué raro que ahora que estaba proyectado con las grandes empresas lo declaran inconstitucional, sin embargo, nosotros vamos a seguir trabajando y estoy segura que con ese empeño que trabaja Hacienda, con ese empeño que trabaja nuestra ministra de Economía, nuestro secretario de Comercio, todo el gabinete económico, nosotros vamos a encontrar la forma de poder obtener los recursos y satisfacer las demandas de la población”, indicó.
La Sala de lo Constitucional advirtió ayer que en lo sucesivo no se podrán emitir leyes o disposiciones que contraríen los términos de esta sentencia, es decir, que no se podrán emitir nuevas leyes o prórrogas del impuesto en mención, principalmente basadas en lo que ya se ha determinado va contra la Carta Magna.
Sin embargo, la sentencia fue en contra del impuesto a la telefonía, no contra el cobro a los grandes contribuyentes.
Recinos reiteró que el Gobierno eliminó el impuesto del proyecto de presupuesto general del Estado entregado el 30 de septiembre por el Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa.
“El presupuesto 2021 no lleva incorporada la contribución precisamente porque el presidente lo consideraba lesivo, sin embargo, esa proyección que el Presidente mismo anunció aplicársela y que el ministro de Hacienda ha estado compartiendo con diferentes medios de comunicación y en diferentes espacios en los que estaba dirigida hacia las grandes empresas por supuesto que crea en perspectiva un vacío, aunque te repito no va en el presupuesto 2021, o sea si el objetivo era golpear el presupuesto, pues yo creo que no lo hicieron bien porque no va incorporado", indicó Recinos.
El efecto no es inmediato, es decir, el cobro no se anula inmediatamente. La Sala postergó el efecto de la sentencia hasta el 5 de noviembre de 2020, fecha que coincide con el fin de la vigencia de la ley.
El CESC es un cargo del 5 % que se aplica a todos los servicios de telecomunicaciones, dispositivos tecnológicos y sus accesorios. Fue aprobada el 29 de octubre de 2015 y publicado el 5 de noviembre de 2015, con una vigencia de 5 años.
