Luego de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenara al Gobierno que tiene 10 días para explicar la legalidad del Sistema Integrado de Transporte (SITRAMSS), el vocero de la Presidencia, Eugenio Chicas, defendió el proyecto y aseguró que la demanda que enfrenta de ilegalidad no pone en riesgo su ejecución.
“En nuestro criterio no está en juego de ninguna manera un proyecto que es estratégico para la población, que ha demostrado poder estructurar un transporte bien organizado, seguro, de nueva generación. Nos parece que no es eso lo que está cuestionado”, dijo Chicas.
La Sala ordenó el pasado viernes 27 de enero que el presidente de la República rinda informe en el plazo de diez días hábiles, en el que señale con claridad los preceptos legales sobre los que se determinó la segregación de carriles en vías públicas para el uso especial del SITRAMSS.
Asimismo ordenó a la Asamblea Legislativa rendir informe en el plazo de diez días hábiles, sobre la constitucionalidad de los arts. 41 y 43 de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial sobre la diferenciación específica para la circulación vehicular y peatonal, y el control de las terminales, metas, paradas y puntos de retorno del transporte colectivo y de carga.
Además pide informe la razón por la cual se designó a un particular para la construcción de las obras necesarias para el funcionamiento de dichos carriles especiales y las terminales de llegada de los buses articulados.
De acuerdo con el vocero presidencial, en este caso lo que cuestiona o evalúa la Sala es el uso del espacio público. “El estado de los créditos, serán las autoridades pertinentes las que expliquencuál es el monto de esos créditos”, dijo.
Chicas concluyó que acatarán la orden y en el plazo establecido, entregarán los argumentos necesarios que la Sala requiere.
La orden de la Sala se da luego de que los ciudadanos Genaro Isaac Ramírez Barrera, José Arturo Barrera Rivas y Juan Pablo Álvarez, empresarios del sector del transporte colectivo, interpusieran una demanda de inconstitucionalidad del SITRAMSS argumentando su ilegalidad.
