La Fundación Salvadoreña de Desarrollo Económico y Social (Fusades) advirtió que las inversiones sociales que se han planteado en el presupuesto para 2021 están en riesgo, debido a la sobrestimación de la carga tributaria.
Fusades, al igual que otros tanques de pensamiento como Funde o el ICEFI, advirtió desde que se presentó el anteproyecto del presupuesto de 2021, en septiembre del año pasado, que el documento presentaba una subestimación de ingresos y omisión de gastos por hasta $924.5 millones.
Esto es aún más relevante considerando los efectos causados por la emergencia del COVID-19, entre los cuales se destacan: los aumentos en desigualdad, pobreza, hambre y desempleo, quiebra de pequeños negocios, niñez con rezagos en procesos educativos, desatención a algunas enfermedades diferentes al COVID-19, discontinuidad de programas de vacunas, entre otras afectaciones.
Sin tomar en cuenta los fondos para pensiones, para el 2021 se plantea destinar cuatro de cada diez dólares del Presupuesto General de la Nación para Desarrollo Social, lo cual es consistente con la asignación promedio que se ha venido realizando durante la última década.
La mayoría de esos fondos son para áreas definidas como prioritarias para el 2021: Educación, Ciencia y Tecnología (42.8%) y Salud (33.0%).
Aunque los incrementos en inversión social son deseables, por sí mismos no constituyen una garantía. Prevalece el desafío de lograr un balance entre atender necesidades sociales y la frágil situación financiera del país. Al respecto, el Presupuesto de la Nación 2021 tiene graves distorsiones y debe rehacerse según FUSADES.
De acuerdo a la institución, hubo responsabilidades compartidas en las fallas durante el proceso presupuestario. Y es que el Ejecutivo es el encargado de elaborarlo, pero el Legislativo debe revisarlo. En este proceso, ambas instituciones descuidaron elementos relacionados con la institucionalidad, la sostenibilidad fiscal y el bienestar y desarrollo de las personas.
También se dio un incumplimiento jurídico. Ya que el presupuesto es inconstitucional ya que está desfinanciado e incumple con el principio de universalidad, el principio de equilibrio presupuestario y la sentencia de la Sala de lo Constitucional (2017). Tampoco es congruente con la Ley de Responsabilidad Fiscal.
El déficit fiscal es demasiado alto y la trayectoria de la deuda es insostenible. Además, se trata de un presupuesto expansivo en gastos que no considera el financiamiento necesario.
La aprobación de este presupuesto aumenta el riesgo país y la probabilidad de impago, lo que genera inestabilidad económica y social. No es un presupuesto para el desarrollo económico y social con inclusión. Al respecto, sobresalen cinco desafíos que ponen en duda la idoneidad de la inversión social y la eficiencia en el uso de recursos para su implementación:
Estos desafíos podrían afectar la calidad de vida de los salvadoreños, así lo aseguró la institución debido a que los límites en la disponibilidad de recursos del Estado ponen en duda la sostenibilidad de inversiones sociales. Por ejemplo, mantener el sistema actual de escalafones de salud sin revisión implica aumentos salariales anuales los cuales difícilmente podrían sostenerse dadas las condiciones financieras actuales, y, además, podrían provocar futuras reducciones en otras áreas importantes, como vacunas y medicamentos, para poder mantener dichos incrementos.
Problemáticas acentuadas por la pandemia de COVID-19, como el rezago en aprendizaje, el abandono escolar y las desigualdades en acceso a educación no son abordadas apropiadamente en el presupuesto. Otros temas que ya eran apremiantes incluso desde antes, como el desarrollo local, han sufrido una disminución en la cantidad de recursos que se les destina.
Proyectos como la inversión en computadoras para estudiantes del sistema público plantean dudas sobre su factibilidad y costo-eficiencia. No se ha tenido en cuenta, por ejemplo, el acceso a energía o internet del que disponen las personas que recibirán estos equipos. Tampoco se han evaluado las capacidades que tanto docentes como estudiantes tienen para efectivamente sacar provecho de estas herramientas en un contexto educativo.
La dispersión de recursos entre diferentes instancias que abordan el tema de desarrollo local (FISDL, ISDEM, Ministerio de Desarrollo Local, Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial) duplica gastos administrativos que consumen fondos que podrían aprovecharse más en inversiones en terreno.
El desconocimiento público de planes que sustentan la inversión social, como el Plan de Desarrollo Social, el Plan de Educación y el Plan Nacional de Salud; hacen que se desconozcan los objetivos de los proyectos que se realicen, si estos realmente contribuyen a su consecución o si existen mejores maneras de lograr los resultados que se persiguen.
Una de las recomendaciones que brindó FUSADES es fomentar un diálogo constructivo entre el Órgano Ejecutivo y Legislativo para rehacer un presupuesto que cumpla con la Constitución, respete la jurisprudencia y promueva el desarrollo del país y la mejora de la calidad de vida de los salvadoreños.
También, priorizar una política social, centrada en las personas, que brinde igual importancia a la protección social, las políticas sectoriales y las medidas de promoción social y definir planes y estrategias nacionales con delimitación clara de su alcance y los roles de las instituciones involucradas.
Establecer prioridades para hacer un uso eficiente de los recursos limitados y realizar evaluaciones de prefactibilidad técnica y financiera de las políticas sociales que se deseen implementar.
Definir criterios técnicos para la entrega de beneficios sociales a fin de evitar ineficiencias o clientelismos políticos y así, fortalecer las capacidades de ejecución de las instituciones públicas.
Exigir transparencia, rendición de cuentas y conocimiento de la planificación estratégica de la inversión social y Garantizar el acceso a información pública relacionada con la inversión social.
