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sábado, 23 de octubre del 2021

FGR pide que caso Sigfrido Reyes pase a instrucción por delitos de corrupción

La Fiscalía General de la República (FGR) busca que se decrete cárcel para todos los procesados por existir peligro de fuga. Se espera que la audiencia sea programada para el domingo.

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El juzgado Onceavo de Paz recibió la acusación formal en  contra una estructura delincuencial que es liderada por el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, que es señalada de los delitos de lavado de dinero, peculado y estafa agravada.

En el documento, la Fiscalía General de la República (FGR) solicita al juez que el caso pase a la etapa de instrucción y que decrete cárcel para todos los procesados por existir peligro de fuga. Se espera que la audiencia sea programada para el domingo

Anteriormente, el fiscal general de la República, Raúl Melara, informó que el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y su estructura realizaron estos actos desde 2006 a 2015, periodo en el cual estuvo laborando en este Órgano de Estado.

Melara indicó que esta red, le permitió a Reyes malversar una cantidad de $6 millones y cometer una serie de irregularidades de en el Parlamento  Salvadoreño.

LEA TAMBIÉN: Expresidente de Asamblea huye a Rusia, tras orden de captura por actos de corrupción

El fiscal explicó que en total son 14 las personas implicadas en este caso, de las cuales cuatro se encuentran huyendo de la justicia  y 10 ya están tras las rejas.

Entre los prófugos están Reyes, su hermano Earle René Reyes Morales, su socio Byron Larrazábal y Karla Beatriz Recinos Ramírez, quien era colaboradora administrativa de la Asamblea Legislativa.

Mientras que entre los capturados se encuentran: Manuel Antonio Bercián Castro, quien es hijo de Asmel Arturo Bercián Rivera, quien fuese un exmilitar y miembro del cartel de Los Lucianos, este último falleció el año pasado.

Además, Bercián Castro es hermano de Moris Alexander Bercián, alias "El Barney", cabecilla  de la Mara Salvatrucha (MS-13) quien se encuentra prófugo y ha sido incluido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en la lista de criminales transnacionales.

También fue arrestada la esposa de Reyes, Susi Melba Guadalupe Rodríguez Hernández, por supuestamente mover dinero, ordenarlo y guardarlo en cuentas bancarias.

Entre el resto de detenidos se encuentran tres empleados del Instituto Salvadoreño de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) René Antonio Díaz Argueta, Delmy Beatriz Vela Jiménez y Jenny Elibeth Guadalupe Medina.  De igual forma, fue arrestada Sonia Inés Morales Rivas, conyugue de Byron Enrique Larrazábal Arévalo -socio de Reyes- y el hijo de ellos, Kevin Mauricio Larrazábal Morales. También están los empleados de la Corte de Cuentas de la República (CCR): Noemi Candelaria Rodríguez, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz de Reyes.

"Estas personas conformaron una estructura criminal que movió alrededor de $6 millones en operaciones Ilícitas", dijo el fiscal.

En este sentido, destacó el trabajo del Ministerio Público en coordinación de la Policía Nacional Civil (PNC), esto por el amplio operativo que permitió dar con la captura de la mayoría de los implicados.

Por otra parte, el director contra Sección contra la Corrupción e Impunidad de la FGR, German Arriaza, sostuvo que entre los abusos que hacía Reyes, encontraron la autorización de viáticos para sí mismo aprovechando su cargo como presidente de la Asamblea.

En este sentido, explico que se trató de una alteración del sistema de viáticos en la institución durante su presidencia, con lo cual se benefició con $106 mil.

“Modificó el reglamento interno lo que permitía que él mismo se autorizará los viáticos. Si la misión era de 3 días se quedaba 10 días y cobraba los 10 días de viáticos", detalló.

Antes de este revuelo, el exfuncionario –quien habría huido a Rusia desde noviembre de 2019- era investigado por el caso de enriquecimiento ilícito.

Este proceso surge luego que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ordenara el 30 de julio de 2019 un juicio civil contra el exdiputado por indicios de enriquecimiento ilícito en el patrimonio que presentó mientras fungió como diputado entre 2006 y 2015.

A principios de julio del año pasado, la Corte Plena retomó el estudio del expediente del exdiputado Reyes  para indagar si durante su gestión en la Asamblea Legislativa había cometido enriquecimiento ilícito.

En el 2006, las declaraciones patrimoniales que detalló Reyes reflejaban que tenía un patrimonio de $108 mil 800. Al término de tres legislaturas ya había incrementado  a $628 mil 088. El patrimonio líquido de la familia de Reyes también creció de $218,065.11 en 2006 a $416,967.67 en abril de 2015.

En mayo de 2018, la entonces Comisión de Ética y Probidad concluyó el examen sobre el análisis patrimonial a Sigfrido Reyes, para que fuera del conocimiento de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Reyes también fue expresidente del Organismo Promotor de las Exportaciones  y las inversiones de El Salvador (PROESA).

Anteriormente el presidente Nayib Bukele acusó al FMLN de querer evitar el juicio de Reyes debido a que presionaba a la Corte Suprema de Justicia.

El exdiputado Reyes siempre trató de dilatar la investigación de Probidad. En noviembre de 2017 pidió 120 días adicionales a los diez que le había dado Probidad para que presentara las pruebas de descargo.

Lo cierto es que el efemelenista siempre estuvo en la mira, luego que sus declaraciones patrimoniales al término de su legislatura dieran cuenta de un aumento de $717 mil 065.

A pesar de ello, Reyes siempre sostuvo que el origen del dinero era producto de sus ahorros personales.

A estos cargos se le sumaron, un informe de la Corte de Cuentas de la República (CCR) que señala que el exdiputado de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, se habría beneficiado con la compra de terrenos de un instituto de pensiones del Ejército.

De acuerdo al titular del Ministerio Público, reporte de la CCR es producto a una investigación en la cual detectaron que en febrero de 2014, el IPSFA hizo una rebaja de $105,348.86 al precio total de cinco lotes que le vendió al efemelenista y a su asesor legislativo Byron Enrique Larrazábal.

"Es un insumo más en la investigación que estamos llevando a cabo por enriquecimiento ilícito También se están evaluando otras series de evidencias y de documentos que nos van a permitir presentar un caso (ante tribunales) en el momento determinado", acotó Melara días atrás.

FMLN asegura que el caso es una persecución política

Por su parte, la Comisión Política del FMLN expresó su condena ante la supuesta persecución política por uno de sus líderes históricos

“Este caso se encuadra claramente en lo que se conoce en el mundo como judicialización de la política, que ya se ha utilizado en repetidas circunstancias contra las fuerzas de izquierda en nuestro continente. Se persigue sin pruebas, se vulneran derechos, se condena mediáticamente buscando la muerte política de los opositores”, señaló el partido rojo mediante un comunicado.

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Asimismo, reprocharon el actuar de las autoridades en contra de la compañera de vida de Reyes, por lo que exigieron respeto.

Ante estas quejas, el fiscal se mostró indignado ya que aseguran que cuentan con las pruebas suficientes de que Reyes cometió el delito.

“Es indignante para todos los salvadoreños decir que, con estas capturas, se han violentado derechos humanos cuando la gente no ha tenido medicinas en hospitales, escuelas en buen estado o igualdad de oportunidades laborales”, reiteró y descartó que haya una filtración de información para que el político fuera alertado de la medida.

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Redacción ContraPunto
Nota de la Redacción de Diario Digital ContraPunto
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