Un tribunal de San Francisco Gotera, del departamento oriental de Morazán, comenzó este miércoles el proceso penal al que someterá a 18 jerarcas militares salvadoreños que habrían dirigido la masacre de El Mozote, una acción de exterminio en masa durante la guerra civil (1980-1992).
Todo parece indicar que un proceso como este, después de más de 30 años de ocurrido no será corto ni dejará de ser complejo; además de abonar a la polarización constante que vive El Salvador, opinan los observadores políticos locales.
Para comenzar el tribunal ha llamado a 9 de los generales y coroneles señalados como culpables; y posteriormente leerá al resto de los indiciados el contenido de las acusaciones, sobre aquel crimen de lesa humanidad que causó conmoción y estupor cuando fue descubierto por periodistas internacionales.
Entre los acusados está el exministro de la Defensa Nacional, general retirado Guillermo García, a quien Estados Unidos deportó por su involucramiento en actos graves de violaciones a los derechos humanos. También están generales y coroneles antaño considerados "intocables".
La masacre de El Mozote, localizada en la zona norte y montañosa de Morazán, tuvo lugar entre el 10 y el 12 de diciembre de 1981.
Un miembro del equipo de forenses argentinos realiza la exhumación de osamentas de víctimas de la masacre de El Mozote. Foto: Vladimir Chicas
"Cuando llegaron los soldados (a El Mozote) encontraron en el caserío, además de los moradores, a otros campesinos refugiados de las zonas circundantes. Ordenaron salir a todos de las casas y los reunieron en la plaza; los hicieron acostarse boca abajo, los registraron y les formularon preguntas sobre los guerrilleros", según detalla la investigación de la Comisión de la Verdad, auspiciada por Naciones Unidas (ONU-1993).
Y continúa: "Luego les ordenaron encerrarse en las casas hasta el día siguiente, con la indicación de que se dispararía contra cualquier persona que saliera. Los soldados permanecieron en el caserío durante la noche. El día siguiente, 11 de diciembre, en las primeras horas de la mañana los soldados volvieron a reunir a toda la población en la plaza. Separaron a los hombres de las mujeres y los niños; y los encerraron en varios grupos en la iglesia, en “el convento” y en varias casas".
"Durante la mañana procedieron, en diversos sitios, a interrogar, torturar y ejecutar a los hombres. Alrededor del mediodía fueron sacando por grupos a las mujeres, separándolas de sus hijos, y ametrallándolas. Finalmente dieron muerte a los niños", indica el informe.
Añade que "un grupo de niños que había sido encerrado en “el convento” fue ametrallado a través de las ventanas. Después de haber exterminado a toda la población, los soldados prendieron fuego a las edificaciones".
Se sabe por las investigaciones que el día 12 de diciembre los soldados masacraron también a la población de los lugares aledaños a El Mozote, cuyos cadáveres permanecieron durante casi tres semanas sin ser sepultados, algo que posteriormente hicieron algunos de los sobrevivientes.
Después de la masacre revelada hasta el 27 de enero de 1982 internacionalmente por periodistas del The Washington Post y The New York Times, organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), condenaron al Estado Salvadoreño y le exigieron enjuiciar a los responsables, pero a éstos los cubría la Amnistía General promulgada en 1993.
En junio de 2016 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) derogó la Amnistía de 1993 y es por ello que en la actualidad se procesa a los militares que han sobrevivido y que tienen responsabilidades en los nefastos hechos.
El principal jefe ejecutor de la masacre, que se comparó a la que Estados Unidos llevaba a cabo en Vietnam, fue el ya fallecido coronel Domingo Monterrosa, a quien en la actualidad la oficialidad militar aún le rinde culto.
En el inicio del proceso se citó también al exjefe de la Aviación Militar, general Juan Rafael Bustillo, implicado también en la masacre de seis sacerdotes jesuitas en 1989. El general Bustillo no llegó a la audiencia y envió a su abogado. El juez le advirtió que la cita era personal y que lo volverá a citar; de volver a ausentarse, le dará orden de arresto.
En los 12 años de guerra civil murieron casi 75.000 personas, 8.000 quedaron desaparecidas y un millón buscó refugio en el extranjero, especialmente en Estados Unidos. La guerra terminó en enero de 1992 con un acuerdo político en el que la guerrilla se convirtió en partido electoral, el ejército se depuró, se redujo y se puso bajo las órdenes del poder civil.