El fiscal general de la República, Douglas Meléndez se mostró este martes a favor de la continuidad de las medidas extraordinarias de seguridad que mantiene el gobierno en centros penales, pero señaló que deben revisarse en vista del deterioro de la salud y del grave hacinamiento carcelario que ya ha sido denunciado por organismos internacionales como las Naciones Unidas (ONU).
“Las últimas requisas en los centros penales no se han encontrado mayores ilícitos. Creemos que debe revisarse el hacinamiento de cárceles en Medidas Extraordinarias”, dijo Meléndez.
El funcionario expresó además que debe revisarse la situación de salud de los privados de libertad, pues en 2017 se intensificaron las enfermedades de los reos, reportando en ese año 64 muertes por diversas complicaciones de salud en centros penales.
No obstante, Meléndez reconoció el logro de dichas medidas, sobre todo en la disminución de delitos ordenandos desde los centros carcelarios del país con el régimen de medidas.
“Hemos visto que la pandilla busca otras alternativas para comunicarse; con Medidas Extraordinarias se ha reducido la comunicación en un 97 por ciento” manifestó el fiscal.
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Meléndez llegó este martes al seno de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, para emitir su opinión sobre dichas medidas, que el gobierno salvadoreño urge sean aprobadas por un año más, pues vencen el 30 de abril de este año.
A dicha comisión también llegó el ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, quien de manera optimista, espera que una vez las medidas ya no sean necesarias, la situación en centros penales mejore.
“Lo que buscamos con esta prórroga es que una vez se levanten las restricciones, se pueda contar con la capacidad de no volver a la situación en la que se encontró el sistema penitenciario”, afirmó Ramírez Landaverde, durante su intervención.
Agregó que la prórroga permitiría el corte definitivo de las señales telefónicas, habilitación de dos centros de detención menor, reconstrucción de sectores en Ciudad Barrios, visita controlada a través de sistema informático y 75 nuevas salas de audiencias virtuales.
Asimismo, se presentó también la procuradora para la defensa de los derechos humanos, Raquel Caballero de Guevara, quien puso el dedo en la llaga y señaló que se deben tomar en cuenta la atención a las víctimas del desplazamiento forzado, y la depuración de elementos de seguridad por los graves señalamientos de ejecuciones extrajudiciales.
“A dos años de las medidas extraordinarias se debe tener una política criminal integral que atienda a víctimas del desplazamiento forzado y también se aborde la depuración policial y dignificación de los buenos elementos”, dijo la procuradora de Guevara.
Además, reconoció la importancia del combate a la delincuencia, pero también considera oportuna la reflexión sobre el impacto de las medidas y su revisión.
Un informe presentado el pasado 5 de febrero por Agnes Callamard, relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias arbitrarias, se suma a la lista de informes de organismos de derechos humanos internacionales que exhortan al gobierno salvadoreño a cesar las medidas extraordinarias de seguridad en centros penales por considerarlas “inhumanas”.
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No obstante, tanto el gobierno como la Asamblea Legislativa, han diferido de las conclusiones de la ONU sobre dicho plan de seguridad, y expresan que lo mantendrán porque obedece a las necesidades reales y permanentes de la población sobre seguridad pública.
Entre los centros de reclusión que se mantienen con medidas extraordinarias están: Chalatenango, Ciudad Barrios, San Francisco Gotera, Izalco, Quezaltepeque y Zacatecoluca.