El gobierno salvadoreño se encuentra a la espera que los diputados aprueben una extensión de la Ley de Emergencia por treinta días a partir de este jueves, para poder enfrentar la emergencia por la proliferación del COVID-19.
Ante esta situación, el secretario Privado de la Presidencia, Conan Castro, llegó al parlamento salvadoreño para presentar una propuesta para que se apruebe la ley de emergencia.
“Hoy me voy a reunir con los diputados de las diferentes fracciones y entendería que todos queremos llegar a un consenso para que El Salvador salga de la crisis en que estamos en este momento. Aquí no se trata de quien gana o pierde. De lo que se trata es que busquemos la mejor solución que le conviene al país”, aseveró.
En ese sentido, también se refirió a que este día van a escuchar las propuestas que por separado tienen los diputados del FMLN y los del partido ARENA, “algún consenso vamos a sacar de esto”.
“Tal y como lo dijimos el domingo, nuestra propuesta es la que ya se autorizó en dos ocasiones, una de ellas por treinta días y la otra por cuatro días que vence este jueves”, indicó Castro.
Agregó que el presidente Bukele se encuentra enfocado en el plan de reactivación económica, con la que buscan las mejores soluciones para el país y para la población en general.
Críticas por medidas excepcionales
Por otra parte, el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, manifestó su desacuerdo con las intenciones del gobierno central del realizar allanamientos y toques de queda ante la crisis que se registra a escala mundial por la propagación del COVID-19.
Para el parlamentario, estas acciones pueden generar temor entre la población salvadoreña, a esto agrega que al Ejecutivo “se le está pasando la mano” con la restricción de los derechos constitucionales.
"El Ejecutivo tendrá que hacer modificaciones porque en la propuesta que ellos presentan se les ha pasado un poquito la mano porque en relación a la ley de restricción de derechos, ellos viene y meten el allanamiento, el toque de queda y eso ya te encrispa un poquito porque si de hecho con tres garantías constitucionales suspendidas: libertad de tránsito, cambio de domicilio y prohibición de reunirse pacíficamente genera ya un problema, imagínate ya un decreto donde le das potestad de allanamiento y toque de queda y de hecho sin tener eso ya un policía le dispara a un ciudadano en la calle, qué puede pasar al entender el toque de queda", dijo.
A esto agregó que: "En el caso particular del allanamiento también nos genera un poquito de temor porque si de hecho ahora públicamente te meten pechadas, te ponen la bota en el cuello y te restriegan al ciudadano contra el suelo, qué no va a pasar en una vivienda donde los medios o nadie va a tener un teléfono para poder filmar una acción de esas".
Ante estos señalamientos, el secretario privado sostuvo que todas las medidas implementadas hasta el momento son de carácter preventivo y aseguró que las disposiciones en el nuevo decreto están basadas en el Código de Salud y las facultades que otorga al Ministerio de Salud (Minsal). Además, detalló que no es la primera vez que ocurrirá en el país y recordó que en el 2010 se ejecutaron acciones similares para combatir el dengue.
“Allá en el 2010, con el tema del dengue, llegaron a mi casa y no me preguntaron y solo entraron a fumigar a mi casa, pero nadie estaba hablando entonces de violaciones a derechos constitucionales. Todo el mundo tenemos claro que estamos viviendo una emergencia, estamos viviendo una pandemia y es necesario que si hay una persona con riesgo, que está enferma con COVID-19 y seguramente hemos recibido una llamada de parte de la misma familia”, sostuvo.
Aclaró que no habrá una irrupción de policías en las viviendas y reiteró que lo que se busca es identificar posibles casos de coronavirus.
“Quiero explicar, no crean que va a llegar la Policía a irrumpir su casa y va a entrar, esa no es la versión, este es un tema preventivo, estamos dando los lineamientos necesarios de cómo se va a actuar”, afirmó.
