La Fiscalía General de El Salvador (FGR) aseguró hoy que está anuente a la decisión de un tribunal de esta capital de reabrir el caso del asesinato del Arzobispo Oscar Arnulfo Romero, el 24 de marzo de 1980, de acuerdo al vocero oficial de la institución Salvador Martínez.
Romero, beato de la Iglesia Católica desde mayo de 2015, fue asesinato por un francotirador de un balazo al corazón. Tenía 62 años de edad y sus adversarios de la extrema derecha salvadoreño lo acusaban de "cura comunista" por denunciar frecuentemente las violaciones a los derechos humanos.
Martínez, en declaraciones a DPA, aseguró que por medio de un escrito presentado al juez Cuarto de Instrucción de San Salvador, Rigoberto Chicas, "la FGR acompañará las diligencias para la reapertura del proceso como homicidio agravado contra el ahora beato Oscar Arnulfo Romero".
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En la investigación de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas (ONU), de 1993, de concluye que el Mayor Roberto D´Aubuisson ordenó a los capitanes Álvaro Saravia y a Eduardo Ávila ejecutar el asesinato, en el que estuvieron involucrados otras personas como Mario Romero, Fernando Sagrera, Héctor Antonio Regalado, Amado Antonio Garay y Walter Antonio Álvarez. Todos ellos presuntamente están vivos con excepción de D´Aubuisson, quien falleció de cáncer en 1993.
El prelado Romero, que en la actualidad está sometido a un proceso de canonización por el Vaticano, fue baleado cuando ofrecía una misa en la capilla del Hospital de la Divina Providencia (para cancerosos en estado terminal) el 24 de marzo de 1980. Más de 30 sacerdotes y pastores fueron asesinados en la guerra civil (1980-1992).
El vocero de la FGR explicó que si el juez determina que hay que investigar y procesar a otras personas, incluyendo al Capitán Álvaro Saravia, la fiscalía actuará conforme la ley vigente como organismo que tiene la exclusividad de la investigación penal.
Saravia resultó ser el único imputado en la causa penal; en la actualidad no se conoce de su paradero. El jueves el juez Chicas anuló el decreto de sobreseimiento a favor de Saravia, beneficiado por la Amnistía de 1993, misma que fue anulada en julio de 2016.
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Finalmente Martínez puntualizó que si existieran denuncias contra nuevos imputados, igualmente serían admitidas para ser procesadas e investigadas.
Organismos de derechos humanos de El Salvador han urgido a la FGR reiniciar el juicio y llegar a la verdad sobre el asesinato de Romero, el cual lleva 37 años de impunidad. En la guerra civil murieron 75.000 personas, 8.000 desaparecieron y un millón de salvadoreños se refugiaron en otros países, especialmente en Estados Unidos. La Amnistía General de 1993 benefició a militares y guerrilleros que son señalados como criminales de guerra y de lesa humanidad.
Estos organismos, como Tutela Legal "María Julia Hernández", exigen investigar a todos los que confabularon en el asesinato de Romero, dado que en el informe de la Comisión de la Verdad, también se señala que escuadrones de la muerte de ultraderecha eran financiados por poderosos grupos económicos.
